Esta semana, el caso de Odebrecht dio un giro importante. Primero, la revelación de Félix “Felucho” Jiménez, miembro del Comité Político del PLD, quien dijo haber advertido a ese alto organismo “sobre las sobrevaluaciones de la mayoría de las obras de Odebrecht.” Luego sobrevino la respuesta de Reinaldo Pared, quien refirió que Felucho lo que estaba interesado era en que la carretera El Coral se trazara por otra ruta “por intereses personales”. Por último están las declaraciones de Euclides Sánchez, senador de la Vega, quien narró que hace 5 años le dijo a Temístocles Montás, miembro del Comité Político, que “tenía que ponerle caso a lo que está pasando con Odebrecht. Esto va a explotar, y no va a ser chiquito...”

Lo que esto significa es que en el caso de Odebrecht, no estamos ante sobornos y sobrevaluaciones desarrollados marginalmente por un funcionario en connivencia con esta empresa delincuente. Lo que se revela es una estructura mafiosa que delibera y toma decisiones desde la instancia política, para ser ejecutadas desde los órganos del Estado, todos éstos bajo el control del Comité Político, o siendo más realista, del Presidente de la República.

Como es conocido, las reuniones del Comité Político cuentan con la presencia del Presidente de la República, lo que significa que a partir de estos testimonios ninguno de ellos puede alegar ignorancia sobre los sobornos y sobrevaluaciones de las obras de Odebrecht, señalados en el seno de ese organismo. Pero hay más, al Comité Político pertenecen los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, quienes, conscientes de los sobornos y sobrevaluaciones, bajaron las líneas a sus respectivas bancadas para la aprobación de esos contratos, sus préstamos y addendas.

Es decir, en el caso de los sobornos, sobrevaluaciones y financiación ilícita de las campañas electorales por parte de Odebrecht, estamos ante un caso de corrupción estructural que involucra no sólo representantes y funcionarios del Estado, sino que también, por comisión u omisión, a los miembros del principal órgano político del PLD.

Si el Procurador estuviera haciendo una investigación seria, apegada a la Ley e independiente, a esta hora ya debería tener preparados los requerimientos para incluir en la investigación penal del caso de Odebrecht, a todos los miembros del Comité Político del PLD.

Sabemos que este Procurador no lo hará, y que tiene el mandato de su jefe político de negociar con Odebrecht un acuerdo de impunidad. Ni por asomo incluirá en la investigación penal a Danilo Medina, a pesar de los graves hechos y evidencias que lo vinculan, ni realizará las auditorías técnicas y financieras de las obras construidas por Odebrecht para reclamar el monto de las sobrevaluaciones, ni incluirá en la investigación a Punta Catalina que es el principal cuerpo del delito de este expediente penal. Tampoco se atreve a actuar la Oficina de Contratación Pública, a pesar de que la Ley 340-06 sobre contrataciones dispone la rescisión del contrato y la inhabilitación a toda empresa que, como Odebrecht, haya incurrido en prácticas corruptas.

Nunca como ahora se hace evidente que el PLD es una corporación económica, cuyo consejo de administración es su Comité Político, que tiene como fuente de acumulación el presupuesto nacional, las inversiones y negocios del Estado, los bienes del patrimonio público, los préstamos internacionales, los recursos naturales del país. Esta corporación, para resguardar lo obtenido por medios ilícitos, necesita garantizarle impunidad a sus dirigentes. Por eso, el PLD, pasó de “partido oficial” a “Partido Estado”. Esta última condición se alcanza cuando los poderes del Estado quedan sometidos a los dictados del partido, borrando la frontera entre los intereses públicos y los del partido. Por eso, en los hechos, la instancia de poder más importante del país es el Comité Político, que viene a ser un “suprapoder”, colocado por encima de la Constitución y que unifica y subsume en él a todos los poderes del Estado.

Es evidente que el gobierno de Danilo Medina, en el expediente Odebrecht no puede hacer, como en ningún otro caso importante de corrupción, una correcta investigación penal, ni aplicarle el rigor de la ley a los involucrados pues ello llevaría a la cárcel a las principales figuras políticas dentro y fuera de su gobierno. Una vez más se les está buscando garantizarles impunidad. Para eso tienen a “su” Procurador, a “su” Suprema Corte de Justicia y a “su” Congreso, en este último caso para evitar cualquier intento de Juicio Político.

Visto así, parecería que estamos atrapados. Por eso, tenemos que construir una salida ante esta situación grave que padece la nación. Para ello tenemos que unir todas nuestras voces. Estimular que surjan mil y una iniciativas. No parar de movilizar a la ciudadanía y a los sectores populares. Y sobre todo: trabajar para que se haga conciencia que la salida es política; que se hace imprescindible sacar al partido Estado del poder, desde una plataforma que exprese la convicción y determinación de desmontar el modelo político que lo posibilitó y lo sostiene.

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