Motores, requisas y seguridad ciudadana

Que suceda una vez, es casualidad; que ocurra de nuevo, mala suerte; que vuelva a repetirse día tras día, semana a semana, es imperdonable.

Si hay un factor común en gran parte de los atracos que se cometen, es el de que participan dos personas que se movilizan en un motor. Uno conduce mientras el otro se desmonta, amenaza con un arma, despoja al ciudadano, y si así se le antoja dispara con instinto criminal, sin que medie un sí o un no, con desprecio salvaje hacia la vida humana.

En ocasiones lo hacen por arrebatar un celular o una cartera. Otras por aburrimiento. Las más de las veces porque la impunidad con que se mueven les ha hecho creer que están por encima del bien y del mal, y quieren desahogar sus odios remotos, imponer su inquina y sello a una sociedad mansa, tolerante, paralizada y sin capacidad de reacción.

En algún momento habrá que enarbolar la bandera del basta ya, cortar de raíz ese flagelo. ¿Por qué y para qué esperar? Hay que hacerlo ahora, no después. Se han perdido demasiadas vidas.

La solución parece simple. Pero aún si fuere compleja, habría que abordarla.

Lo ideal sería que se contara con cuerpos de inteligencia investigativa capaces de prevenir estos delitos, pero por alguna razón no han podido frenar la ola de delincuencia. Y en lo que estos organismos se fortalecen, es necesario adoptar otras disposiciones.

Si el factor común en los asaltos son los motores tripulados por más de una persona, en los que se asocian dos delincuentes, uno conduce y el otro ejecuta el asalto con la ventaja de la movilidad, rapidez y factor sorpresa, entonces lo apropiado sería prohibir que en los motores circule más de una persona.

Se dirá que si no hubiera tantas armas, la mortalidad sería más baja. Pero las hay, casi siempre ilegales.

El planteamiento es que se prohiba la circulación de motores que transporten una o más personas, distintas al conductor, so pena de embargo del vehículo y cárcel. O sea, que sólo pueda circular el conductor. Y que además se hagan requisas permanentes las 24 horas del día a los motoristas, en busca de armas ilegales. Requisas no temporales, ni avisadas, ni parciales.

Bien se sabe que existe un problema social de transporte, y que los motores lo alivian. Pero están creando otro peor, el de los asaltos que se cometen valiéndose del uso de estos aparatos mecánicos.

Para atenuar el impacto que la medida propuesta ocasionaría a quienes utilizan estos vehículos como medio de desplazamiento, el Estado debería terminar de organizar el transporte en las grandes ciudades. E invertir lo que deba invertir y regular lo que amerita que sea regulado, sin que le tiemble el pulso.

Y en las pequeñas localidades podría subsidiar la adquisición de aparatos remolcados por motores, carromatos por llamarles de alguna manera, con capacidad para uno o dos pasajeros, que por su configuración y tamaño difícilmente puedan ser utilizados para cometer delitos.

Esas cuatro medidas adoptadas en conjunto (prohibición de circulación de dos o más personas en motores, reorganización integral del transporte, carromatos, y requisa permanente de armas), reducirían notablemente el número de atracos y muertes por asalto.

Otro factor común que mantiene a la población con el ánimo decaído es la sensación de impunidad que se percibe. Mucha gente ha llegado a la conclusión de que se puede cometer cualquier delito en la seguridad de que no se irá a la cárcel o se pasará poco tiempo entre rejas.

La solución consistiría en endurecer más las penas, crear condiciones para que los tribunales sean más estrictos, y garantizar el cumplimiento cabal de las condenas por hechos violentos de sangre, sin atenuante alguno.

Lo cierto es que hay miedo en la población. Pánico de ser atracados. Y eso sucede en un país en que hasta hace relativamente poco era un encanto transitar por sus calles.

La pregunta obligada es qué paraliza a las autoridades para resolver un problema que angustia a la familia dominicana.

Y la respuesta, por increíble que fuere, parecería ser la de que tratan de eludir el desgaste político de organizar un sistema de transporte funcional, y de prohibir o regular con drasticidad la circulación de más de una persona en los motores.

Pero, caramba, ¿con cuál propósito? Quizás el de siempre: no perjudicar los intereses de los que queman gomas y paralizan calles y pueblos.

Y, escúchenlo bien, no hay mayor agravio para la sociedad que la pérdida de vidas que han estado ocurriendo. Y eso también puede y está convirtiéndose en un costo político.

Es posible que existan soluciones diferentes y más efectivas que las que se proponen en este artículo. Si fuere así, bienvenidas sean y que las pongan en práctica a la brevedad posible.

Este país necesita con urgencia que se restaure la seguridad ciudadana. Y que no se escatimen esfuerzos ni recursos para lograrlo. En esa cruzada las autoridades pueden contar de antemano con el apoyo y reconocimiento de todos.

Eduardo García Michel