Una reforma hecha “de pedacitos de ti”

Es evidente que con el actual régimen tributario no se podrán lograr los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo y alcanzar las metas de gasto en un marco de sostenibilidad fiscal, para lo cual la Ley No.1-12 prevé la necesidad de elevar la presión tributaria de manera equitativa y eficiente. (...) Muchos de los planteamientos de sectores y empresas son sensatos. Y con razón hay mucha frustración: hay sectores formales que están siendo destruidos por la competencia desleal de competidores que no pagan impuestos. Magín Díaz, Discurso ante la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMRD), septiembre 2016

Cuando el pacto eléctrico comenzó a prolongarse más allá de lo razonable, estaba claro que el pacto fiscal no era posible sin la conclusión del eléctrico; y lo que parecía un inconveniente retraso comenzó a convertirse en un deliberado obstáculo para la concertación de una comprensiva reforma fiscal. La estrategia oficial descubrió, de esa manera, los beneficios de no tener ninguno de los pactos. Por un lado, podía seguir con sus planes alrededor de las plantas a carbón sin el escrutinio molestoso de muchos de los que se sientan en la mesa de la concertación; y por el otro lado, podía proceder libremente –siempre lo puede- en la estructuración de una reforma estrictamente recaudatoria.

Precisamente, ese era temor de quienes anticiparon la estrategia del gobierno. ¡Deja vu, all over again! No olvidemos que en el 2012, el recién instalado gobierno hizo los intentos de concertar una reforma fiscal a través del Consejo Económico y Social (CES); pero las recomendaciones que surgieron del proceso de concertación fueron rechazadas por las autoridades gubernamentales, y con una mayoría mecánica en el Congreso Nacional se aprobó una discutible reforma recaudatoria que dejaba intacta la estructura y eficiencia del gasto público. Eso fue ayer; hoy, el gobierno ha comenzado a reeditar la misma experiencia. Sólo que esta vez el gobierno ha sido más eficiente: no ha tenido que esperar y esquivar las innecesarias discusiones del CES.

Para algunos analistas, el mismo razonamiento político que lleva a la conclusión de que la concertación es inconstitucional, pues quien ha sido elegido por el pueblo –con mayoría aplastante- tiene toda la potestad para convertir el Estado en una sastrería; con ese mismo razonamiento se concluye que la concertación en materia económica tampoco es necesaria. Esas actitudes –que alimentan el ego ya inflado de algunos políticos- sólo sirven para fomentar una sociedad más dividida, hacer más compleja la gobernabilidad y eliminar los mecanismos más saludables para la resolución de los conflictos sociales.

La no concertación de una reforma fiscal comprensiva –para no utilizar el gastado término de «integral»- deja al país sin la posibilidad de discutir a profundidad el tema del gasto público, tan permeado por la cultura de “pagar para no pegar”; igualmente, deja fuera de la discusión el impacto de la estructura impositiva sobre la generación de riquezas y la creación de empleos de calidad a través de las actividades productivas. Pero, además, se quiere corregir el mal llamado gasto tributario sin considerar que las exenciones fiscales son una respuesta a un sistema tributario «desvirtuado». Por lo tanto, la eliminación o reducción de las exenciones tiene que darse en el marco de una revisión de las tasas impositivas. No se puede alegar –para eliminar o reducir las exenciones- que una reducción de los incentivos fiscales formaría parte de una reforma «integral»; habría que hacer esa reforma de manera comprensiva. De lo contrario, se estaría haciendo una reforma de pedacitos –o a retazos- de los contribuyentes.

Algo más. El pago de ITBIS en las aduanas representa una distorsión económica. En el código tributario se establece que el nacimiento de la obligación tributaria ocurre con la transferencia de bienes industrializados y los servicios; también ocurre con la importación de bienes industrializados. En el caso de las materias primas, utilizadas en un posterior proceso de transformación, no puede argumentarse que al momento de su importación esté ocurriendo una transferencia desde el productor o vendedor hacia el consumidor o a cualquier otro comprador. En el caso de las maquinarias y equipos, con o sin vocación para ser transferidos posteriormente, tampoco tiene sentido el pago del ITBIS en aduanas. El hecho de que esos pagos puedan ser luego deducidos es una prueba de esa realidad. Pero, esos pagos representan, sin dudas, un costo financiero adicional para las empresas, penalizándolas con un mecanismo administrativo que funciona como un arancel disfrazado.

En este sentido, razones de orden práctico –como el control de la evasión y la elusión- obligan a la administración tributaria a tomar decisiones que tienen un carácter estrictamente recaudador; algo que se quiso evitar con un pacto fiscal –ahora tan distante- que pusiera todas las fichas sobre la mesa. Es decir que el gobierno está aplicando –como se sospechaba desde un primer momento- solo los aspectos recaudatorios de una posible reforma. El impacto económico ha sigo ignorado.

Si bien es cierto que la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) plantea un significativo incremento de la presión tributaria, lo cual es discutible a la luz de sus objetivos de desarrollo y de los mecanismos que pudieran utilizarse para ese incremento, no es menos cierto que obliga a la realización de un pacto fiscal que inevitablemente debe pasar por la mesa de concertación del CES, aunque algunos líderes políticos se sientan ungidos por sus potestades legales y menosprecien la importancia de esa instancia. Lo que sí es contrario a la END es la realización de una reforma subrepticia, hecha a pedacitos, y dejando de lado los compromisos de una revisión profunda del gasto público... Parece una necedad, pero en realidad es una necesidad. @pedrosilver31

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Pedro Silverio Alvarez