Más allá del crimen y el castigo

“Una de las pruebas más básicas del modelo del crimen de Becker se relaciona con el grado de reacción del crimen ante la severidad de las sanciones criminales. Durante las más recientes décadas, una literatura ha surgido para documentar la sensibilidad del crimen frente a varios esquemas de sentencias, mejora de la sentencia, políticas de clemencia, la ley de los «three strikes», y otras acciones legislativas que cambian el costo esperado de una sanción criminal. Una correspondiente literatura mide el grado de reacción del crimen al tamaño poblacional de la prisión.” Aaron Chalfin and Justin McCrary, Journal of Economic Literature, marzo 2017

Ha pasado más de una década desde que el programa Barrio Seguro fue instaurado como una respuesta a la creciente criminalidad en el Gran Santo Domingo y, particularmente, en los barrios marginados; el programa se expandiría, luego, a otras zonas en la geografía nacional. Unos años después, Barrio Seguro caía por el peso de su fracaso. En 2013 un nuevo programa denominado Vivir Tranquilo sustituyó a Barrio Seguro, pero con la misma suerte. En los últimos cuatro años se han utilizado más de RD$30,000 millones en los programas de seguridad ciudadana a través de la Policía Nacional. Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos presupuestarios la inseguridad ciudadana es consistentemente colocada como una de las grandes preocupaciones de los dominicanos.

Desde el importante aporte de Becker (Crimen y castigo: una aproximación económica, 1968), la literatura económica ha tratado de entender o modelar la conducta criminal de los individuos, aunque de acuerdo con Chalfin y McCrary (JEL, 2017) este interés ya estaba reflejado en los trabajos pioneros de Adam Smith (1776), Jeremy Bentham (1789), y Cesare Beccaria (1764). Pero, se reconoce que el citado ensayo de Becker constituyó el punto de partida que en términos contemporáneos abrió las puertas a una amplia literatura interesada en interpretar la criminalidad desde una perspectiva económica. Esto no significa, por demás, que la conducta criminal -en la que se incluye una amplia gama de delitos- obedece a factores exclusivamente económicos; por el contrario, factores psicológicos o sociales -entre otros- juegan un rol clave a la hora de explicar por qué los individuos cometen una serie de actos reñidos con la ley.

En el modelo de Becker -destacan Chalfin y McCrary- se tipifica a un individuo que racionalmente toma la decisión de delinquir basado en factores como la inversión social en la policía y en prisiones, así como en las oportunidades que ofrece el mercado laboral; todo lo cual genera una estructura de incentivos que determina la cantidad o la oferta de delitos en una sociedad. Por tanto, mientras mayor sea la inversión en la policía y en prisiones, y mejores sean las oportunidades laborales es más costoso para el individuo dedicar su tiempo a la criminalidad. En términos económicos, el individuo tiene una función de utilidad en la que el crimen o el delito puede ser una fuente de satisfacción; lo cual solo es posible cuando el beneficio de la conducta ilegal es superior a los costos percibidos por el individuo. Dicho de otra forma, el crimen o delito ocurrirá si la utilidad esperada de cometerlo es mayor que la utilidad esperada por no cometerlo.

Luego del trabajo de Becker, la literatura económica se focalizó -de acuerdo con Chalfin y McCrary- en tres corrientes empíricas que han tratado de probar los vínculos de la criminalidad con la capacidad policial, por un lado; con la severidad de la sanción, por el otro; y con las oportunidades del mercado laboral, con el propósito de determinar hasta qué grado el crimen puede ser erradicado a través de «incentivos positivos», en lugar del tradicional enfoque del castigo. Naturalmente que esto va a depender de la percepción que los individuos se formen a partir de la amenaza real que para ellos representa el sistema de sanciones.

Como siempre, los resultados empíricos hay que matizarlos; pero en general, mayores recursos para la policía están asociados con una reducción de los asesinatos, atracos, y robos de vehículos. No obstante, una cosa es que ambas variables estén asociadas o correlacionadas, y otra es que haya causalidad entre ellas. Los análisis econométricos sugieren que no existe una estrecha causalidad entre el crimen y la capacidad de intervención de la policía. Adicionalmente, los estudios que analizan la reacción de la criminalidad –siguiendo igualmente los planteamientos de Chalfin y McCrary- frente a la severidad de la sanción muestran cierto efecto positivo en la reducción de los niveles de criminalidad. En cuanto al impacto de las oportunidades en el mercado laboral, se aprecia que también tienen un efecto positivo en la reducción de las acciones criminales.

Estos resultados son alcanzados utilizando datos de la realidad norteamericana; extrapolarlos al caso dominicano requeriría de consideraciones muy particulares a nuestra realidad. Por ejemplo, ya hemos resaltado la gran cantidad de recursos que en los últimos años han sido utilizados para el programa de seguridad ciudadana sin que se aprecien avances importantes; por el contrario, parece que retrocedemos en el tema, de acuerdo con la percepción de la ciudadanía. Asimismo, algunos mecanismos legales de sanción se han hecho más severos, y se afirma que en los últimos años se han creado más de 400,000 empleos netos; todo lo cual ha ocurrido sin efectos visibles en la reducción de la criminalidad.

A diferencia con la sociedad norteamericana, los altos niveles de impunidad en nuestra sociedad, patrocinados desde el poder político, crean un terreno fértil para que los potenciales criminales perciban que en la realidad no existe un sistema de sanciones y que, en consecuencia, la actividad criminal sea vista como una actividad lucrativa y de bajo riesgo. Una fórmula ideal para su generalización.

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Pedro Silverio Alvarez