Odebrecht y el dilema del prisionero

Quizá ese es el problema con la saga/fuga de Odebrecht aunque en otros países todo está muy claro. Lost in translation, que dicen los que van al cine... Quizá en Brasil se dice soborno a lo que aquí se le llama comisión y al beneficiario/intermediario del delito se le nombra representante comercial. Quizá no nos estamos entendiendo y de ahí la suspicacia. (...) Lo que está claro es que no podemos aspirar a encontrar en los contratos el epígrafe “Sobornos. Cantidades y destinatarios.” Pero no hay que buscar mucho porque la investigación está hecha. Inés Aizpun, Diario Libre, enero 14, 2017

En mi artículo del viernes pasado planteaba que los reclamos que el gobierno dominicano debe hacer a la empresa Odebrecht no deben limitarse a la suma que corresponde a los sobornos recibidos por los funcionarios dominicanos –USD92 millones-; ni siquiera deben limitarse a la suma de los sobornos y los beneficios que esos sobornos generaron a la empresa brasileña –USD163 millones. No, los reclamos deben ser superiores a los USD255 millones que suman ambas cantidades. La lógica es bastante sencilla. Si un hecho delictivo se repara devolviendo el equivalente a la cantidad robada, no hay ningún riesgo en sostener prácticas corruptas, pues el problema se resuelve devolviendo las sumas envueltas en la operación, y se convertiría, de paso, en un incentivo perverso. Asimismo, el daño causado a la sociedad a través del deterioro institucional es mayor que las sumas monetarias con las que se sobornaron a funcionarios que debieron defender en interés colectivo.

Es en este contexto que hemos planteado una reparación económica dentro de un rango de USD459 a USD918 millones, tomando como base la negociación de Odebrecht con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El valor inferior -USD459 millones- se determina multiplicando el daño total -USD163 millones- por 1.8; mientras que el valor superior -USD918 millones- es el resultado de multiplicar el daño total por 3.8. Se trata simplemente de una referencia; pero como ha sugerido un colega podría financiar la conclusión de las plantas sin necesidad de financiamiento adicional.

Pero es muy difícil que el gobierno haga una reclamación en este sentido. Trataremos de explicar por qué, utilizando un ejemplo clásico en la teoría de juegos. En el dilema del prisionero dos presuntos ladrones -o criminales- son encarcelados -con evidencias muy limitadas- y sometidos a un proceso de negociación con la justicia. Ellos enfrentan el dilema de confesar o no el crimen sin que ninguno conozca anticipadamente la estrategia del otro; por eso, se le clasifica como un juego no cooperativo, pues no hay comunicación entre los dos prisioneros. Dadas estas circunstancias, cada prisionero tiene que protegerse del escenario más adverso: que uno confiese y el otro no. Si este fuese el caso, el prisionero que no confesase recibiría una sanción extremadamente severa, mientras que el otro -el que confiesa- recibiría una pena muy leve. El resultado es que ambos terminan confesando y recibiendo una pena menor, pero superior a la que la justicia podría conseguir con sus limitadas evidencias. El gran poder de la justicia descansaba en la incomunicación entre ambos prisioneros y la incertidumbre acerca del comportamiento que cada uno ellos adoptarían ante la justicia.

A pesar de la complejidad del caso Odebrecht, y la simplificada tipificación del dilema del prisionero, es posible establecer algunos contrastes que pueden ayudarnos a entender la estrategia de los jugadores -gobierno, Odebrecht y sobornados- y sus posibles desenlaces. La primera diferencia importante es que los jugadores pueden aplicar estrategias de cooperación entre ellos para alcanzar propósitos comunes. Una posible estrategia es que cooperen entre ellos para conseguir que al final el caso -mediante una burda generalización de los implicados- se diluya y no haya forma de identificar a los verdaderos responsables de la trama de corrupción que patrocinó Odebrecht. El problema se complica aún más por el hecho de que no hay fronteras bien definidas entre los jugadores, especialmente entre el gobierno y los sobornados. ¿Cuáles de los sobornados pertenecen al gobierno? ¿Cuáles pertenecen a otros gobiernos? Las estrategias pudieran ser diferentes para estos dos grupos. Como también pudieran ser diferentes para los sobornados que no pertenecen al gobierno y que, además, son de partidos diferentes.

Una diferencia crucial con el dilema del prisionero es que en el caso Odebrecht no resulta claro si el arbitraje es debidamente independiente. La forma como ha sido dirigido el proceso da lugar a grandes interrogantes, cuyas respuestas solo podrán ser conocidas al final. Pero es perturbador el orden de los eventos: Anuncio público de los interrogatorios, y luego un período de gracia para que los sospechosos ordenen sus papeles, y finalmente entreguen una versión bien peinada de esos documentos, para luego proceder a los allanamientos. Desde una perspectiva más eficiente podría decirse que el proceso va en vía contraria.

Como si esto fuera poco, no hay una amenaza creíble de parte del gobierno que empuje a Odebrecht a cooperar «voluntariamente» con la justicia. Odebrecht ha hecho una lectura oportunista de la situación y se ha dado cuenta de que el gobierno al politizar el proyecto de Punta Catalina se ha quedado sin poder de sanción, ya que sería para el gobierno una estrategia desastrosa -desde el punto de vista político- detener ese proyecto, como un primer y necesario paso para obligar a que Odebrecht recupere la memoria de los hechos y ponga nombres a los números. Odebrecht, sin embargo, enfrenta en República Dominicana su escenario más complaciente; y al final no habrá dilema, por la sencilla razón de que no habrá prisionero.

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Pedro Silverio Alvarez