Los contratos con el Estado

El aireamiento en los medios de comunicación del contenido de determinadas cláusulas de contratos con el Estado, ha permitido a la comunidad adentrarse en un mundo alucinante.

Con algunos de estos contratos la sociedad ha perdido mucho y se han generado ganancias estrambóticas, directas e indirectas, en beneficio de particulares y funcionarios, no por la prestación de servicios o entrega de bienes, que es legítimo, sino por aprovechar debilidades institucionales para obtener concesiones no proporcionales al aporte que se hace.

Hay contratos que parecerían poder clasificarse dentro de lo afirmado, sujetos a una investigación que lo confirme o no, como son los de la construcción de la carretera Las Américas- Rincón de Molenillo, y el Boulevar del Atlántico hasta Las Terrenas; el de Barrick Gold; Bahía de las Águilas; y otros en el sector eléctrico.

En el primer caso, se ha informado que el Estado pagó, en 2012, RD$1,800 millones a la empresa concesionaria de la carretera, porque el contrato establece un umbral mínimo de ingresos por cobro de peaje. Se está garantizando un beneficio mínimo, en contra del criterio general de que cada cual asume su propio riesgo.

El agravante es que esta empresa cobra el peaje más caro del país, y quizás del mundo, sin preocuparse de minimizar los riesgos de accidentes mortales que ocurren por la proliferación de animales sueltos que invaden la vía, y con una tarifa tan desproporcionada, sobre todo en el trayecto del Bulevar del Atlántico, que está sacando de competencia al turismo de Samaná.

El segundo es el de Barrick Gold, al modificarse el contrato suscrito con Placer Dome, que era producto de una licitación internacional, y cuya alteración rompió las reglas de juego y seguridad jurídica inherentes a dicha licitación. Por lo demás, se trata de la explotación de recursos no renovables en los que, como principio general, el Estado tendría que reclamar desde el inicio el 50% de las ganancias, más los impuestos correspondientes. Y si no, dejar esos recursos en el subsuelo, hasta que pudieran ser explotados según la conveniencia de la nación. Lejos de eso, las concesiones son tan amplias que abochornan, y los beneficios tan magros que avergüenzan, y todo a cambio de entregar a particulares el patrimonio no renovable de la nación.

El tercero, el de Bahía de las Águilas constituye una de las maniobras más burdas y descaradas para apropiarse de terrenos públicos, y, para colmo, áreas protegidas.

El cuarto, para poner un solo ejemplo, es el de la Hidroeléctrica de Pinalito, erigida a un costo que se entiende supera los US$400 millones, en un lugar en dónde las aguas del río Tireo que la nutre, y las del Sonador que la complementan, se brincan vestidos de traje blanco de dril y sombrero, con apenas un pequeño salto, a semejanza del que Presidente Mediana enseñó hace poco, por lo que obtuvo amplia notoriedad. Y en adición, se hizo un túnel de más de 8 kilómetros en la alta montaña para transportar este pírrico caudal.

Luego hay casos diversos, como por ejemplo el de algunos contratos para generación de energía eléctrica con estipulaciones que mantienen fuera de competitividad a toda la economía. Y así hay otros en distintos renglones.

Pero nada de esta madeja ha surgido de manera espontánea. Forma parte de una larga tradición, de la que han emergido fortunas formidables.

Solo para ofrecer otro dato ilustrativo, en 2012 hubo importaciones de bienes exonerados, incluyendo el ITBIS y aranceles, por un monto de US$1,928 millones, en comparación con US$1,007 millones en 2011.

Con esto no es solo el fisco quien se perjudica, no. Se generan distorsiones que afectan a la competencia, y se desalienta a los verdaderos emprendedores, a los innovadores, pues hay que emplear el tiempo en luchar contra los molinos de viento.

Pero todo tiene su remedio. Y es muy simple: no celebrar ningún nuevo contrato en que participe el Estado que contenga concesiones, exenciones, o privilegios, por mínimos que fueren.

Es decir, quienes deseen establecer negociaciones con el Estado tendrían que atenerse, en lo adelante, al ordenamiento general, en especial al tributario. Si el marco general resultare poco atractivo, el remedio y el reto para todos es modificarlo en su integridad, pero no cambiarlo a través de contratos con particulares.

Esto ayudaría, primero, a las finanzas públicas, ya que los ingresos aumentarían. Segundo, a la economía, pues permitiría una asignación más apropiada de los recursos. Tercero, nivelaría el terreno de juego para que todos pudieran participar. Cuarto, sería un formidable disuasivo a la corrupción. Y, quinto, podría evitar otra reforma tributaria, en el futuro cercano.

Así de sencillo.

Eduardo García Michel