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Los dilemas de la oposición

La necesidad del oficialismo de legitimarse es el espacio y oportunidad de la oposición.

Los partidos de oposición tienen que evitar una reforma “santificada” como acuerdo de cúpulas y buscar una reforma que exprese un nivel de conciencia y movilización ciudadanas.

Es más que evidente que en la llamada oposición política, son más las diferencias que las coincidencias de visión, tradición y prácticas políticas. ¿Qué pueden tener en común el PRM, PRSC, PQD, FNP y la APD y AlPaís? Por eso, cuando se produce una actuación concertada entre partidos tan disímiles, es deber del liderazgo, consciente de sus responsabilidades, establecer con toda claridad sus límites a fin de no crear falsas expectativas en la ciudadanía y evitar se deriven nuevos fracasos y frustraciones.

El desastroso proceso electoral del pasado 15 de mayo, en donde el partido y candidato oficiales se impusieron en base al control de los órganos electorales, el uso masivo de los recursos públicos, el trastrueque de los resultados en los colegios electorales y la compra de votos, ha llevado a los partidos de la oposición a identificar la lucha por la reforma política electoral como la cuestión vital para su propia existencia en el futuro inmediato, convirtiéndola en una demanda común que posibilita la unidad de acción entre ellos. Lo característico de este tipo de unidad es que el énfasis va puesto en la coincidencia en la demanda o reivindicación y no tanto en la identidad política-ideológica de los actores que la impulsan.

Las posibilidades de los partidos de la oposición de cambiar las actuales reglas de participación política, completamente favorables al todo poderoso Partido-Estado dependen, en primer lugar, de si son capaces de constituirse en un bloque opositor unificado en una misma propuesta de reforma político electoral y sin dejar espacio para la incoherencia y el oportunismo político. El oficialismo buscará, como tantas veces hizo, dividir o comprar la oposición; poner a las partes integrantes a enfrentarse entre sí; hacer pequeñas concesiones; tentar debilidades conocidas con oferta de cargos para, al final, presentar ante la opinión pública, cualquier mamotreto resultante como la reforma política electoral, por demás legitimada por la oposición.

La reforma político electoral se presenta como un “paquete” que comprende, entre otras, una ley de partidos, la modificación de la actual ley electoral, la elección por el Senado de los integrantes de la JCE y la Cámara de Cuentas y, por el Consejo Nacional de la Magistratura, los jueces del TSE.

Es necesario separar la paja del grano. La oposición tiene que concentrarse en lo principal y evitar quedar atrapada en los fuegos artificiales y de distracción que propiciará el oficialismo.

Lo esencial es garantizar la legalidad, la transparencia y la equidad en el proceso electoral y colocar verdaderos límites para impedir el uso de los recursos del Estado a favor del partido y candidato oficiales. Todo esto finalmente se concreta en la elección de árbitros independientes de los partidos políticos, capaces, honestos y de verdadera trayectoria democrática.

Los partidos de oposición si en algo no pueden ceder es en esta última cuestión. En un país como el nuestro, sin instituciones y sin respeto de la legalidad, es preferible, un millón de veces, un proceso electoral dirigido por árbitros confiables aunque se mantengan las leyes actuales, que ir a un proceso electoral con una nueva legislación electoral dirigido por árbitros bajo el control del oficialismo.

No hay dudas que la lucha por la reforma política electoral se desarrollará como juego de poder. El oficialismo no necesita de los partidos de oposición para aprobar sus leyes electorales ni para nombrar en los órganos electorales a políticos leales. Si así lo hiciera sabe que el próximo proceso electoral estará afectado de ilegitimidad y eso no favorece al proyecto reeleccionista/continuista que encabeza Danilo Medina.

La necesidad del oficialismo de legitimarse es el espacio y oportunidad de la oposición. Por eso, la oposición, actuando como bloque, con determinación y coherencia, tiene que ir a la ciudadanía y unificar a la opinión publica en la demanda y exigencia de elecciones limpias para el 2020 y centrar su discurso en que la garantía para ello son órganos electorales y cámara de cuentas independientes y confiables. Si con la acción de la oposición se logra que la ciudadanía, comprendiendo lo que está en juego, haga suya la reforma político electoral y se moviliza, entonces de poco le servirá al partido Estado su control sobre el Congreso.

Los partidos de oposición tienen que evitar una reforma “santificada” como acuerdo de cúpulas y buscar una reforma que exprese un nivel de conciencia y movilización ciudadanas. La primera sabemos que será letra muerta y la segunda es la que nos llevará a un nuevo estadio de desarrollo democrático.

Si el oficialismo, ciego de poder como está, se aventura e impone sus leyes de reforma, e integra los órganos electorales con mayorías de adeptos políticos, pondrá a los partidos de oposición a tomar una decisión crucial para el futuro político inmediato: participar y legitimar el seguro fraude del 2020 o no participar y buscar vías distintas de movilización democrática para detener la dictadura de partido y el proyecto continuista que encabeza Danilo Medina.

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