El siniestro, que se prolongó durante varias horas, redujo a cenizas viviendas, electrodomésticos, muebles, ropa, documentos personales y otras pertenencias de familias que llevaban décadas residiendo en el lugar.

Decenas de personas tuvieron que abandonar sus hogares sin poder rescatar sus bienes. Algunas encontraron refugio en casas de familiares, mientras que otras pasaron la madrugada en iglesias evangélicas de la comunidad, entre ellas la Iglesia El Alfarero y la Iglesia Misionera Sonrisa de Amor.

La gobernadora de Barahona, Oneida Féliz, informó que el presidente Luis Abinader se comunicó con las autoridades provinciales la noche del incendio y reiteró este jueves su disposición de ofrecer asistencia a las familias damnificadas.

Explicó que el Estado alquilará viviendas para alojar provisionalmente a los afectados mientras se trabaja en una solución habitacional definitiva. 

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"El presidente acaba de llamarnos para decirnos que les demos todo el apoyo necesario a estas personas y que trabajemos con ellas. Vamos a darles una solución provisional mientras encontramos una solución definitiva", expresó.

Féliz indicó que las autoridades realizan un levantamiento para determinar la cantidad exacta de viviendas destruidas y familias afectadas. Durante la madrugada se contabilizaron unas 57 viviendas afectadas, pero advirtió que la cifra podría aumentar.

La funcionaria explicó que los damnificados comenzaron a recibir asistencia alimentaria desde las primeras horas de la mañana, debido a que perdieron sus utensilios de cocina y no cuentan con las condiciones necesarias para preparar sus comidas.

También aseguró que se identificará a los afectados para garantizar que las ayudas lleguen a quienes perdieron sus hogares y evitar que personas ajenas a la tragedia intenten beneficiarse de la asistencia.

"Perdimos todo, hasta nuestros recuerdos"

Entre las personas afectadas se encuentra Rosa Ramírez, empleada de la Cruz Roja Dominicana, quien, con su hija de dos años en brazos, relató los momentos de angustia que vivió mientras las llamas consumían su vivienda y las de varios integrantes de su familia.

Ramírez, quien ha residido toda su vida en los barracones, explicó que el incendio destruyó sus pertenencias y los recuerdos familiares acumulados durante generaciones.

"Estamos como si estuviéramos viviendo una pesadilla. Perdimos todo, nuestros ajuares, nuestras casas y todos nuestros recuerdos", manifestó visiblemente afectada. 

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Contó que su madre, su hermana, su primo y su abuelo también perdieron sus viviendas, por lo que prácticamente toda su familia quedó sin techo.

La mujer pasó la madrugada junto a otros parientes en una pequeña construcción inconclusa, fuera del área afectada, donde permanecieron sin las condiciones necesarias para descansar.

"Mi hermana tiene tres niños y yo tengo una niña de dos años. Todos quedamos a la intemperie. Fue algo muy traumático, un panorama muy triste", expresó.

Alcaldía anuncia asistencia y atención psicológica

El alcalde de Barahona, Mictor Fernández, informó que el Ayuntamiento trabaja junto con la Gobernación y otras instituciones gubernamentales para identificar a las familias damnificadas y coordinar la entrega de artículos esenciales.

Explicó que los Comedores Económicos del Estado, ubicados frente al lugar del incendio, suministrarán desayuno, almuerzo, cena y agua potable a los afectados.

Asimismo, anunció que las autoridades contemplan ofrecer asistencia psicológica, especialmente a los niños que presenciaron cómo las llamas consumían sus hogares.

"Hoy estamos resolviendo la alimentación y las necesidades inmediatas, pero mañana tenemos que pensar en el tratamiento psicológico de esos niños que tuvieron que ver sus casas incendiadas y todo lo que ocurrió en menos de media hora", manifestó.

Fernández destacó que el fuego se propagó rápidamente, lo que provocó escenas de desesperación entre los residentes, quienes intentaban abandonar las viviendas y rescatar algunas pertenencias. 

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Callejones estrechos dificultaron el acceso de los bomberos

El presidente de la Junta de Vecinos de los barracones de Javid, Freddy Féliz, atribuyó parte de la magnitud de los daños a las dificultades de acceso que enfrentaron los bomberos debido a la estrechez de los callejones.

Explicó que originalmente el complejo estaba compuesto por ocho bloques de 25 viviendas cada uno, para un total de 200 unidades habitacionales. Sin embargo, con el paso de los años, numerosos residentes construyeron anexos que redujeron los espacios de circulación.

Según el dirigente comunitario, los bloques cuatro y cinco quedaron completamente destruidos, incluidas las viviendas originales y las ampliaciones realizadas por sus ocupantes.

"Yo, como presidente de la junta de vecinos, vivía peleando para que no ocuparan tanto espacio y dejaran acceso a los vehículos, pero llegó un momento en que no se podía entrar ni siquiera en motocicleta", sostuvo.

Féliz recordó que hace aproximadamente 20 años otro incendio destruyó el barracón número siete y que, en aquella ocasión, los bomberos también enfrentaron dificultades para acceder al lugar.

El dirigente estimó que entre 60 y 65 viviendas resultaron afectadas, aunque precisó que será necesario completar el levantamiento oficial para determinar la cifra definitiva.

Más de 60 niños entre los damnificados

El pastor José Antonio Segura, de la Iglesia Misionera Sonrisa de Amor, describió el incendio como una tragedia difícil de explicar por la rapidez con que se propagaron las llamas.

Relató que numerosas familias, incluidos niños de distintas edades, fueron acogidas durante la madrugada en templos evangélicos cercanos.

Según las estimaciones preliminares del presidente de la junta de vecinos, más de 60 niños quedaron damnificados junto a sus familiares, lo que genera preocupación por las condiciones de alojamiento y la atención que necesitarán durante los próximos días.

Para combatir el incendio intervinieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Barahona, con el respaldo de organismos de socorro procedentes de Enriquillo, Paraíso, Cabral, Las Salinas y El Peñón, entre otros municipios de la provincia.

Rolando Matos, encargado de la Guardia Voluntaria de los Bomberos y coordinador del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en la zona, explicó que, una vez controlado el siniestro, comenzaron las evaluaciones para determinar la cantidad de viviendas destruidas y familias afectadas.

Los resultados serán entregados a las autoridades correspondientes para facilitar la distribución de las ayudas.

Matos señaló que todavía no se ha determinado oficialmente qué provocó el incendio, por lo que será necesario esperar los resultados de las investigaciones.

La información fue ofrecida este jueves por el intendente general del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Luis Frómeta Herasme.

La explosión dejó hospitalizados a la doctora Loida Díaz Lima, de 37 años, y a sus hijos Evans, de 12 años, y Ellen, de 7, quienes sufrieron quemaduras graves.

"La causa fue un escape de gas que hubo en una tubería en el área de lavado", afirmó Frómeta, quien descartó otras circunstancias como origen de la explosión.

Según declaraciones ofrecidas por familiares de los afectados a un equipo de Diario Libre, la doctora Loida Díaz se había mudado apenas unas horas antes del incidente al residencial, ubicado en el kilómetro 7 de la avenida Independencia, en el Distrito Nacional.

La mujer se instaló el jueves 5 de noviembre en el apartamento, adquirido mediante financiamiento. La mañana del viernes 6 se produjo la explosión, presuntamente después de que conectara un bebedero de agua a la electricidad.

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La hermana de la afectada, Kenia Díaz Lima, explicó que la puerta principal, los ventanales y los cristales del balcón se desprendieron por la fuerza de la explosión.

También detalló que algunas paredes presentaron grietas y que varios ajuares resultaron dañados. Estos todavía permanecían dentro de cajas debido a la reciente mudanza de la familia.

Inspecciones en las instalaciones

Ante las interrogantes sobre los controles de seguridad en las edificaciones, Frómeta Herasme explicó que los bomberos realizan inspecciones cuando son solicitadas, pero estas se enfocan en los sistemas de protección contra incendios, como detectores de humo, gabinetes de mangueras y rutas de evacuación.

"Esos trabajos normalmente son con las constructoras y las instituciones que están para esos fines", explicó el intendente general del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.

El oficial señaló que la institución también puede evaluar aspectos relacionados con la ubicación de los tanques de gas, conforme a los planos de las edificaciones.

Sin embargo, aclaró que las evaluaciones estructurales son responsabilidad del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived).

La organización, presidida por Pablo Rodríguez, ha solicitado al Congreso Nacional, los partidos políticos y distintas instituciones estudiar una modificación constitucional que garantice, según sostiene, la igualdad de oportunidades entre los dominicanos, independientemente de su lugar de nacimiento o residencia.

La propuesta cuestiona particularmente la exigencia de haber residido en República Dominicana durante diez años antes de asumir la Presidencia o Vicepresidencia.

Funsede sostiene que esta condición limita la participación política de los dominicanos que han desarrollado parte de sus vidas en el extranjero, pese a conservar su nacionalidad y mantener vínculos familiares, económicos y sociales con el país.

La entidad también plantea que la disposición debe examinarse a la luz del artículo 39 de la Constitución, que consagra el derecho a la igualdad ante la ley.

¿Qué establece la Constitución?

El artículo 18 reconoce como dominicanos a los hijos de padre o madre dominicanos nacidos en el extranjero, aunque hayan adquirido otra nacionalidad por su lugar de nacimiento.

Por su parte, el artículo 20 establece que los dominicanos con doble nacionalidad podrán aspirar a la Presidencia y Vicepresidencia siempre que renuncien a la nacionalidad extranjera con diez años de anticipación a las elecciones y hayan residido en el país durante los diez años anteriores al cargo.

Funsede manifiesta su conformidad con la obligación de renunciar a la nacionalidad extranjera para ocupar esas posiciones, pero considera necesario revisar la exigencia de residencia durante una década.

A juicio de la fundación, esta condición restringe injustificadamente las posibilidades de participación de los dominicanos residentes en el exterior.

Rodríguez ha argumentado que, con los medios de comunicación y las tecnologías actuales, vivir fuera del territorio dominicano no supone desconocer la realidad nacional ni estar desvinculado de los acontecimientos políticos, económicos y sociales del país. 

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La propuesta llega al Congreso y a los partidos

La fundación remitió comunicaciones fechadas el 20 de octubre de 2026 a los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, así como al senador Omar Fernández y al expresidente Leonel Fernández.

También presentó su planteamiento ante representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo, además de la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional y otras instituciones.

En las comunicaciones, Funsede solicita que las autoridades valoren y estudien la propuesta, al considerar que su aprobación contribuiría a fortalecer los derechos políticos de los dominicanos residentes fuera del territorio nacional.

Como parte de sus argumentos, la organización cita la sentencia TC/0033/12 del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional una disposición tributaria que establecía un trato desigual para dominicanos residentes en el extranjero.

La fundación utiliza ese precedente para sustentar su solicitud de revisar las condiciones establecidas para el ejercicio de los derechos políticos.

El incidente, cuyos responsables todavía no han sido identificados oficialmente, llevó a las autoridades haitianas a cerrar la puerta de acceso a su territorio, como medida de presión para exigir la colaboración dominicana en el esclarecimiento de las muertes, presuntamente ocasionadas por ciudadanos dominicanos.

La decisión impidió la celebración del mercado binacional del pasado lunes, afectando el intercambio comercial del que dependen numerosas familias de ambos lados de la frontera.

Tras varios días de incertidumbre, las autoridades de Pedernales y Anse-à-Pitres alcanzaron ayer miércoles un acuerdo que permitió reabrir el paso fronterizo y dar un respiro a los comerciantes que aguardaban la normalización de las operaciones.

Exigen justicia por las dos muertes

Durante una reunión celebrada en el salón de eventos de la Gobernación de Pedernales, representantes dominicanos se comprometieron a colaborar con las investigaciones para identificar, apresar y someter a la justicia a los responsables, conforme a los procedimientos legales correspondientes.

El caso se originó en un incidente registrado el pasado viernes en territorio haitiano, donde, según las informaciones suministradas, murieron dos personas.

También circularon versiones sobre una tercera persona que habría resultado herida y sobre una posible vinculación del hecho con asuntos relacionados con drogas. Sin embargo, estas informaciones no han sido confirmadas oficialmente.

Hasta el momento, tampoco se ha establecido públicamente la identidad de los responsables ni las circunstancias exactas en que ocurrieron las muertes.

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Autoridades buscan evitar nuevas tensiones

La reunión estuvo encabezada por la gobernadora de Pedernales, Edirda D'Óleo Peña, junto al general de brigada Freddy Soto Thormann, comandante de la Quinta Brigada del Ejército; el coronel Durán Bello, comandante del 16.º Batallón de Infantería; y el coronel Kelvin Pacheco, comandante de la Policía Nacional.

También participaron representantes de Migración, del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) y el alcalde de Pedernales, Alfredo Francés.

Por la delegación haitiana asistieron el alcalde de Anse-à-Pitres, Decembre Selio Jean Julies, junto a otras autoridades municipales y representantes policiales de la vecina nación.

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El comercio vuelve a respirar

La reapertura representa un alivio para quienes dependen del comercio binacional, una actividad fundamental para la economía de las comunidades fronterizas.

Sin embargo, el acuerdo no pone fin a las interrogantes que rodean las muertes de los dos ciudadanos haitianos.

Mientras se restablece el intercambio comercial, las autoridades de ambos países enfrentan el desafío de esclarecer el hecho y evitar que un nuevo episodio de violencia vuelva a interrumpir la convivencia y las actividades económicas en esta zona de la frontera.

La frontera vuelve a abrir sus puertas, pero la exigencia de justicia por las dos vidas perdidas continúa pendiente.

Se trata de Kelvin Novas, conocido como "Charpita", contra quien pesaba la orden de arresto número 1498-2026, por su presunta vinculación con un asalto ocurrido en el colmado Máxima Drink.

La entrega fue realizada a través del comunicador Valerio Mateo, quien sirvió de intermediario para que el joven se pusiera a disposición de los agentes de la Subdirección Regional Oeste de Investigaciones Criminales (Dicrim).

• Según el informe policial, Novas habría participado en el hecho junto a José Luis Lara, alias «King Kong», y Ronny Nolasco Ibert, conocido como "Cañoso", quienes fueron detenidos y sometidos previamente a la justicia por su presunta participación en el mismo caso.

Detalles del asalto

Las investigaciones establecen que los implicados supuestamente interceptaron a Génesis Montero Montero y a su acompañante, a quienes habrían amenazado con una pistola y un arma blanca para despojarlas de sus pertenencias.

Durante el asalto, los desconocidos se habrían llevado dos teléfonos celulares, uno marca Votex, de color gris, y otro Samsung, negro, además de 3,000 pesos en efectivo.

Procedimientos legales

Tras su entrega, Novas quedó bajo custodia de los investigadores del Dicrim en San Juan de la Maguana, mientras se completan los procedimientos correspondientes para su presentación ante el Ministerio Público.

La Policía Nacional informó que el detenido será puesto a disposición de las autoridades judiciales en las próximas horas, para que responda por los hechos que se le atribuyen.

Con su entrega, las autoridades tienen bajo custodia a los tres hombres señalados en la investigación del presunto atraco.

El siniestro comenzó alrededor de las 10:00 de la noche y se extendió rápidamente por las estructuras construidas principalmente de madera, zinc y otros materiales vulnerables al fuego, lo que dificultó las labores de los organismos de socorro para controlar las llamas.

De acuerdo con las informaciones preliminares ofrecidas por residentes y dirigentes comunitarios, el incendio habría sido provocado por un supuesto cortocircuito eléctrico en las instalaciones de uno de los barracones, que están ubicados en la calle José A. Robert, frente a los Comedores Económicos del Estado.

Sin embargo, las autoridades del Cuerpo de Bomberos todavía no han confirmado esta versión, debido a que no habían realizado el levantamiento técnico correspondiente para establecer las causas del siniestro.

Freddy Féliz, presidente de la junta de vecinos del sector, explicó que el fuego consumió completamente una línea de 25 viviendas y afectó parte de otras estructuras contiguas, por lo que estimó que entre 30 y 40 familias quedaron sin hogar.

El dirigente comunitario recordó que hace aproximadamente 20 años ocurrió otro incendio de grandes proporciones en el mismo complejo habitacional, específicamente en el barracón número siete, que fue destruido por completo.

“Después de 20 años, mire qué desgracia ha pasado. Gracias a Dios no falleció ninguna persona, pero todos los ajuares de los hogares se perdieron”, expresó Féliz mientras observaba los daños ocasionados por las llamas.

Explicó que el complejo habitacional está compuesto por ocho líneas de 25 viviendas cada una, para un total de aproximadamente 200 barracones, aunque con el paso de los años algunas familias construyeron anexos que aumentaron la cantidad de estructuras y personas residentes.

• Según el dirigente comunitario, el último censo realizado en el lugar estableció que unas 218 personas residían en los barracones.

Féliz señaló que las pérdidas materiales todavía no pueden calcularse debido a la magnitud del incendio y a que varias familias perdieron prácticamente todas sus pertenencias.

Tampoco descartó que el deterioro de las instalaciones eléctricas pudiera estar relacionado con el origen del fuego, debido a la antigüedad de los cables y las condiciones de las viviendas.

“No podemos asegurar que haya sido eso, pero puede ser que los alambres, que están muy deteriorados, hayan provocado el incendio”, manifestó.

Familias perdieron todas sus pertenencias

Entre los afectados se encuentra Newton Sánchez, quien explicó que su familia, integrada por cinco personas, perdió su vivienda y quedó sin un lugar donde pasar la noche.

“Nosotros somos cinco: mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermano y yo. Quedamos en la calle porque se quemaron las líneas donde vivíamos”, relató.

Sánchez explicó que el incendio comenzó varios barracones más arriba de su vivienda y que, debido a los materiales utilizados en las construcciones, las llamas se propagaron con gran rapidez.

Indicó que las instalaciones eléctricas, los abanicos y otros aparatos podrían representar riesgos en estructuras tan antiguas, aunque reconoció que todavía no se conoce con certeza qué provocó el siniestro.

El afectado señaló que la cantidad exacta de viviendas destruidas y familias perjudicadas deberá establecerse mediante un levantamiento, una vez concluyan las labores de extinción y evaluación de los daños.

“Todavía no sabemos cuántas casas se quemaron. Eso se sabrá cuando se haga el conteo. Es muy triste porque hay muchas familias en la calle”, expresó.

Otros residentes narraron que se encontraban acostados cuando comenzaron a escuchar las voces de alerta de sus vecinos, quienes advirtieron sobre el incendio.

Debido a la rapidez con que avanzaron las llamas, muchas personas apenas tuvieron tiempo de abandonar sus viviendas, sin poder rescatar sus muebles, electrodomésticos, ropas y documentos personales.

La situación provocó momentos de angustia y desesperación entre los residentes, quienes intentaban salvar algunas pertenencias mientras el fuego avanzaba hacia otras estructuras.

Bomberos de varios municipios acudieron a combatir el incendio

Al lugar se presentaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Barahona, así como equipos procedentes de los municipios de Cabral, Polo, Paraíso y otras localidades de la provincia, para reforzar las labores de extinción.

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Los bomberos trabajaron durante varias horas para impedir que las llamas continuaran propagándose hacia las demás viviendas del complejo habitacional.

Una multitud se aglomeró en la calle José A. Robert y sus alrededores para observar el desarrollo del incendio, mientras agentes de la Policía Nacional y miembros de otros organismos de seguridad permanecían en el lugar.

La concentración de curiosos y residentes generó un amplio movimiento en las inmediaciones de los barracones, donde también se encontraban familiares de los afectados que acudieron para conocer la situación de sus parientes.

Durante las primeras dos horas del siniestro, las unidades de emergencia continuaban trabajando para controlar las llamas y evitar mayores daños en las estructuras cercanas.

Gobierno anuncia asistencia para familias afectadas

La gobernadora provincial de Barahona informó que el presidente Luis Abinader se comunicó con las autoridades locales para instruir que se brindara todo el apoyo necesario a las familias afectadas por el incendio.

La representante del Poder Ejecutivo manifestó su pesar por la tragedia y aseguró que se trabajará en una solución provisional para las personas que perdieron sus viviendas, mientras se busca una respuesta definitiva a su situación habitacional.

“El presidente acaba de llamarnos para decirnos que les demos todo el apoyo necesario a estas personas y que trabajemos con ellas. Vamos a darles una solución provisional mientras encontramos una solución definitiva”, expresó la funcionaria.

La gobernadora calificó el incendio como una situación lamentable, especialmente por la cantidad de familias que perdieron sus hogares y pertenencias en cuestión de minutos.

Señaló que, afortunadamente, hasta ese momento no se habían reportado víctimas mortales, aunque las pérdidas materiales eran cuantiosas.

En el lugar también se encontraban el director del Instituto para el Desarrollo del Suroeste (Indesur), Noel Octavio Suberví Nin, conocido como Tavito; el alcalde de Barahona, Mictor Emilio Fernández, así como representantes de organismos de seguridad y otras autoridades.

Un complejo habitacional marcado por otro incendio

El incendio ha generado preocupación entre los residentes de los barracones de Javid, debido a las condiciones de vulnerabilidad de las viviendas y a los antecedentes de otro siniestro ocurrido hace aproximadamente dos décadas.

Los dirigentes comunitarios señalaron que las estructuras presentan un avanzado deterioro por el paso de los años, especialmente en las instalaciones eléctricas y los materiales utilizados para su construcción.

La cercanía entre las viviendas, así como los anexos levantados por algunas familias, habría facilitado la rápida propagación de las llamas de una estructura a otra.

Mientras los bomberos continuaban trabajando en la zona, las familias afectadas permanecían en las calles, algunas acompañadas de niños y adultos mayores, a la espera de asistencia de las autoridades.

Hasta el momento de las declaraciones, no se había establecido oficialmente la cantidad definitiva de viviendas destruidas ni el monto de las pérdidas materiales.

Las autoridades deberán realizar un levantamiento para determinar el número de familias damnificadas, evaluar los daños y establecer las causas del incendio que volvió a golpear a este complejo habitacional de Barahona.

Aunque los residentes atribuyen preliminarmente el fuego a un posible cortocircuito eléctrico, esta hipótesis permanece sin confirmación oficial hasta que el Cuerpo de Bomberos concluya las investigaciones correspondientes.

La víctima mortal fue identificada como Sadiel Castillo Ysaac, quien falleció mientras recibía atenciones médicas. Los heridos son Jonathan Ernesto Rosario, de 20 años, y Álvaro Acevedo, de 36, quienes fueron trasladados a un centro hospitalario.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que, según las investigaciones preliminares, cuatro individuos desconocidos irrumpieron en un lugar donde se celebraba un cumpleaños e intentaron despojar de sus pertenencias a los presentes.

• De acuerdo con la versión policial, las víctimas presuntamente opusieron resistencia, lo que provocó que los atacantes abrieran fuego contra ellas.

Pesqueira indicó que algunos de los agresores vestían prendas y portaban distintivos similares a los utilizados por organismos policiales.

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La Policía busca a sospechoso apodado "León"

El vocero policial informó que las autoridades mantienen activa la búsqueda de un individuo conocido como 'León', considerado de interés para las investigaciones del hecho.

Explicó que agentes, bajo la coordinación del Ministerio Público, realizaron levantamientos, entrevistas y otras diligencias investigativas para establecer las circunstancias en que ocurrió el ataque.

Asimismo, técnicos de la Policía Científica recolectaron evidencias en la escena que serán utilizadas como parte del proceso investigativo.

Pesqueira aseguró que las investigaciones avanzan y que varias personas están siendo entrevistadas para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado detenciones relacionadas con el caso.

La Dirección Regional Este de la institución indicó que Carpio Cárdenas fue detenido el 10 de noviembre por miembros de la División de Investigación de Miches y de la Policía Preventiva, en cumplimiento de la orden judicial de arresto número RAJ-2026-18854.

La detención se produjo en la intersección de las calles Aniceto Cedeño y Mella, donde los agentes ocuparon una camioneta Toyota Hilux gris, dinero en efectivo y un reloj.

Operativo policial

Como parte de la misma investigación, la Policía Nacional y el Ministerio Público ejecutaron ese día una orden de allanamiento en un inmueble ubicado en la calle Sánchez esquina Palo Hincado, donde funcionan una residencia y una agroveterinaria. En el lugar fueron ocupados varios documentos.

La Policía Nacional informó que el detenido y los bienes ocupados serán puestos a disposición de la justicia.

El fallecido fue identificado como Deny Miguel Espinal Genao, alias "Come Sopa", de 28 años. 

• De acuerdo con las informaciones preliminares, Genao era buscado por las autoridades mediante órdenes de arresto, tras denuncias en su contra por supuestos robos y atracos.

Residentes del sector, que prefirieron mantener sus nombres en el anonimato, indicaron que Genao presuntamente cometía asaltos en la zona. También señalaron que, en una ocasión, habría herido con un arma blanca al propietario de una panadería para despojarlo de sus pertenencias.

Según los comunitarios, el fallecido no residía en el sector 24 de Abril, pero visitaba frecuentemente la zona debido a que allí vive su pareja, quien, según las versiones ofrecidas, habría sido detenida durante la intervención policial.

De acuerdo con testimonios, la muerte de Genao se produjo en el interior de un edificio. Videos grabados muestran el momento en que los agentes sacan el cuerpo del hombre y lo colocan en la parte posterior de una camioneta de la Dicrim.

Reacciones comunitarias

Con la muerte de Espinal Genao, suman al menos tres las personas fallecidas en presuntos intercambios de disparos con agentes policiales durante las primeras semanas de noviembre, luego de que se registraran 98 fallecidos en esos hechos entre el 1 de septiembre y el 25 de octubre. 

Montero también mencionó el sometimiento de un proyecto de ley enfocado en regular la ejecución de sentencias, con el propósito de erradicar las prácticas irregulares que rodean los desalojos y embargos, en los que operan, muchas veces, la inseguridad jurídica y hasta el “vandalismo”.

En un encuentro con periodistas, el nuevo máximo representante del Poder Judicial anunció, entre esas primeras medidas a aplicar en el primer cuatrimestre de su gestión, aumentar el uso de inteligencia artificial con el apoyo de la parte humana, de manera homogénea, para dar respuesta a los casos de alta frecuencia en los tribunales.

Esta iniciativa busca que los procesos sin complejidad —que representan entre un 60% y un 70% de la carga procesal— puedan resolverse utilizando esa herramienta con el respaldo humano, permitiendo que los tribunales dediquen mayor tiempo a aquellos expedientes que lo requieran, explicó.

Sobre las dificultades para ejecutar las sentencias del Poder Judicial, Montero manifestó que esa problemática se ha convertido, sobre todo en el ámbito civil, “en sinónimo de vandalismo” e inseguridad jurídica.

“No quiera usted ser víctima de una ejecución del orden civil, de un desalojo, de un embargo, porque suscitan en múltiples características actuaciones muy indecorosas, muy deleznables que van en contra no solamente de la dignidad humana”, subrayó el presidente de la SCJ. 

Recordó que el artículo 149 de la Constitución establece claramente que los tribunales tienen la responsabilidad de administrar justicia y de ejecutar lo juzgado, no al Ministerio Público.

En ese sentido, aseveró que aprovecharán la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0743/25 que así lo confirmó al declarar no conforme con la Constitución la Ley 396-19 y la cual está vigente hasta el próximo año.

Los tribunales móviles

La puesta en marcha de los tribunales móviles que se colocarán en los centros penitenciarios más poblados, de los cuales se trasladarán cuando la situación lo ameriten a otras cárceles con mayor demanda, se hará de manera conjunta con el Ministerio Público y la Oficina de Defensa Pública, dijo Montero.

“Esa es una idea que también la hemos concebido y que en un momento determinado se aplicó con muchísimo éxito y hubo muy buenos resultados”, recordó el juez. 

Toda la agenda de trabajo del primer cuatrimestre se organizará en cuatro ejes estratégicos, que son integridad, participación, eficiencia y fortalecimiento institucional, en los que tendrá especial atención la oportunidad de respuesta judicial, con iniciativas orientadas a reducir los retrasos en la tramitación y resolución de los casos.

Política antisoborno

Durante el encuentro con la prensa realizado en el auditorio de la SCJ, el magistrado Montero resaltó, asimismo, que la integridad constituye una prioridad para fortalecer la confianza y que por esa razón impulsará una política institucional antisoborno en el tren judicial.

Esa política estará acompañada del fortalecimiento de los mecanismos de prevención, orientación y denuncia, así como con el apoyo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la incorporación de buenas prácticas internacionales. 

Durante una exposición sobre los ejes clave de su gestión, Montero ilustró cómo las malas prácticas extrajudiciales —como el manejo irregular de documentos o promesas falsas a los ciudadanos a cambio de partidas económicas— erosionan la credibilidad del sistema.

Enfatizó que, aunque el Poder Judicial concentra la capacidad decisoria y de deliberación, los actos ilícitos cometidos por cualquier eslabón de la cadena terminan desacreditando a toda la administración de justicia.

Hacia un frente común preventivo

Para contrarrestar esta problemática, la propuesta formal presentada contempla la articulación de una campaña integral de prevención y concientización que involucre a cinco sectores fundamentales:

• La Policía Nacional
• El Ministerio Público
• El Ministerio de Interior y Policía
• La Oficina Nacional de la Defensa Pública
• El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD)

“No basta con que nosotros preparemos y blindemos a nuestros jueces para que no incurran en ese tipo de actos. Hay que ir a incidir con esos actores también, hay que concientizarlos y decirles que esas son malas hazañas que dañan el sistema”, señaló el magistrado, al recalcar que el impacto recae principalmente sobre el Poder Judicial por ser el órgano con el poder de decisión.

Fin al rezago y orden en el sector legal

En un segundo eje estratégico, Montero anunció el lanzamiento de un proyecto de fortalecimiento en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia para agilizar la jurisdicción disciplinaria que por ley le compete sobre abogados y notarios públicos.

El objetivo central de esta iniciativa es garantizar procesos en un tiempo razonable, erradicar el rezago histórico y rescatar a la jurisdicción disciplinaria del ostracismo en el que se encontraba.

El presidente de la SCJ cerró con un llamado directo a los profesionales del derecho y la notaría a actuar con estricto apego a la ética, advirtiendo que se respetará el debido proceso y el derecho a la defensa, pero que “tiene que terminar este desorden” en los procesos disciplinarios para garantizar un sistema de consecuencias real frente a las estafas y falsas promesas que afectan a la ciudadanía y al Estado de derecho.

Insistió a esos profesionales a que “simple y llanamente trillen e hilen bien sus actos” porque la jurisdicción disciplinaria tiene que asumir su rol y decidir quien es inocente o culpable.

Montero expuso estos temas durante una reunión con periodistas a los que detalló su agenda de trabajo del primer cuatrimestre, la cual se organiza en cuatro ejes estratégicos: integridad, participación, eficiencia y fortalecimiento institucional.

Los imputados son Andrés Acosta Vargas y Franyely Franchesca Peralta Guzmán.

De acuerdo con el expediente, la investigación comenzó el 26 de octubre de 2026, luego de que el padre de una adolescente de 17 años denunciara que su hija había sido trasladada desde Esperanza, provincia Valverde, hasta Santiago, bajo la promesa de que adquiriría experiencia práctica en una oficina de abogados durante sus días libres de clases.

Sin embargo, según la acusación, la adolescente fue llevada a la residencia de Acosta Vargas, donde presuntamente era obligada a mantener relaciones sexuales con diferentes hombres a cambio de dinero.

El Ministerio Público atribuye a Peralta Guzmán la responsabilidad de trasladar a la adolescente desde Valverde hasta Santiago, mientras que el abogado supuestamente coordinaba los encuentros sexuales y los grababa. 

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Investigación y víctimas

Las investigaciones, dirigidas por el Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía de Santiago, establecen que los imputados contactaban a adolescentes de entre 13 y 17 años, a quienes ofrecían dinero en efectivo y regalos para que participaran en encuentros sexuales.

El expediente también señala que el abogado presuntamente se escondía en un armario para grabar los encuentros sexuales.

• Durante las pesquisas, las autoridades identificaron al menos a tres víctimas de esta presunta estructura criminal, entre ellas adolescentes de 13, 14 y 17 años.

En el caso de la adolescente de 17 años trasladada desde Valverde, las evaluaciones ginecológicas forenses practicadas el 27 de octubre confirmaron que se encontraba embarazada.

Medidas judiciales

Como parte de las diligencias, el tribunal autorizó el anticipo de pruebas de las víctimas menores de edad y de otra adolescente que figura como testigo, con el propósito de preservar sus declaraciones y evitar que tengan que comparecer reiteradamente ante los tribunales.

También dispuso el levantamiento de evidencias forenses y la extracción de información de los teléfonos celulares ocupados durante la investigación.

Los imputados cumplirán los tres meses de prisión preventiva en los centros de corrección y rehabilitación Rafey Hombres y Rafey Mujeres, respectivamente, en Santiago.

La sentencia, dictada por los jueces Francisco Arias (presidente), Haissel Uribe y María del Carmen García, halló culpable a Luis Felipe Agueda Peguero de provocarle la muerte a su pareja, Ameiris Darleni Alcántara Javier, de 18 años, a causa de heridas de arma blanca, señala una nota de prensa de la Procuraduría.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, Alcántara Javier perdió la vida en horas de la madrugada del 27 de abril de 2025 a causa de múltiples heridas de arma blanca mientras se encontraba en la residencia que compartía con Agueda Peguero.

• La investigación del órgano persecutor estableció que la relación de pareja estaba marcada por episodios recurrentes de violencia física y psicológica.

Asimismo, indica que las pruebas recopiladas permitieron documentar las actuaciones del acusado antes y después del hecho, incluyendo comunicaciones telefónicas, mensajes extraídos de dispositivos electrónicos y otros elementos relevantes para el esclarecimiento del crimen.

Refiere que el Ministerio Público reunió pruebas testimoniales, documentales, periciales y materiales, entre ellas, el informe de autopsia, los análisis forenses realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y la experticia practicada al arma blanca vinculada al hecho.

Pruebas presentadas

Entre los elementos probatorios también se encuentran las declaraciones de testigos y los resultados del análisis de los teléfonos celulares ocupados al procesado, cuyos contenidos aportaron información relevante sobre las circunstancias que precedieron y sucedieron a la muerte de la joven.

El Ministerio Público presentó acusación por la violación de los artículos 295, 296, 297, 298, 303 y 303-4, ordinal 7, del antiguo Código Penal dominicano, así como de los artículos 83 y 86 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, conforme a la calificación jurídica establecida en el expediente acusatorio.

• Agueda Peguero cumplirá la condena en la cárcel pública de El Seibo.

Más temprano, la entidad había anunciado la suspensión temporal de las operaciones debido a una alarma detectada en el sistema de seguridad.

• A través de un comunicado, indicó que durante la interrupción su personal técnico realizó las verificaciones correspondientes para garantizar el restablecimiento seguro de las operaciones.

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Medidas de apoyo

Como medida de apoyo durante la interrupción, la EMT dispuso de unidades de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) para facilitar el traslado de los usuarios mientras se normaliza el servicio.

La nueva recusación la sometió el defensor del imputado Roberto Santiago Moquete Ortiz, quien se opuso a que las tres magistradas del Tercer Tribunal Colegiado separaran la acusación de su defendido del proceso de los otros acusados y que se decidió este miércoles.

El tribunal también decidió conocer aparte la acusación que hace el Ministerio Público contra el excontralor general Daniel Omar de Jesús Caamaño, al igual que a Moquete por la "persistencia del deterioro de salud" de ambos, al acoger una solicitud de los fiscales para que se pudiera avanzar el juicio de fondo.

Carlos Mesa, representante de Moquete, alega que aspiran imparcialidad de las magistradas recusadas, que son Evelyn Rodríguez y Leticia Martínez, quienes denegaron en septiembre declarar la extinción de la acción penal de los clientes del togado.

La recusación de la pasada semana la interpuso el abogado Juan Tomás Polanco Céspedes, imputado en el caso de presunta corrupción, y desestimada por la corte.

Advierten a abogado

Según el fiscal Melvin Romero Sosa, las juezas advirtieron al abogado Mesa que otro acto de deslealtad procesal será sancionado en cumplimiento al artículo 135 del Código Procesal Penal.

Romero Sosa sostuvo que, al ser confirmadas, la corte entendió que las magistradas tienen la calidad y la competencia para continuar conociendo el juicio de fondo.

• “Valoramos positivamente que el tribunal advirtiera a esa defensa que si vuelve a actuar de forma desleal será sancionado como establece la norma procesal”, sostuvo el miembro de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).

La citada ley contempla que "el juez o tribunal puede sancionar la falta (de una de las partes, ya sea abogado) con multa de hasta quince días del salario base del juez de primera instancia”, la que debe pagarse en efectivo en un plazo de tres días.

Melvin Sosa explicó que también el Colegio de Abogados, al remitírsele la sanción, podría suspender en el ejercicio al togado.

Los demás acusados

En el proceso penal, que también incluye a los exdirectores del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirillo, y de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el Ministerio Público ya empezó a presentar su acusación en septiembre.

A los acusados se les atribuye desviar, solo en el pago de terrenos declarados de utilidad pública más de 19 mil millones de pesos.

Entre las líneas de investigación contra el grupo se incluye la presunta creación de un programa de financiamiento de contratistas que le habría costado al Estado más de 21 mil millones de pesos, según el órgano acusador, cuyo total de pagos se ejecutaron "en violación a la ley y las reglamentaciones administrativas, sirviendo el referido programa para una mega operación de lavado de activos".

Además de Guerrero, Piccirilo y Silver Peña, enfrentan el juicio de fondo la exdirectora de Reconocimiento de Deuda Administrativa del Ministerio de Hacienda, Princesa Alexandra García Medina; y el exasesor legal de Hacienda, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, y el exsenador Rafael Calderón.

Asimismo, los abogados y particulares Ángel Gilberto Lockward Mella, Juan Tomás Polanco Céspedes, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista, Agustín Mejía Ávila, entre otros.

De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, se considera dengue grave cuando el paciente presenta una o más de las siguientes manifestaciones:

• Choque o dificultad respiratoria: debido a una extravasación grave de plasma.

• Sangrado grave: según la evaluación del médico tratante.

• Compromiso grave de órganos: como daño hepático o miocarditis, entre otras complicaciones.

La institución advierte que estos cuadros requieren hospitalización y atención en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

Asimismo, exhorta a las personas que presenten fiebre, dolor de cabeza, malestar general u otros síntomas compatibles con la enfermedad a acudir oportunamente al centro de salud más cercano y evitar la automedicación.

Medidas de prevención

Para reducir el riesgo de transmisión, Salud Pública recuerda la importancia de evitar la acumulación de agua en recipientes y otros espacios que puedan convertirse en criaderos del mosquito transmisor del dengue.

También recomienda mantener limpios los entornos y eliminar los depósitos de agua donde pueda reproducirse el mosquito.

Dengue en República Dominicana

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, informó que República Dominicana mantiene los indicadores de dengue dentro de la zona de éxito del corredor endémico, con niveles de transmisión por debajo de lo esperado, mientras se intensifican las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención y control del mosquito transmisor en todo el territorio nacional.

Atallah también indicó que las intervenciones reforzadas en la provincia La Altagracia han permitido reducir los casos de dengue, tras el despliegue de un equipo de respuesta ante el aumento registrado en esa demarcación.

Hasta la semana epidemiológica 42, República Dominicana acumulaba 556 casos confirmados de dengue.

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En el ámbito regional, hasta la semana epidemiológica 41, las Américas habían notificado 1,877,925 casos sospechosos de dengue, un 54 % menos que en el mismo período de 2025 y un 61 % por debajo del promedio de los últimos cinco años.

De ese total, 591,619 casos fueron confirmados por laboratorio, 3,963 correspondieron a dengue grave y se registraron 639 defunciones.

Durante un recorrido realizado por reporteros de Diario Libre, una pasajera relató que intentó pagar con una tarjeta, pero el sistema no la aceptó, por lo que optó por entregar un billete de 50 pesos. Sin embargo, aseguró que no recibió los 15 pesos restantes.

La usuaria explicó que esta situación representa un inconveniente para quienes no siempre disponen de monedas y dependen de las tarjetas de transporte para movilizarse.

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El equipo  constató que los autobuses tienen avisos que advierten a los pasajeros que deben pagar el monto exacto si utilizan efectivo.

Durante el recorrido, al recibir 100 pesos por el pasaje de dos pasajeros, el chofer advirtió: «Tú sabes que no hay cambio».

Ante esto, la periodista respondió: "Yo no sabía eso" y le preguntó cuál era la razón de esa disposición. El conductor contestó que no era culpa suya y que se trataba de políticas de la empresa.

Al consultar a varios usuarios, estos aseguraron que la disposición de no devolver el cambio se aplica desde que comenzó a operar el corredor.

Avisos en los autobuses

“Si opta por pagar en efectivo debe hacerlo con el pago exacto RD$35.00. NO SE DEVUELVE”, indica el letrero colocado en las unidades.

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Durante el recorrido, el equipo también observó discusiones entre pasajeros y personal de los autobuses por la falta de devolución del cambio.

La situación genera malestar entre los usuarios, especialmente cuando el sistema de pago con tarjeta no funciona y deben recurrir al efectivo para completar su viaje.

Reporteros de este medio intentaron comunicarse con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para conocer las razones de esta disposición y obtener una explicación sobre su aplicación, pero al cierre de esta información no había recibido respuesta.

Las rutas A y B del transporte urbano de La Romana anunciaron la paralización de sus unidades durante 24 horas el próximo martes 17 de noviembre, en protesta por el incumplimiento de compromisos asumidos por las autoridades municipales y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

La convocatoria fue realizada por representantes del sector, quienes explicaron que la suspensión abarcará todas las unidades de ambas rutas y responde a la falta de soluciones a una serie de problemas que, según afirmaron, han planteado durante más de una década en reuniones con las instituciones competentes.

Indicaron que uno de los encuentros más recientes se realizó en marzo de este año, durante una mesa de trabajo en la que participaron representantes del Ayuntamiento de La Romana, autoridades nacionales del Intrant y transportistas.

En esa reunión se expusieron las dificultades del sector y se establecieron compromisos para buscar alternativas. Sin embargo, los transportistas aseguran que no han recibido respuestas satisfactorias.

Asimismo, señalaron que hace aproximadamente dos meses se reunieron con el alcalde Eduardo Kery Metivier Montás y el Concejo de Regidores. En ese encuentro, el ejecutivo municipal solicitó un plazo hasta mediados de octubre para realizar señalizaciones y corregir los problemas planteados, con el compromiso de que estarían resueltos en noviembre.

Sin embargo, sostuvieron que ese compromiso tampoco se cumplió, por lo que decidieron suspender las operaciones como mecanismo de presión para obtener respuestas concretas.

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Las demandas de los transportistas

Entre sus principales demandas figura el cumplimiento de la Ordenanza Municipal 09/2021, del 2 de julio de 2021, que establece el perfil de ruta que debe utilizar el transporte que opera desde Villa Hermosa hacia La Romana. Los transportistas alegan que su corredor de transporte urbano se encuentra totalmente invadido.

También exigen la aplicación de los artículos 58 y 59 de la Ley 63-17, relacionados con las disposiciones que regulan la prestación del servicio de transporte interurbano desde su parada de origen hasta su destino.

Otra de sus solicitudes es el asfaltado de aproximadamente 500 metros en la intersección entre los sectores George y Villa Princesa, para conectar ambas comunidades y facilitar el acceso de sus residentes al transporte público.

• Además, reclaman que el Ayuntamiento, en coordinación con una comisión del transporte urbano, establezca y señalice áreas para el abordaje y descenso de pasajeros en los puntos de mayor circulación de la ciudad.

Entre los lugares mencionados figuran Jumbo, Los Jardines, el Parque Central, Lorence Plaza, Los Héroes y la esquina del parque infantil.

Los representantes del sector explicaron que la delimitación de estos espacios permitiría organizar el tránsito, reducir los conflictos que se producen en esas zonas y facilitar que los usuarios identifiquen los puntos donde pueden abordar las unidades.

Finalmente, reiteraron su disposición de mantener el diálogo y alcanzar acuerdos que favorezcan tanto a los trabajadores del transporte como a los usuarios del servicio.

El general de brigada José Delio Mora Reynoso ha sido colocado en situación de retiro de la Policía Nacional en dos ocasiones, pero ambas decisiones fueron posteriormente anuladas por los tribunales dominicanos, tras procesos judiciales iniciados por el oficial.

Su carrera policial comenzó el 1 de marzo de 1983, cuando ingresó como cadete, de acuerdo con los antecedentes recogidos en la sentencia TC/0877/18 del Tribunal Constitucional.

Veinticinco años después, el 28 de febrero de 2008, alcanzó el rango de general de brigada mediante la Orden General 009-2008 de la Policía Nacional.

El primer retiro

El 3 de marzo de 2010, mediante la Orden General 024-2010, Mora Reynoso fue colocado en situación de retiro con disfrute de pensión por antigüedad en el servicio.

Esta decisión motivó su primera batalla judicial, y es que recurrió al Tribunal Superior Administrativo (TSA), alegando que su retiro se había producido sin cumplir los requisitos establecidos en la Ley Institucional de la Policía Nacional 96-04.

En su acción de amparo, el general de brigada argumentó que para entonces tenía 48 años de edad y 26 años de servicio, por lo que no reunía las condiciones legales para ser retirado por antigüedad, ya que la legislación establecía para los oficiales generales el retiro obligatorio a los 60 años de edad o al completar 35 años de servicio.

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También denunció que no se había reunido el Consejo Superior Policial ni agotado el procedimiento correspondiente, por lo que consideró vulnerados sus "derechos al trabajo, al honor personal y al debido proceso".

El 16 de abril de 2015, la Primera Sala del TSA acogió su recurso y ordenó su reintegro al grado que ostentaba al momento de su separación.

En su decisión, el tribunal determinó que el retiro se había realizado al margen del debido proceso, sin que se demostrara la existencia de faltas que justificaran su separación ni que se hubiera cumplido el procedimiento legal correspondiente.

Sin embargo, la Policía Nacional recurrió esa decisión ante el Tribunal Constitucional, pero mediante la sentencia TC/0877/18, del 10 de diciembre de 2018, el organismo declaró inadmisible el recurso de revisión.

La reincorporación de Mora Reynoso a las filas del cuerpo del orden se materializó el 21 de mayo de 2020, más de cinco años después de la decisión del TSA.

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Funciones en la Policía  

Tras su reingreso, el general de brigada José Delio Mora Reynoso desempeñó varias funciones dentro de la Policía Nacional, entre ellas la dirección de tres dependencias regionales.

En octubre de 2020 fue designado director de la Dirección Regional Noroeste de la Policía Nacional, con asiento en Mao, provincia Valverde, en sustitución del general Boris Goico Campagna.

Posteriormente, ocupó la Dirección Regional Santo Domingo Norte, cargo para el que fue designado el 15 de septiembre de 2021 y en el que permaneció aproximadamente dos meses, hasta ser sustituido por el coronel Marino Carrasco Hernández, el 7 de diciembre de ese año.

No obstante, ese mismo día, Mora Reynoso fue juramentado como titular de la Dirección Regional Sureste, con asiento en San Pedro de Macorís, en sustitución del general Latif Mahfoud Rodríguez.

Nueva batalla judicial

El 1 de marzo de 2022, mediante el artículo 12 Decreto 102-22, emitido por el presidente Luis Abinader, Mora Reynoso fue colocado nuevamente en honrosa situación de retiro con disfrute de pensión.

Sin embargo, el oficial volvió a cuestionar su separación ante los tribunales. El primer recurso de amparo que presentó fue declarado inadmisible por el TSA el 3 de agosto de 2022, al considerar que debía acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para reclamar sus derechos.

La decisión fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, que mediante la sentencia TC/0236/25, del 2 de mayo de 2025, rechazó la revisión y confirmó que el amparo no era la vía judicial correspondiente para conocer su reclamación.

Sin embargo, el proceso continuó por la vía contencioso-administrativa y el 26 de agosto de 2025, la Tercera Sala del TSA dictó la sentencia 0030-04-2025-SSEN-00529, mediante la cual declaró nulos el artículo 12 del Decreto 102-22 y la Orden General 014-2022 de la Policía Nacional, que sustentaban su retiro.

Se trata de un inmueble diseñado en la década de 1960 por el arquitecto Cuqui Batista.

El historiador Edwin Espinal Hernández cuestionó la falta de iniciativas institucionales para identificar y proteger las obras que forman parte de ese legado.

Sostuvo que la producción arquitectónica de Batista constituye un referente de la modernidad dominicana por sus aportes en diseño, estética, materiales y funcionalidad, así como por los valores históricos y sociales asociados a sus edificaciones.

• A su juicio, la pérdida de estas construcciones está relacionada con la escasa valoración de la arquitectura del siglo XX, una situación que, según recordó, ya había sido advertida por organismos internacionales dedicados a la protección del patrimonio cultural.

En ese contexto, citó el Documento de Madrid, aprobado por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) en 2011, que establece criterios para conservar el patrimonio arquitectónico moderno y plantea la necesidad de identificarlo, documentarlo y estudiarlo antes de que desaparezca. 

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Protección del patrimonio

El historiador consideró que la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental tiene una responsabilidad pendiente en este proceso. Señaló que la Ley 492 de 1969 le atribuye competencias relacionadas con la protección y el enriquecimiento del patrimonio cultural tangible.

Indicó que entre las tareas necesarias figuran la elaboración de inventarios, las investigaciones especializadas y los estudios multidisciplinarios sobre las edificaciones modernas dominicanas, con especial atención a las obras de Cuqui Batista.

Espinal Hernández planteó que estos inmuebles deben ser reconocidos como referentes materiales de la identidad nacional y cuestionó cuándo las autoridades asumirán esa labor. 

El incidente ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana del martes.

Estudiantes de tercero B de secundaria, el curso donde se desprendió parte de la estructura, aseguran que días antes habían advertido sobre la aparición de grietas en el techo.

Incluso, afirman que alertaron a sus maestros el mismo día del incidente, pero, según relatan, estos no les prestaron atención porque pensaban que simplemente no querían recibir clases.

Tras el desprendimiento, las autoridades dispusieron la salida de los estudiantes de las 24 aulas del plantel. Este miércoles, algunos alumnos acudieron al centro para retirar sus pertenencias.

María Magdalena Rondón, presidenta de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (Apmae), explicó que se desprendió parte del material colocado en el techo y que las autoridades iniciaron las evaluaciones para corregir la situación.

"Bueno, en el día de ayer hubo un pequeño inconveniente aquí. Se nos desprendió del techo, lo que diríamos, el fino que le ponen", expresó.

Rondón indicó que entre los trabajos previstos figura la intervención de la zona asfáltica que, según explicó, permitía la filtración de agua hacia el techo. También se retirará el pañete existente para colocarlo nuevamente mediante otro procedimiento.

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"De inmediato empezaron los trabajos para remodelar la zona asfáltica que estaba filtrando agua al techo. Será cambiada y, aparte de eso, el empañete será nuevamente, se hará nuevamente; se quitará el que está y se hará de otra manera", explicó.

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El Gobierno sigue inaugurando aulas escolares a menos de dos días del inicio del año escolar

La presidenta de la Apmae señaló que se trata de una estructura de más de 10 años, cuya terminación se ha realizado por etapas debido a la demanda de la población estudiantil.

Ingenieros, contratistas y representantes del Ministerio de Educación y de la Dirección de Infraestructura Escolar acudieron este miércoles al centro educativo para realizar un levantamiento de las edificaciones y determinar los trabajos necesarios.

Mientras se resuelve la situación, la docencia presencial permanecerá suspendida y las clases se impartirán de manera virtual hasta el próximo lunes, fecha establecida por las autoridades como plazo para solucionar el problema.

Inauguración

La primera etapa del Politécnico Profesora Soraya Valentina Núñez Díaz fue inaugurada el 23 de agosto de 2025 por el presidente Luis Abinader y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, dos días antes del inicio del año escolar 2025-2026.

La entrega del plantel formó parte de las iniciativas del Gobierno para enfrentar el déficit de aulas en el sistema educativo público.

El octogenario mandatario reapareció el lunes para rendir un homenaje a uno de los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Carlos Fonseca Amador (1936-1976), en un acto oficial de 25 minutos en el que caminó a marcha lenta, con pasos cortos, y de la mano de Murillo.

Con un ramo de flores que confundió con un micrófono, dibujó una leve sonrisa y habló de forma lacónica: "Carlos: aquí están los jóvenes, los que jamás olvidarán, los que jamás te traicionarán, los que siempre te serán leales hasta la muerte".

La última aparición pública de Ortega había sido el 2 de septiembre pasado cuando presidió el acto central por el 47 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua.

La plataforma Confidencial documentó que "este es el período más largo sin apariciones que ha tenido el mandatario, pero sobre todo, marca un patrón de desaparición cada vez más prolongado", y aseguró de que durante 2026 "sus salidas se han reducido a menos de la mitad que en años previos".

Entre 2018 y 2025 el veterano gobernante promedió 26 apariciones públicas entre enero y octubre de cada año. Sin embargo, en ese mismo período de 2026 solo ha tenido 11 actos públicos, según Confidencial.

La sucesión dinástica

En medio de su prolongada ausencia, la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó en primera legislatura, de dos necesarias, una reforma constitucional que elimina la figura de vicepresidente y en su lugar crea la de "designados presidenciales", quienes serán nombrados por los copresidentes de la República.

El Parlamento está supeditado al Gobierno de Nicaragua que copreside el matrimonio formado por Ortega y Murillo.

Para el dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado, Félix Maradiaga, esa nueva reforma constitucional, la tercera en los últimos tres años, está encaminada a allanar el camino a la "sucesión dinástica".

La última reforma tiene un fondo evidente y es que "Daniel Ortega tiene una edad avanzada, un deterioro físico visible y un declive cognitivo que ya nadie en el poder puede disimular", argumentó en una declaración Maradiaga, quien fue excarcelado y expulsado a Estados Unidos por las autoridades nicaragüenses el 9 de febrero de 2023 junto a otras 221 personas.

"Rosario Murillo sabe que ese momento llegará y no ha encontrado la fórmula para heredar el poder sin fracturar al partido. El nombre de Laureano Ortega Murillo (hijo de la pareja presidencial) en la lista de posibles designados confirma lo que todos sospechábamos: no buscan continuidad institucional, buscan una sucesión dinástica", alegó.

Para el académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), Carlos Murillo, es la copresidenta Murillo la que toma las decisiones en Nicaragua, porque, según dijo a EFE, Ortega "en este momento está bastante enfermo".

Rosario Murillo y Laureano Ortega

Ortega llega a los 81 años delegando paulatinamente el poder a Murillo, de 75 años, y a sus hijos, principalmente a Laureano, encargado de las relaciones con China y Rusia y considerado como el 'delfín' por sectores de la oposición.

De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), Ortega y Murillo avanzan a "pasos rápidos" para instaurar una "sucesión dinástica" controlada en Nicaragua.

"La dictadura avanza con prisas en la sucesión dinástica, específicamente trasladando el poder de Daniel Ortega a Rosario Murillo; pero, considerando que Murillo es una figura que goza de una muy baja o nula legitimidad entre sus propias filas e incluso su círculo más cercano de leales, se ha dado a la tarea de conseguirla a toda costa en el menor tiempo posible", argumenta ese centro de pensamiento.

Según el Cetcam, en esa línea se inscriben las penúltimas reformas a la Constitución aprobadas por el Parlamento a inicios de septiembre en primera legislatura, de dos necesarias para entrar en vigor, que tuvo lugar semanas después de que Ortega declarara públicamente que en Nicaragua "no volverá a haber elecciones", lo que provocó un enorme rechazo internacional.

Esa enmienda constitucional, que está previsto que sea ratificada el 18 de enero de 2027 para entrar en vigor, prohíbe explícitamente la participación en procesos electorales a cualquier ciudadano que sea calificado por las autoridades como "traidor a la patria" y amplía a siete años el mandato presidencial.

Ortega, un exguerrillero sandinista de 81 años que gobierna el país desde 2007, es la persona que ha ostentado más tiempo el poder en Nicaragua, con 30 años. Coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidió por primera vez el país de 1985 a 1990.

Para Frank Matos, quien tiene 52 años viviendo en el sector Los Jardines, próximo a la avenida, una de las principales inquietudes es qué ocurrirá con el espacio destinado a los peatones, especialmente con la acera por la que acostumbraba caminar.

“Eso es lo que yo le he dado mente, que dónde va a ir la acera. La acera donde uno caminaba ya no va a estar, no sé cómo lo harán”, expresó.

Matos afirmó que cruzar la avenida anteriormente representaba una dificultad y con la incorporación de nuevos carriles y una mayor amplitud de la vía, podría resultar todavía más complicado para quienes se desplazan a pie.

El residente también aseguró que los trabajos han cambiado la tranquilidad que caracterizaba al entorno de su vivienda. Explicó que le preocupa el movimiento de camiones y equipos pesados, así como el humo y los gases que emiten esos vehículos.

“Ha afectado porque esto es una zona tranquila. Nos quita más de privacidad, tranquilidad, porque ya cuando vengan esos camiones y eso pasando, el Gobierno se metió ya, ya ellos están rompiendo”, comentó.

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"Más carriles, más dificultades"

José Ciprián, residente en Arroyo Hondo, y quien utiliza las aceras próximas al Jardín Botánico Nacional para caminar o realizar ejercicios consideró que la ampliación podría dificultar el desplazamiento de los peatones si no se contemplan soluciones para cruzar por la zona.

“Obviamente, porque habrá más carriles para atravesar. Generalmente el que anda a pie si le dificulta. Yo ando montado, pero es un problema, a menos que pongan un paso peatonal para que la gente pueda cruzar”, expresó.

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Ciprián indicó que el comportamiento de algunos conductores también representa un riesgo para los peatones, debido a la velocidad con que transitan los vehículos y que no siempre toman en cuenta a los peatones.

"La situación se complica porque lamentablemente en esta vía nosotros los choferes  somos un poco desconsiderados y andamos por encima de la velocidad permitida y no tenemos muy en cuenta el tráfico de peatones. Mientras más carriles tenga, más problemas tiene el transeúnte", añadió.

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Obras Públicas amplía trabajos en Los Próceres con carril junto acera del Botánico

La moradora Nancy Acosta, quien se encontraba realizando ejercicios en los alrededores del Jardín Botánico, afirmó que la solución vial podría facilitar el desplazamiento en la zona, siempre que se concrete el paso a desnivel contemplado en el proyecto.

A su juicio, si parte del flujo vehicular se canaliza por debajo de la vía, disminuiría la cantidad de vehículos que circulan por el nivel superior y, con ello, las dificultades para los peatones.

No obstante, señaló que deberían contemplarse mecanismos de seguridad y asistencia para las personas envejecientes, quienes enfrentan mayores riesgos al cruzar avenidas de mucho tránsito.

De su lado, Wanda Alvarado, otra comunitaria, cuestionó el respeto a los espacios destinados a los peatones y el comportamiento de algunos conductores, especialmente de los motociclistas que utilizan las aceras para desplazarse.

“Aquí no hay ley, aquí ellos hacen lo que les da la gana, ¿de qué le vale a uno estar defendiendo el peatón si eso nunca ha pasado? Los motoristas se suben por encima de la acera, esto es un descontrol total”, manifestó.

Otro transeúnte, que prefirió no identificarse expresó que la ampliación podría contribuir a reducir los congestionamientos que se producen en los alrededores, ante el aumento de vehículos y de residentes en los sectores cercanos.

“El Jardín Botánico tiene bastante espacio, por aquí se arman unos tapones y unos problemas que yo creo que robándole ese pedacito al Botánico nos ayudamos un poquito más con el tránsito. Todos los días hay más vehículos y se muda más gente para este lado y eso es un problema”, añadió.

Congestión vehicular

Durante un recorrido por la avenida, un equipo de Diario Libre constató dificultades en la circulación vehicular, con conductores que avanzaban lentamente mientras intentaban atravesar los tramos próximos a las áreas intervenidas.

Un conductor de una ruta de carros públicos manifestó que había tenido que enfrentar dificultades para avanzar hacia su destino.

Sin embargo, otro conductor que frecuenta diariamente la zona señaló que los congestionamientos son habituales, incluso antes del inicio de las obras.

“Eso es normal aquí, aunque no estén esos trabajos siempre se coge lucha”, comentó.

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Avanzan en los trabajos

Los trabajos de construcción en la avenida Los Próceres se han extendido hacia el carril del extremo sur de la vía, en dirección oeste-este, donde se realizan excavaciones y movimientos de tierra como parte del proyecto de transformación de la avenida República de Colombia y su conexión con la Jacobo Majluta.

Diario Libre constató la colocación de barreras de seguridad vial de concreto, vallas metálicas y señalización provisional para separar el área intervenida de los carriles que permanecen habilitados al tránsito y personal trabajando en el lugar.

Las obras forman parte del proyecto de solución vial y ambiental de la avenida República de Colombia, presentado por el Ministerio de Obras Públicas en julio de 2025.

Entre las intervenciones contempladas figura la construcción de un paso a desnivel en la intersección de las avenidas República de Colombia y Los Próceres, además de otras soluciones destinadas a mejorar la circulación vehicular.

La ceremonia se celebró este miércoles en la Catedral Primada de América, con la asistencia del presidente Luis Abinader y la primera dama, Raquel Arbaje. También participaron el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; el comandante general del Ejército y el director general de Migración, entre otras autoridades.

Morel Diplán destacó que la misión de los capellanes incluye formar a los uniformados en el respeto a los derechos fundamentales y acompañarlos en las situaciones difíciles que enfrentan durante su servicio.

“Los capellanes están llamados a educar en valores éticos y morales basados en el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales, buscando que los fieles a su cargo no solo sirvan a su patria con honor, sino que también fortalezcan su relación con Dios”, expresó.

El arzobispo vinculó esa formación con las experiencias de quienes trabajan en contacto cotidiano con la violencia y el sufrimiento.  

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“El capellán debe acompañar a los hombres y mujeres que tocan diariamente el dolor, la violencia, la delincuencia y el sufrimiento; desde esa experiencia diaria, la fe puede iluminar y transformar aquellas realidades en fortaleza y esperanza”, manifestó.

En esa misma línea, Bertoldi sostuvo que la asistencia espiritual debe ir más allá de la administración de los sacramentos y de la presencia institucional de la Iglesia en los cuerpos de seguridad.

“Consiste, ante todo, en extender la fe y al mismo tiempo trabajar por la reconciliación y la paz, escuchando al soldado abrumado o apartado de su hogar, acompañando a su familia en momentos de incertidumbre o pérdida, brindando una palabra de aliento y reconforte y promoviendo la dignidad humana y el respeto a la integridad territorial”, señaló el nuncio.

Al referirse al mensaje del papa León XIV, Bertoldi indicó que la paz debe alimentarse cada día mediante la confianza mutua, el diálogo sincero y la búsqueda del bien común, superando rivalidades y divisiones.

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Arzobispo Diplán afirma reforma policial se medirá por el trato en las calles y no por uniformes

Cercanía con los uniformados

El representante del pontífice pidió al nuevo ordinario militar mantener una relación cercana con los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en sus lugares de servicio.

“Camine junto a los capellanes, visite los cuarteles, los destacamentos fronterizos, las bases y los recintos navales, de forma que cada uniformado dominicano sienta la caridad de Cristo que Martín (de Tours) mostró de forma concreta”, exhortó.

Bertoldi recurrió al ejemplo de san Martín de Tours, quien compartió su capa militar con un hombre que sufría frío, para ilustrar una misión pastoral basada en la misericordia y el servicio al prójimo.

También llamó a los generales, jefes de Estado Mayor y demás integrantes de las fuerzas del orden a recibir al nuevo ordinario con apertura y apoyarse en él para cumplir sus responsabilidades de defender la soberanía, garantizar la seguridad ciudadana y contribuir a la paz.

Morel Diplán afirmó que la Iglesia quiere ponerse al servicio de los uniformados mediante el acompañamiento pastoral y espiritual.

“Los vemos como hermanos que necesitan ser escuchados, comprendidos y apoyados; hermanos que son parte de nuestras familias y comunidades y que, como todos, muchas veces sufren y necesitan ser auxiliados desde el amor infinito del Padre que nos llama”, sostuvo.

El prelado destacó que esa atención también debe llegar a las familias y que los sacerdotes necesitan conocer las condiciones particulares de la vida militar y policial para acompañar con paciencia a sus miembros. 

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Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán asume como arzobispo metropolitano de Santo Domingo

Una misión que enfrenta incomprensión

Morel Diplán reconoció que la pastoral castrense enfrenta dificultades para que su propósito sea comprendido, incluso dentro de las instituciones a las que sirve y de la propia Iglesia.

“Es una pastoral poco comprendida por algunos hermanos en los cuerpos castrenses y en la policía, incomprendida por muchos miembros de la Iglesia y desconocida e incomprendida por muchas personas en la sociedad civil”, expresó.

Explicó que el Ordinariato Militar debe facilitar a los fieles de esas instituciones la participación en los sacramentos, la oración, la formación catequética y la dirección espiritual.

También planteó que los capellanes deben actuar con compasión y empatía, tomando como referentes las figuras del Buen Pastor y del Buen Samaritano.

“Ser un capellán samaritano es mirar siempre a quienes acompañan como a un hermano a quien debe cuidar con ternura y paciencia para construir un mundo más justo, compasivo y humano”, afirmó. 

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Dos responsabilidades distintas

Morel Diplán sustituye a monseñor Francisco Ozoria Acosta al frente del Ordinariato Militar. Su nombramiento para esa función fue anunciado por el papa León XIV el pasado 12 de octubre, mientras que la ceremonia de este miércoles correspondió a la toma de posesión canónica.

Ese mismo día de octubre sucedió a Ozoria como arzobispo metropolitano de Santo Domingo, después de que el pontífice aceptara la renuncia de su antecesor. En ese caso, la sucesión se produjo por su condición de arzobispo coadjutor con derecho a sucederlo.

Aunque ambas responsabilidades recaen en la misma persona, la Arquidiócesis de Santo Domingo y el Ordinariato Militar son jurisdicciones eclesiásticas distintas. Para encabezar este último, Morel Diplán recibió un nombramiento específico del papa.

El acuerdo de 1958 entre la Santa Sede y la República Dominicana, con su reforma de 1990, contempla que la responsabilidad de ordinario militar sea ejercida por el arzobispo de Santo Domingo.

Al finalizar su intervención, Morel Diplán presentó al equipo que lo acompañará en esta misión, integrado por vicarios, responsables administrativos y los capellanes mayores del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional.

La disposición, establecida mediante la resolución administrativa número 011-2026, en virtud de los artículos 8 y 120 de la Ley 63-17, también contempla la suspensión temporal de los permisos otorgados a través del Plan Piloto para la Zona de Acceso Restringido (ZAR).

De acuerdo con el Intrant, la restricción se aplicará en dos períodos:

- Navidad: desde el miércoles 23 de diciembre de 2026, a las 6:00 de la mañana, hasta el sábado 26 de diciembre, a las 5:00 de la mañana.

- Año Nuevo: desde el miércoles 30 de diciembre de 2026, a las 6:00 de la mañana, hasta el sábado 2 de enero de 2027, a las 5:00 de la mañana.

La institución explicó que estas medidas buscan prevenir siniestros viales durante las festividades, cuando se registra un mayor desplazamiento de vehículos por las carreteras del país. 

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El Intrant aplicará medidas para circulación de vehículos de carga en Navidad y Año Nuevo 2026

Vehículos que podrán circular con permisos especiales

El Intrant informó que otorgará permisos de circulación de manera condicional, exclusivamente a los vehículos que transporten mercancías prioritarias o perecederas.

Entre las categorías que podrán solicitar estas autorizaciones figuran los vehículos destinados al transporte de combustibles, agua envasada, alimentos, juguetes, medicamentos, equipos médicos y desechos hospitalarios.

También podrán solicitar permisos las unidades que transporten cal viva para la generación eléctrica, envases y papeles desechables, así como las destinadas al transporte de valores y la organización de eventos.

Sin embargo, la institución advirtió que no otorgará permisos a vehículos con cargas especiales, como camiones de doble cola o doble remolque, ni a unidades con cargas sobredimensionadas o sobrepeso, independientemente del tipo de mercancía que transporten.

Vehículos exentos de la prohibición

La resolución establece que las camionetas, furgonetas, ambulancias, vehículos de emergencia y unidades de servicio de agua en cisterna podrán circular durante los períodos establecidos sin necesidad de solicitar permisos especiales.

También quedan exentos los vehículos debidamente identificados que presten servicios de mantenimiento y reparación de averías eléctricas, de cable y telefonía.

La excepción incluye, además, las unidades destinadas a servicios sanitarios, mantenimiento vial, asistencia vial e higiene urbana.

Requisitos para obtener los permisos

Los propietarios de vehículos que cumplan con las condiciones establecidas podrán solicitar los permisos a través del portal oficial del Intrant, www.intrant.gob.do.

La plataforma permite realizar el pago en línea y obtener un permiso digital con código QR, que facilitará la fiscalización por parte de los agentes de tránsito.

La institución recordó que, para acceder a estas autorizaciones, es obligatorio que los propietarios hayan inscrito sus unidades en el Registro Nacional de Vehículos de Cargas.

Límites de velocidad y sanciones

El Intrant también estableció normas de circulación para los vehículos de carga que obtengan permisos especiales durante las festividades.

Estas unidades no podrán superar los 70 kilómetros por hora en carreteras troncales y deberán circular por el carril derecho.

Asimismo, los conductores tendrán que garantizar que la mercancía esté debidamente asegurada y que no sobresalga de la carrocería del vehículo.

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones establecidas en la resolución será sancionado con una multa equivalente a un salario mínimo del sector público descentralizado.

De acuerdo con el Intrant, la penalidad se aplicará tanto al propietario del vehículo como al conductor, conforme a lo establecido en la ley.

La denuncia pública busca establecer quiénes solicitaron las órdenes judiciales, a qué agentes fueron entregadas y qué hicieron los representantes del Ministerio Público antes y después de las intervenciones que terminaron con fallecimientos.

La petición, fechada el 11 de noviembre, está firmada por Carlos Balcácer, Cándido Simón Polanco, Enrique Vallejo Garib, Guarionex Ventura, Ibo René Sánchez, Manuel Sierra Pérez y Valentín Medrano Peña. Los juristas sostienen que las investigaciones no deben limitarse a determinar la conducta de los policías que dispararon.

Quieren que se examine si los fiscales que intervinieron en la tramitación de las órdenes de arresto supervisaron su ejecución, participaron en las diligencias posteriores y documentaron adecuadamente las circunstancias de cada muerte.

"Nos interesa saber cuáles fueron los fiscales que han tenido actividad procesal en las ejecuciones", explicó Balcácer durante una entrevista con Diario Libre. 

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Las diligencias solicitadas

Los abogados piden que Sepúlveda solicite a la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, encabezada por la jueza Kenya Romero, la identificación de los fiscales que requirieron órdenes de arresto y allanamiento en los casos cuestionados.

Además, reclaman determinar las fechas en que fueron expedidas, quién las retiró del tribunal, cuándo se entregaron a los policías y si continuaban vigentes cuando se realizaron los operativos.

Otro aspecto de la denuncia es la actuación de los fiscales después de los fallecimientos. Los firmantes solicitan identificar a quienes levantaron o firmaron las actas procesales y establecer si estuvieron presentes en los lugares donde ocurrieron los hechos.

Quieren conocer las autopsias, los informes de los médicos legistas, los peritajes balísticos, las armas ocupadas, los registros de evidencias y las grabaciones de cámaras de vigilancia que permitan comprobar o descartar las versiones de enfrentamientos armados.

También proponen entrevistar a los responsables de Asuntos Internos y reconstruir el recorrido de cada orden judicial. 

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El Congreso deja morir los proyectos para interrogar a Faride y al director de la PN por muertes en intercambios

Según Balcácer, resulta necesario determinar si existió una investigación fiscal efectiva tras cada intervención y quién asumió la dirección de esas diligencias. Insistió en que una orden de arresto autoriza detener a una persona para presentarla ante la justicia, no causarle la muerte.

El artículo 38 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, número 133-11, otorga a los procuradores generales de corte facultades para supervisar las investigaciones de las fiscalías de su región, impartir instrucciones cuando adviertan negligencia manifiesta y velar por la dirección funcional de las investigaciones.

Los denunciantes invocan esas atribuciones para exigir que Sepúlveda investigue posibles actuaciones u omisiones de fiscales del Distrito Nacional. La instancia no busca identificar individualmente a funcionarios del Ministerio Público como responsables de delitos: precisamente exige obtener los expedientes para establecer quiénes intervinieron y qué responsabilidad podría corresponderles.

El documento cuestiona, además, el uso de la expresión policial "clave 29", a la que los abogados atribuyen un significado relacionado con la muerte de personas perseguidas. Esa interpretación forma parte de sus alegatos y requiere comprobación. 

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Acciones legales anteriores

La nueva acción se suma a las diligencias iniciadas en octubre. El grupo había solicitado a la Procuraduría General de la República investigar las muertes en supuestos intercambios de disparos y posteriormente presentó una querella ante la Fiscalía del Distrito Nacional contra el director policial, Ernesto Rafael Rodríguez García, y otros agentes.

En esta ocasión, los abogados afirman que no han recibido respuesta a sus requerimientos de documentos e investigaciones. Advirtieron que, si tampoco se tramita esta nueva petición, acudirán ante un juez para reclamar actuaciones concretas.

Como parte de sus argumentos, los firmantes incluyen una relación de 47 muertes que atribuyen a intervenciones policiales entre el 17 de agosto y el 28 de septiembre de 2026, coincidiendo con las primeras semanas de la gestión de Rodríguez García. 

La controversia trasciende esos casos. Al 9 de noviembre, al menos 116 personas habían fallecido en hechos reportados como intercambios de disparos desde septiembre, mientras dos iniciativas legislativas para convocar al director policial y a la ministra de Interior y Policía no llegaron a conocerse en el Congreso.

El 28 de octubre, Rodríguez García respondió a las acusaciones anteriores con el argumento de que toda imputación debe estar sustentada. "No hay condena sin pruebas", declaró entonces.

Los juristas sostienen que esa comprobación exige revisar tanto las actuaciones de los policías como los controles ejercidos por el Ministerio Público. El objetivo de la nueva denuncia es que se identifiquen las órdenes judiciales, los fiscales responsables de su tramitación y las diligencias realizadas cuando los procedimientos terminaron en muertes.

Familiares de la víctima aseguran que Alexandra había acudido a la Fiscalía para denunciar el acoso de su expareja y que incluso contaba con una orden de alejamiento. Sin embargo, la medida no impidió que el hombre continuara acercándose a ella y molestándola.

Una de sus hijas, Luz Santos, relató que su madre tenía una cita en la Fiscalía el día de su muerte. No obstante, dijo desconocer qué ocurrió durante esa visita y si recibió alguna respuesta de las autoridades.

El presunto agresor, identificado como Alejandro Villa, también falleció tras ingerir una sustancia tóxica luego de matar a cuchilladas a su expareja.

"Le ponían una orden de alejamiento, pero como quiera seguía molestándola", expresó una persona cercana a la familia, al cuestionar que las medidas de protección no evitaran el desenlace. 

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Vecinos reclaman respuestas oportunas

La tragedia ha provocado indignación entre los residentes de Villa Liberación, quienes cuestionan la respuesta de las autoridades ante las denuncias de mujeres que aseguran ser víctimas de amenazas y acoso.

Rosanna Almánzar, vecina de Alexandra, consideró preocupante que las mujeres acudan al Ministerio Público en busca de protección y, según dijo, no siempre reciban una respuesta que evite nuevas agresiones.

"Cuando una persona vaya a hacer una denuncia porque está siendo víctima o está siendo amenazada, que no se espere que pase lo peor", manifestó.

Almánzar lamentó que el caso deje a cuatro niños sin sus padres, dos de ellos hijos del homicida.

La comunitaria insistió en que las autoridades deben actuar a tiempo ante las denuncias de violencia para evitar que estas situaciones terminen en tragedias.

Por su parte, Dionisio de los Santos describió a Alexandra como una mujer buena, cariñosa y querida por los residentes de la comunidad. Dijo que su muerte causó consternación entre quienes la conocían, pues no esperaban que ocurriera un hecho de esa naturaleza en el sector. 

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Iglesia expresa preocupación por los hijos

El crimen también ha causado dolor en la comunidad católica, debido a que los hijos de Alexandra forman parte de la pastoral juvenil de la parroquia San Andrés.

El sacerdote Juan Morillo Tejada manifestó que las muertes de Alexandra y Alejandro han llenado de tristeza a los residentes de Villa Liberación, especialmente por las circunstancias en que ocurrió el hecho y las consecuencias para sus familiares.

El religioso expresó especial preocupación por los hijos de la mujer, con quienes la comunidad parroquial mantiene vínculos cercanos.

En ese contexto, llamó a detener la violencia contra las mujeres y rechazó que alguien pretenda obligar a otra persona a permanecer en una relación sentimental cuando ha decidido terminarla.

"Basta ya de pensar que cuando una persona no quiere estar con un hombre tiene que permanecer obligada. Hay que evitar tantas pérdidas de mujeres bajo esta realidad que conocemos como feminicidio", expresó.

El sacerdote consideró que la tragedia afecta a la comunidad de La Otra Banda y representa un dolor para todo el país.

Las jornadas taurinas comenzarán a las 4:00 de la tarde en la Plaza Multiusos Ingeniero Eduardo Martínez Lima, con un programa especial que incluirá atractivos, sorpresas, actividades ecuestres y exhibiciones de caballos de paso fino.

El anuncio fue realizado durante una rueda de prensa en el Hotel Santa Cruz, encabezada por el presidente del Patronato y alcalde de El Seibo, Leo Francis Zorrilla, quien destacó la proyección nacional e internacional del evento y su potencial para atraer visitantes y turistas.

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Zorrilla explicó que la iniciativa procura ampliar la celebración de esta tradición seibana, con la aspiración de realizar cuatro corridas al año, como parte de una propuesta impulsada por el presidente Luis Abinader.

Informó que las entradas conservarán precios populares de 100 pesos para niños y 300 pesos para adultos, con el propósito de facilitar la participación de las familias y del público en general.

Actividades

Como parte de la programación, la Asociación de Paso Higüeyano presentará exhibiciones de caballos de paso fino, que desfilarán por el redondel antes del inicio de cada jornada.

• Asimismo, se implementarán medidas de seguridad y se ofrecerán atractivos comerciales. Las actividades también serán transmitidas en vivo a través de medios de comunicación locales.

Durante el encuentro, el empresario José Manuel Mallén, directivo del Patronato, exhortó a los seibanos a respaldar la iniciativa y contribuir a que la Plaza Multiusos Ingeniero Eduardo Martínez Lima alcance la autosostenibilidad.

La advertencia fue planteada por especialistas durante el VI Foro Global en Casa de Campo, organizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), donde autoridades debatieron sobre los retos educativos.

Javier González, director del Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe (Summa), llamó “delegación cognitiva” al hábito de entregar a una herramienta de inteligencia artificial la realización de una tarea y confundir el resultado con aprendizaje.

Durante una entrevista en el encuentro, González sostuvo que los estudiantes que utilizan estas herramientas pueden retener menos información y olvidarla con mayor rapidez. Como respaldo, citó un estudio del MIT Media Lab realizado con 54 participantes que escribieron ensayos sin asistencia tecnológica, mediante un buscador o con ChatGPT.

La actividad cerebral

La investigación midió la actividad cerebral mediante electroencefalogramas y encontró mayor conectividad neuronal entre quienes escribieron sin herramientas y menor entre quienes utilizaron ChatGPT. Sus autores, sin embargo, describieron los resultados como preliminares y circunscritos a tareas de escritura.

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La discusión tiene implicaciones para República Dominicana. Según los datos de PISA 2025 presentados en el foro, la mitad de los estudiantes de 15 años utiliza chatbots semanalmente para apoyarse en el aprendizaje; el 40 % los emplea para resumir textos y el 36 % para redactar trabajos.

González también advirtió sobre las distracciones provocadas por los dispositivos.

Citó que el 32 % de los estudiantes dominicanos se distrae con ellos en la mayoría de las clases.

En PISA 2022, el país registró además bajos niveles de desempeño: solo el 8 % alcanzó el nivel básico en Matemática, el 25 % en lectura y el 23 % en ciencias.

El especialista no planteó eliminar la tecnología, sino regular su uso y evitar que sustituya el esfuerzo intelectual.

Consideró que la inteligencia artificial puede también apoyar la gestión escolar, la evaluación y la formación docente, siempre que el aprendizaje mantenga al estudiante como protagonista central.

Con este caso, suman 82 las víctimas de feminicidios en 2026. El balance reúne tres casos reportados en días recientes.

La víctima fue identificada como Alexandra Josefina Santos y el hombre como Alejandro Villa. El crimen ocurrió en la vivienda de la mujer, en la calle 2 esquina 6.

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Familiares explicaron que ambos estaban separados y tenían dos hijas en común. Según sus testimonios, mantenían diferencias desde hacía varios días porque Villa supuestamente insistía en retomar la relación. Agregaron que había regresado recientemente de Estados Unidos con esa intención.

Al lugar acudieron representantes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), del Ministerio Público, la Policía Nacional y la Dirección Central de Investigación (Dicrim), para levantar los cuerpos.

Otros dos casos

Durante el fin de semana, otras dos mujeres perdieron la vida en hechos atribuidos a sus parejas o exparejas.

En San Juan de la Maguana, Jocelyn Ceballo Matrillé, de 36 años, murió por heridas de bala en un apartamento del residencial Caonabo Tower. Por el caso fue detenido Francisco Rosendo Moya Tavares, de 57 años, señalado como su expareja, a quien ayer le dictaron tres meses de prisión preventiva. 

La mujer había viajado con sus dos hijas menores tras recibir una invitación para cenar. Las niñas estaban en el apartamento cuando ocurrió el crimen y quedaron bajo protección institucional. La Policía informó que el detenido fue apresado poco después y que en la escena se recolectó una pistola nueve milímetros, cápsulas, casquillos y un proyectil.

En el sector El Paraíso, municipio de Esperanza, provincia Valverde, murió Rosanny del Carmen Almonte Molina, de 47 años, tras recibir varios disparos presuntamente realizados por su pareja, Leonalfry Torres Hernández, alias Leo. El hombre también se habría disparado y luego murió. Un familiar afirmó que entre ambos existían antecedentes de violencia y una orden de alejamiento.