La reforma fiscal integral

La lógica y la ley de la necesidad indican que la reforma fiscal integral tendría que resolver simultáneamente los siguientes problemas: a) el fiscal, propiamente dicho; b) el eléctrico, pues su componente fiscal es grande; y el cuasi fiscal, porque está condicionando las finanzas públicas y la política monetaria y crediticia.

Los tres forman una misma madeja. No verlo así significa dejar pendientes lastres muy pesados.

La fiscal, propiamente dicha, debería enfocarse en reestructurar y reorientar el gasto para mejorar su calidad y eliminar el superfluo, dado que un gasto público estéril, nunca parirá desarrollo, sino clientes pobres.

Asimismo, debería limitar el crecimiento de la deuda pública; perseguir un superávit primario que sobrepase el 2% del PIB; impulsar el ahorro corriente como base de la inversión; eliminar el financiamiento de apoyo presupuestario para ejecutar gastos corrientes; y limitar el porcentaje en que puede ser modificado el presupuesto vía el complementario.

Así concebida, conduciría a unas finanzas públicas robustas y sanas.

La del sector eléctrico estaría encaminada a impulsar la eficiencia, moderar los costos y acabar con los apagones. Englobaría el ajuste de tarifas y la eliminación de los subsidios, con lo cual el gobierno liberaría recursos sustanciales para destinarlos a actividades prioritarias.

Las distribuidoras tendrían que combatir frontalmente el fraude, cobrar el servicio e invertir en mejoría de líneas, transformadores y equivalentes. El reconocimiento del costo marginal para establecer los precios de despacho podría ser ponderado, pues no es razonable que se aplique a tabla rasa en un sistema con plantas tan desbalanceadas en su rendimiento y consumo. La energía se vendería directamente a las distribuidoras. Y los contratos podrían ser revisados en aquellos aspectos que faciliten la convivencia.

Se trata de llevar a cabo una negociación para corregir distorsiones, en la que se brinde a los agentes las seguridades de reglas claras, pago normal, y futuro alentador, a cambio de permitir la reestructuración del sistema hacia uno que brinde al país la cobertura de electricidad que necesita, al menor costo posible, con nuevas inversiones en generación y distribución.

Y, por último, la de la deuda cuasi fiscal consistiría en que el gobierno la asuma y permita al Banco Central sanear su estado financiero y eliminar sus pasivos con el público en forma de certificados. Esto sacaría al organismo monetario de la competencia en el mercado de valores, y permitiría conducir los ahorros del sistema financiero hacia el financiamiento a la producción, en vez de hacia operaciones de tesorería.

Se requeriría eliminar la ley de capitalización del Banco Central, modificar la monetaria y financiera, y destinar los recursos que el gobierno paga por intereses, más una parte adicional que no superaría el 0.5% del PIB, a asumir el compromiso con los tenedores de estos títulos, que en todo caso se haría voluntariamente, y quien no lo desee sería desinteresado a vencimiento. Además, en el futuro, el Banco Central tendría que cubrir sus gastos con sus propios ingresos y aplicar una austeridad rigurosa.

En definitiva, una reforma integral con este alcance bien podría ser asumida por la población y los agentes económicos, incorporándole el justo aporte de una modificación de la estructura tributaria que facilite la competitividad, reduzca la informalidad, y de músculo al gobierno para que pueda cumplir con sus objetivos económicos y sociales.

Y así concebida tendría una visión de futuro, pues emergería una economía más fuerte.

Corresponde ahora a las autoridades decidir qué es más importante para el éxito de su gestión: aprobar ahora un paquete tributario desconectado de la solución de los problemas fundamentales, arrastrando una pérdida sensible de su capital político y social, o, en cambio, someter al Congreso un presupuesto para el 2013 que sea de transición, sin cambios en el ordenamiento tributario, para dar lugar a la aprobación dentro de pocos meses de una reforma integral con visión de desarrollo.

Lo apropiado sería aparcar la prisa, y aprovechar la pausa para poner sobre la mesa los problemas y sus soluciones. Y llegar a acuerdos, si o si. Y si no, imponerlos, pero ya con fuerza moral para hacerlo, si fuere por interés de la nación y no de grupos ni personas.

Eduardo García Michel