La mayor tragedia se registró en el municipio de Baní, donde dos accidentes ocurridos con pocas horas de diferencia dejaron seis víctimas mortales.

El primero ocurrió en la comunidad Villa Güera, donde dos motociclistas fallecieron tras una colisión frontal entre los vehículos que conducían.

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) identificó a las víctimas como Alexander Martínez y Yohangel Germán Báez, de 17 años. De acuerdo con el informe oficial, ambos se desplazaban sin casco protector y las motocicletas carecían de placas.

Horas más tarde, otras cuatro personas perdieron la vida cuando la yipeta Chevrolet Tahoe en la que viajaban se deslizó y cayó al río Nizao, en el balneario La Neverita, de la comunidad Los Pocitos, en Pizarrete.

Las víctimas fueron identificadas como Karlos Yamil Lorenzo Gilarranz, Aldi Shamir Royer Frías, Ginneidy Alcántara Suero y el segundo teniente de la Armada de República Dominicana (ARD), Gabriel Rafael Joa Rondón.

Según la Digesett, el vehículo quedó con los neumáticos hacia arriba tras caer al agua, circunstancia que  provocó la muerte de sus ocupantes. El Departamento de Investigación de Accidentes de Tránsito mantiene abiertas las pesquisas para establecer las causas del hecho.

Víctima en Santiago

A la lista de fallecidos se sumó la mañana de ayer Elianny Genao, de 24 años, quien murió tras caer de la motocicleta en la que viajaba como pasajera y ser aplastada por una motoniveladora que realizaba trabajos en el residencial Don Jaime, en la zona oeste de Santiago.

De acuerdo con testigos, la joven se desplazaba en un motoconcho cuando, por circunstancias que aún no han sido esclarecidas, cayó al pavimento y fue impactada por la mencionada maquinaria pesada.

Residentes del sector afirmaron que este tipo de accidentes se ha vuelto recurrente y reclamaron mayores medidas de seguridad durante las labores con equipos pesados, incluyendo personal que advierta el paso de las maquinarias.

Al lugar acudieron unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1 y agentes de la Digesett.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones de los tres accidentes para determinar las circunstancias en que ocurrieron.

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Los velatorios

Los restos de Joa Rondón y Karlos Lorenzo eran velados ayer en la funeraria Jardín Memorial, en el Distrito Nacional. Familiares solicitaron privacidad y declinaron ofrecer declaraciones mientras reciben las condolencias.

En Gascue también son velados los restos de Aldy Shamir Royer Frías, mientras que Ginneidy Alcántara Suero recibe honras fúnebres en la residencia de sus abuelos maternos, en Monte Plata.

Los sepelios están previstos para hoy en distintos puntos del país. Karlos Lorenzo será sepultado en el cementerio Puerta del Cielo; Joa Rondón, en el Cristo Redentor; Royer Frías, en Cotuí, y Alcántara Suero, en Monte Plata.

El alcalde Dío Astacio explicó que las obras fueron seleccionadas a partir del proceso del presupuesto participativo, en el que, según afirmó, participaron más de 51,000 munícipes en 1,023 encuentros comunitarios.

De esas consultas surgieron más de 3,000 necesidades identificadas por las comunidades, de las cuales se comenzará con las primeras 300.

Indicó que el presupuesto participativo dispone de 300 millones de pesos  y adelantó que espera la aprobación de un presupuesto complementario que permitirá aumentar la cantidad de obras.

Precisó que los proyectos corresponden a demandas formuladas por las comunidades e incluyen construcción de badenes, aceras, contenes, reparación de imbornales, drenaje pluvial, remozamiento de parques y otras intervenciones de pequeña escala destinadas a mejorar la infraestructura urbana en los distintos sectores del municipio.

El alcalde destacó que el programa también incorpora obras inclusivas para personas con discapacidad, entre ellas semáforos con sistemas de asistencia para personas con discapacidad visual y otras facilidades orientadas a mejorar la accesibilidad y la movilidad.

Durante el acto, Astacio resaltó que la Alcaldía realiza el mayor presupuesto participativo ejecutado por una alcaldía del país, con 300 millones destinados a 100 obras de manera simultánea.

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Explicó que el proceso requirió varios meses de trabajo y la coordinación de distintas dependencias municipales para organizar las consultas comunitarias y estructurar los proyectos.

Defendió el modelo de descentralización de las contrataciones, al señalar que distribuir las obras entre numerosos ingenieros permite acelerar su ejecución y ampliar las oportunidades para los profesionales del sector, en lugar de concentrar grandes proyectos en pocos contratistas.

Como parte de esa política, propuso que los ingenieros favorecidos en el sorteo no participen en las siguientes convocatorias de este año, con el propósito de que más profesionales tengan acceso a los contratos.

Astacio afirmó que la Alcaldía mantiene un compromiso con la transparencia y aseguró que los procesos son trazables y abiertos, al tiempo que exhortó a los ingenieros a ejecutar las obras con calidad, mantener la señalización adecuada y minimizar el impacto sobre las comunidades durante los trabajos.

Abinader quiere más obras 

El alcalde también reveló que sostuvo una reunión con el presidente Luis Abinader, quien, según dijo, respaldó la realización de un nuevo sorteo para ejecutar al menos 200 obras adicionales, financiadas mediante un presupuesto reformulado que aportaría un mínimo de 400 millones de pesos adicionales.

De concretarse esa iniciativa, Santo Domingo Este desarrollaría más de 500 obras entre los recursos del presupuesto participativo y los fondos complementarios anunciados por el Gobierno, de acuerdo con lo expresado por el alcalde.

El médico rechaza las acusaciones, asegura que posee la documentación que acredita su formación profesional, atribuye los señalamientos a una persecución en su contra y afirma que, paralelamente, recopila estudios adicionales solicitados por autoridades de Estados Unidos interesadas en conocer su método.

Los cuestionamientos surgieron tras una investigación de la periodista Nuria Piera que revisó los expedientes depositados por Fadul ante el Ministerio de Salud Pública y los contrastó con información suministrada por la Universidad de Zaragoza.

De acuerdo con los registros del MSP entregados a Piera, el galeno figura con un título de Doctor en Medicina y Cirugía, con fecha del 8 de agosto de 1976; una Licenciatura en Medicina y Cirugía, del 8 de agosto de 1980, y especialidades en Medicina Familiar y Medicina Interna, correspondientes a 1982.

La Universidad de Zaragoza confirmó a Nuria Piera que Fadul cursó estudios en esa institución y obtuvo la licenciatura en Medicina y Cirugía en 1980. Sin embargo, precisó que no existe constancia de que haya obtenido un doctorado en Medicina.

Asimismo, indicó que los formatos de algunos de los títulos registrados ante el Ministerio de Salud Pública no coinciden con los modelos utilizados por la universidad en las fechas señaladas y que tampoco encontró evidencia documental de las especialidades consignadas. La institución agregó que se reserva el derecho de ejercer las acciones que estime pertinentes.

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Rechaza las acusaciones

Fadul negó ayer a Diario Libre haber falsificado documentos y sostuvo que cuenta con los originales que respaldan su formación académica. Informó, además, que evalúa iniciar acciones legales contra quienes, según afirmó, han difundido informaciones falsas sobre sus credenciales.

El médico también atribuyó los cuestionamientos a una persecución de sectores del ámbito sanitario por su propuesta para tratar el autismo mediante suplementos naturales.

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En medio de la controversia, Fadul aseguró que continúa reuniendo la documentación solicitada por autoridades estadounidenses para evaluar su método terapéutico.

Explicó que, tras el interés manifestado por la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, se le requirieron datos complementarios sobre el programa, incluidos electroencefalogramas (EEG) y otras pruebas practicadas a pacientes.

Según el galeno, como parte de ese proceso ya se han realizado unas 100 evaluaciones. Añadió que lleva tres años aplicando de manera intensiva el tratamiento, atiende diariamente entre 50 y 70 pacientes y sostiene que algunos niños comienzan a hablar entre los 70 y 90 días de iniciado el protocolo, resultados que, afirma, busca documentar para presentarlos a las autoridades estadounidenses.

Entre los aspectos más polémicos de la iniciativa figuran la revisión del esquema de vacunación infantil y el impulso a investigaciones sobre la posible relación entre la exposición a ciertos químicos y el aumento de los diagnósticos de autismo en las últimas décadas.

La decisión no solo llama la atención por las ideas que promueve, sino también porque se solicitó al doctor Ernesto Fadul realizar un estudio exhaustivo sobre su tratamiento del autismo mediante suplementos naturales que despacha desde su consultorio en Santiago.

La información fue divulgada en las redes sociales de la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana y de su embajadora Leah Campos, a través de su cuenta de Instagram, tras una reunión celebrada a mediados de este mes en Washington entre la vicepresidenta Raquel Peña; el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, y el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr.

La precisión cobra relevancia luego de que una investigación de la periodista Nuria Piera cuestionara las credenciales profesionales de Fadul. En su publicación, la diplomática indicó que Kennedy mostró interés en el tratamiento promovido por el médico dominicano y sugirió la realización de un estudio exhaustivo para evaluar sus resultados.

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¿Qué plantea la agenda MAHA?

La estrategia MAHA, impulsada por la Casa Blanca, propone una reorganización de la política sanitaria estadounidense para enfrentar el aumento de las enfermedades crónicas en la infancia.

Su eje central es impulsar investigaciones científicas para confirmar o descartar diversas hipótesis planteadas en el informe que da origen a la iniciativa. Varias de estas propuestas han generado debate porque cuestionan consensos científicos o implican cambios regulatorios de gran alcance.

Uno de los puntos más controvertidos plantea revisar el calendario infantil de vacunación e investigar las lesiones asociadas a las vacunas. El informe señala que el número de vacunas recomendadas pasó de tres a 29 inyecciones para niños de un año desde 1986.

Esta postura ha despertado preocupación entre organizaciones médicas, que sostienen que el calendario actual está respaldado por décadas de evidencia científica.

Una revisión de siete sentencias emitidas este año por el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Dajabón muestra que solo dos de las personas halladas culpables deberán cumplir una pena de reclusión menor por transportar haitianos en condición migratoria irregular, en hechos ocurridos entre febrero de 2024 y abril de 2025.

En los cinco expedientes restantes, el tribunal aplicó las circunstancias atenuantes previstas en el artículo 463 del Código Penal al considerar distintos factores como infractores primarios, la admisión de los hechos, el arrepentimiento, la ausencia de agravantes y las posibilidades de reinserción social como parte de las bases para reducir las penas y suspenden total o parcialmente su ejecución.

Cómo operaban

Los siete expedientes revisados muestran un patrón similar. Seis de los condenados fueron arrestados en Dajabón mientras transportaban entre dos y ocho haitianos en condición migratoria irregular. Los tribunales consideraron como prueba del beneficio económico las declaraciones de los migrantes o el dinero ocupado durante los arrestos.

Seis de los siete imputados enfrentaron el proceso en libertad con medidas de coerción. Solo Fernando Martínez Ramos permaneció en prisión preventiva y deberá cumplir un año y dos meses de cárcel. Francima Aristil, por su parte, fue el único condenado que deberá cumplir íntegramente la pena de tres años de prisión. 

La decisión está contenida en la sentencia TC/0689/26, dictada este martes 28 de julio de 2026, en respuesta a una acción directa de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano Víctor Eddy Mateo Vásquez contra el referido decreto.

La disposición presidencial, vigente desde hace 20 años, establece la prohibición de vender bebidas alcohólicas a partir de las 12:00 de la medianoche de domingo a jueves y desde las 2:00 de la madrugada los fines de semana, además de contemplar sanciones como el cierre temporal o definitivo de los establecimientos infractores.

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Da dos años de vigencia al decreto

Aunque declaró inconstitucional el decreto, el alto tribunal dispuso que su vigencia permanecerá dos años más, luego de notificada la sentencia.  

Esto significa que el Decreto 308-06 continuará vigente durante ese plazo. La decisión se tomó para que "no se produzca un vacío" por la declatoria de  inconstitucionalida.

El TC exhortó al Congreso Nacional para que en ese tiempo, legisle en torno a la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas en colmados, discotecas, bares, casinos y centros de diversión en horario nocturno. 

"Exhortar al Congreso Nacional para que en un plazo no mayor de dos (2) años, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, legisle en torno a la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas en colmados, discotecas, bares, casinos y centros de diversión en horario nocturno", estableció el Tribunal.

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Análisis del Tribunal Constitucional

La decisión del TC no fue unánime. En su análisis, el Tribunal reconoció que la finalidad del decreto, preservar el orden público y la seguridad ciudadana, es constitucionalmente legítima y que la regulación de horarios constituye un mecanismo idóneo para perseguir ese objetivo.

Sin embargo, concluyó que la medida no supera el examen de razonabilidad porque fue aplicada sin un límite temporal definido y terminó convirtiéndose en una restricción permanente.

Los magistrados señalaron que la ausencia de un período específico de vigencia impide establecer una relación directa entre la restricción impuesta y la situación que buscaba atender, por lo que el decreto devino irrazonable con el paso del tiempo.

Regulación de horarios

La sentencia establece que el presidente de la República tiene facultades para emitir decretos y adoptar medidas administrativas relacionadas con el orden público. No obstante, precisa que esas atribuciones deben ejercerse respecto de situaciones concretas y temporales.

• El Tribunal indicó que restricciones generales y prolongadas, como las contenidas en el Decreto 308-06, deben ser establecidas mediante una ley aprobada por el Congreso Nacional y no por un decreto presidencial.

Asimismo, aclaró que el Poder Ejecutivo puede emitir decretos similares cuando respondan a circunstancias excepcionales y limitadas en el tiempo, como operativos especiales durante Semana Santa, Navidad u otros eventos específicos que justifiquen la medida.

Lo que rechazó el TC

El Tribunal Constitucional también rechazó el alegato de que la regulación de horarios vulnera la libertad de empresa, al considerar que el decreto no impedía el ejercicio de la actividad comercial, sino que únicamente regulaba los horarios para el expendio de bebidas alcohólicas.

Igualmente, declaró inadmisibles otros argumentos sobre supuestas violaciones a derechos fundamentales por falta de una fundamentación suficiente.

Posturas del Poder Ejecutivo y la Procuraduría

Durante el proceso, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo solicitó que se acogiera la acción y sostuvo que, tras la entrada en vigor de la Constitución de 2010, el decreto incurrió en una "inconstitucionalidad sobrevenida".

En contraste, la Procuraduría General de la República solicitó rechazar la acción al considerar que el decreto constituía una medida legítima, razonable y proporcional para proteger el orden público y la seguridad ciudadana.

Para viabilizar el transporte y contribuir al desarrollo de los Centroamericanos, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó que se realizarán interrupciones temporales en el tránsito del malecón y la avenida España este viernes 31 de julio.

• El cierre de las vías será de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. para la realización de un recorrido de reconocimiento de los ciclistas antes de las competencias, que empiezan el sábado.

A través de una publicación en redes sociales, el Intrant informó que la ruta de reconocimiento tendrá una duración de dos horas y las vías que estarán cerradas son la autopista 30 de Mayo, la avenida George Washington, Paseo Presidente Billini, en el Distrito Nacional, y la avenida España, en Santo Domingo Este.

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Rutas alternas recomendadas

En este sentido el Intrant exhortó a la ciudadanía que transita por esta zona a salir con tiempo y planificar una ruta diferente.

Asimismo, recomendó a los ciudadanos que acostumbran pasar por el Malecón de Santo Domingo en este horario, a utilizar como vías alternas las avenidas Rómulo Betancourt, México, Mella y Simón Bolívar.   

Para quienes viajan por la avenida España, las autoridades de tránsito proponen tomar las avenidas Las Américas, 26 de Enero, Estados Unidos y Mirador del Este.

Entre otras recomendaciones, la institución aconsejó revisar aplicaciones de móviles de navegación GPS, como Waze, donde estarán reflejados los cambios en las vías, y ayudarán a elegir la mejor ruta para cada conductor.

La Dirección General de Tránsito Terrestre (Digesett) orientará sobre el paso vehicular y facilitará la circulación.

“Si no necesitas transitar por esa zona entre las 9:00 a. m. y las 11:00 a. m., elige una ruta alterna”, expresó la institución.

De acuerdo con testimonios de residentes de la zona, el fuego se inició alrededor de las 4:30 de la tarde y fue sofocado pasadas las 6:00 de la tarde.

• Los vecinos aseguraron que las llamas habrían sido provocadas por un problema eléctrico, luego de que un cable del tendido cayera y comenzara a producir explosiones.

Al momento del siniestro, los padres de la familia afectada se encontraban trabajando, mientras que un niño estaba bajo el cuidado de su abuela.

Según los comunitarios, el menor había salido de la vivienda apenas unos minutos antes de que comenzara el incendio.

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Respuesta comunitaria

Los residentes indicaron que fueron ellos quienes, utilizando cubetas y mangueras, enfrentaron las llamas para evitar que el fuego continuara propagándose. Aunque una unidad del Cuerpo de Bomberos acudió al lugar, señalaron que esta llegó cuando el incendio ya estaba prácticamente controlado.

Los bomberos que respondieron a la emergencia provenían de Villa Mella, debido a que, según explicaron los comunitarios, en la zona no había unidades disponibles para atender el siniestro.

El incendio consumió por completo una vivienda y las llamas afectaron otras dos, aunque la rápida intervención de los vecinos evitó que los daños fueran mayores.

La información fue confirmada por la abogada Irina Ventura, integrante del equipo de defensa del beisbolista, quien explicó que el recurso procura revocar la decisión al considerar que las pruebas presentadas durante el proceso no son suficientes para sostener la declaración de culpabilidad.

"Apelamos la última sentencia rendida por el tribunal de primer grado", precisó Ventura durante una llamada telefónica con Diario Libre.

• La aboga informó que el expediente será conocido nuevamente por la Corte de Apelación del departamento judicial de Puerto Plata.

Asimismo, afirmó que, conforme a la normativa procesal vigente, corresponde a la Corte conocer el fondo del recurso y emitir una decisión, sin ordenar la celebración de un nuevo juicio.

La sentencia recurrida mantuvo la declaración de culpabilidad de Wander Franco por abuso sexual y psicológico contra una menor de edad. No obstante, el tribunal le concedió un perdón judicial, por lo que quedó exento de cumplir una pena privativa de libertad.

En la misma decisión, el tribunal condenó a la madre de la víctima, Martha Vanessa Chevalier, a 10 años de prisión.

Esta es la segunda sentencia dictada en este proceso. La primera impuso a Franco una condena de dos años de prisión suspendida, pero posteriormente fue anulada por la Corte de Apelación, que ordenó la celebración de un nuevo juicio.

Recurso del Ministerio Público

De manera paralela, el Ministerio Público también recurrió la sentencia, al impugnar el perdón judicial concedido al pelotero pese a que fue declarado culpable en el juicio.

• Las jóvenes murieron cuando la yipeta en la que se desplazaban cayó en un charco del balneario La Neverita, en el río Nizao.

Los restos del segundo teniente de la Armada de República Dominicana (ARD), Gabriel Rafael Joa Rondón, son velados en la funeraria Jardín Memorial, ubicada en la avenida 27 de Febrero del Distrito Nacional, al igual que los de Karlos Yamil Lorenzo Gilarranz. 

Durante las honras fúnebres, los familiares solicitaron continuar la despedida en la intimidad y, por el momento, declinaron ofrecer declaraciones a la prensa.

Según personas cercanas a la familia que prefirieron mantener su identidad en reserva, los parientes permanecen en estado de shock y conmocionados por la tragedia.

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En  Gascue, del Distrito Nacional, familiares y allegados también realizan el velatorio de Aldy Shamir Royer Frías, la tercera víctima del accidente.

En la funeraria Inavi predominó un ambiente de recogimiento, marcado por las lágrimas silenciosas y el profundo pesar de quienes acudieron a darle el último adiós.

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Los familiares de Royer manifestaron que no se encontraban en condiciones de ofrecer declaraciones y optaron por guardar silencio.

• Los restos de la cuarta víctima, Ginneidy Alcántara Suero, son velados en la residencia de sus abuelos maternos, ubicada en la provincia Monte Plata.

Sepelios

Los restos de Karlos Lorenzo serán sepultados este miércoles en el cementerio Puerta del Cielo, a las 3:00 de la tarde.

En tanto, Gabriel Rafael Joa Rondón recibirá cristiana sepultura en el cementerio Cristo Redentor, a las 12:00 del mediodía.

Por su parte, Aldy Shamir Royer Frías será sepultado en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, mientras que Ginneidy Alcántara Suero recibirá sepultura en Monte Plata.

Caso en investigación

De acuerdo con el informe de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el hecho ocurrió la noche del lunes, cuando la yipeta en la que se desplazaban los cuatro jóvenes cayó en un charco del balneario La Neverita, en el río Nizao.

El reporte indica que la yipeta, una Chevrolet Tahoe, se deslizó y quedó con los neumáticos hacia arriba, circunstancia que pudo haber provocado la muerte de los ocupantes.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido las causas exactas del accidente y mantienen las investigaciones en curso.

El encuentro forma parte de los acercamientos institucionales que desarrolla la Procuraduría General de la República con diversos actores para impulsar el conocimiento de la nueva legislación y los cambios que introduce en materia penal, conforme indica una nota de prensa.

Durante el encuentro, Reynoso valoró la disposición del sector empresarial de contribuir a la difusión de la nueva normativa y resaltó que ésta permitirá tipificar conductas delictivas que no estaban contempladas en el Código Penal derogado debido a su antigüedad.

La procuradora afirmó que el Ministerio Público está dispuesto a acompañar a todos los sectores de la sociedad en el proceso de comprensión y aplicación de la nueva legislación.

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"Valoramos el interés del Conep y de todos los sectores sociales. Queremos que toda la población conozca a fondo esta nueva herramienta; porque todos debemos esforzarnos en su aplicación para que sigamos construyendo una sociedad con más seguridad, con más garantías de Derecho y mayor protección para las víctimas", expresó Reynoso.

Retos de implementación

La delegación del Conep estuvo integrada, además de Marranzini, por Rafael Izquierdo, Paola Rainieri, Julio Virgilio Brache, Lina García, César R. Dargam y Carlos José Martí.

Según se informó, durante las distintas etapas de discusión de la reforma al Código Penal, los representantes del sector empresarial realizaron observaciones orientadas a fortalecer la seguridad jurídica del país.

De acuerdo a la nota de prensa, en la reunión también expusieron las iniciativas que desarrollan para reforzar las áreas jurídicas y los mecanismos de cumplimiento normativo dentro de las empresas.

• "Todo nuestro sector siempre tiene la mayor disposición de trabajar en mejoras continuas", manifestó Marranzini.

La procuradora reiteró que el Ministerio Público promoverá el conocimiento del nuevo Código Penal entre los distintos sectores sociales, con el objetivo de facilitar su correcta aplicación y fortalecer la protección de los derechos de la ciudadanía.

En el desplome del emblemático centro de diversión fallecieron 236 personas y más de un centenar resultaron heridas.

Los hermanos Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat enfrentarán el proceso penal en el que se les acusa de homicidio involuntario en perjuicio de las 236 víctimas fatales y de los casi doscientos heridos.

La designación de la Cuarta Sala se produjo después de que fuera acogida la inhibición de la jueza de la Segunda Sala, Clara Luz Almonte Gómez, quien declinó conocer el proceso debido a sus vínculos personales con una de las víctimas del desplome.

Civilmente demandados

Como terceros civilmente demandados figuran las sociedades Radio Cadena Comercial, Difusora Hemisferio, Inversiones CCEP-02, S. A., así como Evelyn Espaillat y Ana Grecia López.

De acuerdo a una nota de prensa de Salud Pública, los casos fueron detectados en personas que se encuentran bajo detención. Afirma que no existe evidencia de circulación comunitaria.

Las autoridades de salud precisaron que el evento permanece limitado al espacio investigado, e indicó que mantiene bajo vigilancia epidemiológica el lugar.

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Salud Pública activó el Grupo de Respuesta Rápida, integrado por especialistas de la Dirección General de Epidemiología (Digepi), el Viceministerio de Gestión de Riesgos y Salud Ambiental y la Dirección Provincial de Salud de San Cristóbal, para investigar, para la búsqueda activa de casos, la evaluación clínica de personas expuestas, la toma de muestras y seguimiento de contactos e inspección de las condiciones sanitarias de la edificación.

Medidas tomadas

Como parte de las acciones de control, dispuso el seguimiento de todas las personas que tuvieron contacto con los casos identificados, reforzó la vigilancia epidemiológica y emitió recomendaciones para mejorar las condiciones sanitarias y fortalecer los protocolos de evaluación.

Conforme a la nota de Salud Pública, las medidas implementadas permitieron controlar la situación y, hasta la fecha, no se han detectado nuevos contagios relacionados.

Mpox o viruela símica

La Organización Mundial de la Salud define el mpox (viruela símica) como una enfermedad causada por el virus de la mpox, que pertenece al género de los Orthopoxvirus.

La OMS explica: “los síntomas comunes de la mpox son erupciones cutáneas o lesiones mucosas que pueden durar de dos a cuatro semanas, acompañadas de fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, falta de energía e inflamación de los ganglios linfáticos”.

• El Ministerio de Salud Pública exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Recordó que la detección oportuna, la notificación de casos sospechosos y el cumplimiento de las medidas de prevención constituyen las herramientas más efectivas para controlar cualquier evento de salud.

La entidad que, dice, agrupar a jueces, abogados, académicos y profesionales del Derecho de más de 155 países, entiende que debe ponerse fin al proceso judicial contra el exfuncionario por haberse “sobrepasado el plazo máximo de duración” de cuatro años establecido por la propia ley procesal interna.

De acuerdo con una comunicación de prensa, compartida este martes por el equipo de comunicación del exprocurador general, con el informe de la mencionada organización internacional que supuestamente se depositó al tribunal dominicano que conoce el juicio de fondo, el escrito con la recomendación se hizo en calidad de amicus curiae (amigo de la corte o tribunal).

En horas de la tarde de este martes, la Secretaría del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional informó a Diario Libre que no había recibido la sugerencia, aunque dijo que sí se escuchó citarla por la defensa del imputado en la audiencia del lunes.

En el informe, la Asociación Mundial hace un repaso de la jurisprudencia internacional y, al respecto, concluye también que el Estado tiene la responsabilidad de evitar dilaciones que desnaturalicen la justicia y que la extinción de la acción penal es el remedio jurídico necesario ante tales infracciones convencionales.

• “La obligación ineludible de todo órgano jurisdiccional de declarar extinguida la acción penal cuando el Estado ha sobrepasado el plazo máximo de duración del proceso penal establecido por la propia ley procesal interna y, de manera simultánea, ha conculcado la garantía del plazo razonable consagrada en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos vinculantes para la República Dominicana”, subraya.

Según el escrito, Jean Alain Rodríguez Sánchez “permaneció aproximadamente cuatro años privado de libertad entre prisión preventiva y arresto domiciliario, período que coincide con el plazo máximo legal previsto para la duración del proceso”  y que el proceso “se aproxima a los seis años”.

La opinión jurídica institucional suscrita por su presidente, Juan Carlos Gutiérrez, sostiene que las dilaciones procesales verificadas son atribuibles al Estado, concluyendo además que no existe en el expediente decisión judicial o mención de que Rodríguez Sánchez haya incurrido en tácticas dilatorias que permitan extender este plazo.

Su denuncia ante la ONU

De acuerdo con una publicación de Diario Libre, del 06 marzo del 2022, el presidente del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas, Juan Carlos Gutiérrez, también denunció ante la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a Michelle Bachelet Jeria, que alegadamente el exprocurador Jean Alain Rodríguez era víctima de violación de sus Derechos Humanos.

Gutiérrez señaló en su misiva a la Alta Comisionada que la Organización Mundial de Juristas estudió el procedimiento judicial seguido al exprocurador, “observando desproporcionalidad en la medida de privación de libertad en su contra, además de ser innecesaria, considerando su arraigo familiar, personal y profesional en el país, su asistencia voluntaria ante la sede de la Procuraduría General”.

La institución informó, mediante una nota de prensa, que los detenidos fueron interceptados mientras presuntamente intentaban ingresar de manera clandestina al territorio dominicano.

El ERD indicó que en una de las intervenciones, una patrulla del 10mo. Batallón de Infantería interceptó en el área conocida como la finca Nene Checo a 54 extranjeros.

El grupo estaba integrado por 41 hombres, nueve mujeres y cuatro menores de edad, quienes fueron detenidos durante el operativo.

Detenciones en otros puntos

En otro operativo, una patrulla motorizada del mismo batallón detuvo a 18 haitianos en las proximidades del Puesto Santa María.

• De acuerdo con el Ejército, este grupo estaba compuesto por 15 hombres, dos mujeres y una menor de edad.

Asimismo, tras recibir una alerta, soldados del ERD localizaron y detuvieron a otros 11 haitianos en condición migratoria irregular, distribuidos en tres hombres, cuatro mujeres y cuatro menores de edad.

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De igual manera, miembros del Puesto ERD de Masacre interceptaron a 25 haitianos cuando, según la institución, intentaban ingresar ilegalmente al país desde Haití.

Entre los detenidos figuran 22 hombres y tres mujeres, quienes fueron trasladados a Dajabón para ser entregados a la Dirección General de Migración (DGM).

Una comisión integrada por representantes de la Dirección Regional 10 y del Distrito Educativo 15-01 se encuentra en la fase final del proceso de recepción del plantel, con el levantamiento del inventario y la formalización de los procedimientos administrativos necesarios para completar la transición.

• El Minerd indicó que, una vez concluido ese proceso, convocará a los padres, madres y tutores para informar oficialmente los detalles de la incorporación del centro al sistema educativo público preuniversitario y las garantías para el inicio del próximo año escolar, previsto para el 24 de agosto.

Garantías para estudiantes

La institución precisó que los procedimientos administrativos quedarán concluidos entre esta semana y la próxima, mientras avanza en la organización del personal docente, considerada la etapa más compleja del proceso de transición.

Asimismo, garantizó que los 377 estudiantes actualmente matriculados podrán permanecer en el plantel una vez se formalice el traspaso a la gestión pública, siempre que sus padres así lo decidan. También informó que podrán incorporarse nuevos alumnos, de acuerdo con la disponibilidad del centro.

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Cierre del Colegio Ingenium

El Colegio Ingenium, ubicado en Ciudad del Sol, Pantoja, cesó sus operaciones pese a que semanas antes familias habían iniciado el proceso de reinscripción para el año escolar 2026-2027.

El 17 de junio del presente año, padres, estudiantes, docentes y colaboradores recibieron una circular informativa enviada vía WhatsApp, en la que se les comunicó el cierre definitivo del centro.

"Nos dirigimos a ustedes para informar el cierre oficial de las operaciones del Colegio Ingenium, como resultado de un proceso de evaluación y análisis que la familia fundadora ha venido realizando desde hace algunos años con el Ministerio de Educación", expresó el colegio en la comunicación.

La institución explicó que el cierre respondía a los importantes desafíos derivados de las constantes transformaciones y adversidades que habían impactado al sector educativo.

Además, indicó que decidió dar paso a que en esas instalaciones se desarrolle otra actividad en favor de la educación, apoyada por el Ministerio de Educación, al considerar que esa era la alternativa más responsable y beneficiosa para el aprovechamiento futuro de ese espacio dedicado a la formación de niños y jóvenes.

En el comunicado también se informó que sería el Ministerio de Educación el encargado de comunicar el proceso de inscripción de los estudiantes para el próximo año escolar.

Richard Figueroa, asistente administrativo del colegio, aseguró a Diario Libre que el Ministerio de Educación sostuvo una reunión con los padres en el plantel, aunque indicó que desconoce los acuerdos alcanzados, debido a que el centro era de gestión privada.

El Ministerio de Educación reiteró que la incorporación del plantel a la gestión pública busca proteger el derecho a la educación de los niños y adolescentes afectados por la decisión de los propietarios de cerrar el colegio y asegurar que su trayectoria escolar continúe sin interrupciones.

A través de un comunicado firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, la entidad calificó como oportuna la decisión del presidente Luis Abinader para garantizar la correcta implementación de la nueva legislación y fortalecer la seguridad jurídica del país.

“Este decreto representa un aporte significativo al fortalecimiento del Estado de derecho, al privilegiar el seguimiento continuo de una reforma tan trascendental para la sociedad dominicana”, señala el documento.

Finjus sostuvo, además, que la entrada en vigor de un nuevo Código Penal constituye una de las reformas jurídicas más trascendentales para el Estado, por lo que valoró el impulso de un mecanismo institucional que permita informar, orientar y acompañar a las instituciones públicas y a la ciudadanía sobre el alcance del nuevo marco penal.

Objetivos de la comisión

La comisión creada mediante el decreto tiene la misión de organizar el proceso de socialización, educación y concienciación sobre el Código Penal junto a sus modificaciones, promulgadas bajo la ley 74-25.

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Además, tiene como responsabilidad realizar estudios y análisis que contribuyan a una difusión más efectiva de la legislación.

“Este enfoque demuestra el compromiso del Estado con una aplicación responsable, participativa y transparente de la ley”, sostiene el comunicado.

Aunque la fundación ha desarrollado de manera independiente mecanismos de difusión y socialización del nuevo Código Penal con diversos sectores, consideró que la creación de esta comisión fortalece ese trabajo al brindar respaldo institucional.

En ese sentido, indicó que la conformación de este organismo establece un espacio plural y especializado que permitirá articular esfuerzos para garantizar que la población conozca el alcance de la nueva legislación y contribuir a su implementación efectiva.

Integrantes de la comisión

La comisión, presidida por el exsenador y pasado presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, está integrada por juristas, académicos, exjueces y representantes de la sociedad civil y de los medios de comunicación, lo que, a juicio de Finjus, favorecerá un diálogo técnico y participativo sobre la aplicación del Código Penal.

Entre sus integrantes figuran los abogados Pedro Balbuena, Ricardo Rojas León, José Lorenzo Fermín, Luz Díaz, Eduardo Jorge Prats y el expresidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán; así como los exjueces, Leyda Margarita Piña Medrano y Alejandro Moscoso Segarra.

También forman parte de la comisión los periodistas Aníbal de Castro, director fundador del periódico Diario Libre, y Persio Maldonado.

El programa otorgará créditos educativos en condiciones financieras favorables para cursar estudios técnicos superiores, universitarios y de posgrado, tanto en República Dominicana como en el extranjero. Además de cubrir los costos académicos, podrá incluir apoyo para manutención, transporte y otros gastos asociados, dependiendo de la modalidad y de las necesidades justificadas por cada beneficiario.

La iniciativa contempla incentivos diferenciados según el nivel de formación, períodos de gracia durante el tiempo de estudios, amplios plazos de amortización y un período de transición tras la graduación para facilitar la inserción laboral antes del inicio del pago del financiamiento. 

• El estudiante puede comenzar a pagar tu crédito hasta seis meses después de finalizar tus estudios. El plazo, las cuotas y las demás condiciones de pago se establecerán en tu contrato de crédito y en las bases de la convocatoria.

Declaraciones oficiales

Durante el acto de lanzamiento, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, explicó que el programa no está dirigido únicamente a jóvenes que culminan el bachillerato, sino también a adultos que interrumpieron sus estudios y desean continuar su formación académica.

"Pensamos no solo en los jóvenes, sino también en los adultos que interrumpieron sus estudios, regresaron a la escuela, terminaron la secundaria y hoy desean seguir preparándose", afirmó.

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De Camps sostuvo que la iniciativa forma parte de la estrategia del Ministerio de Educación para ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior.

"Este compromiso forma parte de la hoja de ruta que hemos adoptado en el Ministerio de Educación: construir una educación sin excusas ni exclusiones, una educación que enseñe la verdad y una educación que abra puertas", expresó.

El presidente Luis Abinader señaló que el programa nace con una cantidad limitada de beneficiarios, pero con la meta de ampliar su cobertura en los próximos años.

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"Este proyecto busca llegar a jóvenes que tengan el deseo de estudiar en el país o en el extranjero. También contempla licenciaturas, pero sobre todo posgrado en áreas especializadas para quienes quieran desarrollar al máximo su profesión", indicó.

El mandatario aseguró que el programa representa una oportunidad para que más dominicanos puedan acceder a estudios de especialización y cumplir sus metas académicas.

"Estoy seguro de que será una fuente de oportunidades para nuestros hijos, un lugar donde podrán buscar, cumplir y alcanzar sus sueños; el sueño de estudiar una maestría en la carrera o profesión que hayan elegido. Por eso hoy les presentamos esta herramienta", concluyó.

Como registrarse 

La postulación se realiza 100 % en línea a través de la plataforma del programa. Solo debes registrarte, completar el formulario, cargar los documentos requeridos y dar seguimiento al proceso hasta la notificación de resultados.

El tribunal autorizó trabar embargos contra Carlos Matamoros Bregni, representante en la República Dominicana de Karpowership, del grupo turco Karadeniz Holding, y contra las sociedades Dynex Energy Group y Dynex Energy.

El embargo retentivo e hipoteca judicial sobre los inmuebles de ambas sociedades y Matamoros Bregni se impuso a fin de evitar su insolvencia mientras se conoce una demanda de pago por la Empresa Transcaribbean Energy Partners & Consulting (TEPC), que reclama el cobro del 55 % del proyecto por su participación pactada en las barcazas turcas de Azua.

La decisión está contenida en la Resolución núm. 040-2026-TRMC-00006-A, del 26 de mayo de 2026, y fue notificada a las partes el 2 de julio.

Al salir de una audiencia este martes, la cual fue aplazada para septiembre, el abogado de la parte demandada, Paúl Concepción, afirmó que el contrato que alega la Empresa Transcaribbean Energy Partners & Consulting (TEPC), quedó sin efecto en el 2019.

Explicó que la Corporación de Empresas Eléctricas de Electricidad lo canceló y adjudicó a sus representantes en otro proceso de licitación que inició en el 2023 por tres años y que son totalmente diferentes en requerimientos técnicos y procesales.

Concepción sostiene, también, que la demanda en cobros en pesos y la validez del embargo retentivo está pendiente de fallo en un tribunal civil.

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El acuerdo entre las partes, según querellante

El querellante afirma que el reclamo nace del acuerdo del 25 de mayo de 2018, mediante el cual Dynex designó, con carácter de exclusividad al vehículo corporativo creado Transcaribbean Energy Partners & Consulting (TEPC), identificada como tal en el Anexo A del propio acuerdo.

Lo pactado, añade, era que  Transcaribbean Energy Partners & Consulting (TEPC), socio local para el proyecto de generación térmica en la República Dominicana, tendría  una distribución de 55 % y los restantes 45 % para Dynex sobre los fondos que generará el proyecto. 

Ese proyecto se materializó: las dos barcazas de 188 megavatios de Karpowership Dominican Republic operan hoy desde Puerto Viejo, playa Los Negros, en Azua, según la concesión recomendada por la Resolución CNE-CD-006-2023. 

Según la parte querellante, un auxilio judicial tramitado a través de la Superintendencia de Bancos documentó dieciocho 18  transferencias de Karpowership a Dynex entre marzo y abril de 2025. 

Conforme a la acusación, el señor Matamoros Bregni y las sociedades Dynex recibieron RD$15,098,459.04 y US$3,098,396.71 derivados del proyecto, montos sobre los cuales correspondía al querellante el 55 % pactado. 

"Pese a haber cobrado esas sumas millonarias, no han cumplido con lo pactado: esa participación nunca se ha pagado", aseguran los demandantes.

Los reclamos por vía extrajudicial no prosperaron, lo que obligó a la querellante a acudir a los tribunales.

Explican en un comunicado de prensa que el proyecto pactado no fue una concesión gratuita y que durante seis años la firma Transcaribbean Energy Partners & Consulting "invirtió tiempo y recursos propios" para hacerlo viable.

"Viajes internacionales sufragados por ella, participación directa en los estudios técnicos, y la presentación de los técnicos, consultores y contactos institucionales del sector eléctrico y ambiental necesarios para materializarlo. Ese trabajo abrió la puerta al Proyecto", sostienen.

Se trata de Claudio Sebastián Grullón Liriano, conocido como "El Mello", quien llegó al país este martes por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

El imputado deberá responder ante los tribunales por su presunta participación en la muerte de Francisco Adolfo de la Cruz, alias "El Negrito", y Wander de Jesús Rodríguez, conocido como "El Coro", y por las heridas de bala ocasionadas a otras tres personas.

• La extradición fue posible luego de que Grullón Liriano fuera localizado en territorio español.

Su captura y entrega se realizaron en cumplimiento de la orden de arresto No. 2025-AJ0071382 y de una notificación roja internacional emitida para su localización.

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Disputa 

El proceso judicial está relacionado con un hecho ocurrido el 20 de enero de 2021 en el callejón Puchún Abajo, del ensanche Espaillat, en Santiago.

De acuerdo con las investigaciones de la Policía Nacional, el enfrentamiento se produjo por una disputa entre grupos rivales por el control de un punto de venta y distribución de drogas.

Tras su llegada al país, Claudio Sebastián Grullón Liriano fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

La víctima fue identificada como Elianny Genao, de 24 años de edad.

De acuerdo con testimonios de personas que presenciaron el hecho, la joven se desplazaba como pasajera en un servicio de taxis motorizado (motoconcho) cuando, por circunstancias que aún no han sido esclarecidas, cayó al pavimento y fue impactada por la maquinaria pesada, falleciendo en el lugar.

Residentes de la zona señalaron la necesidad de reforzar las medidas de seguridad durante las labores con equipos pesados.

• Los comunitarios aseguran que los accidentes en los que se ven involucradas este tipo de maquinarias son recurrentes.

Consideran que, cuando este tipo de aparato circula por vías donde transitan vehículos y peatones, debe contar con personal que advierta su paso tanto por delante como por detrás para prevenir accidentes.

Acciones de emergencia

Al lugar acudieron unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

Los artículos serán subastados en una actividad pautada para las 9:00 a.m. en el auditorio del Instituto Policial de Educación Superior (IPES), con valores de puja que oscilarán entre los 20,000 y  900 mil pesos.

Para participar en la subasta, los interesados deberán realizar el pago de 2 mil pesos por concepto de derecho de admisión en el Departamento de Cobros de la DGBN y formalizar su inscripción en el Dirección de Subastas, ubicada en la calle Fray Cipriano de Utrera número 1, del Centro de los Héroes, en el Distrito Nacional, hasta el 29 de julio.

Entre los bienes subastados se encuentra un autobús Toyota 2009, con un precio inicial desde los 600 mil pesos, que perteneció a la Cámara de Diputados. La unidad se encuentra en muy mal estado, con cristales rotos y abolladuras provocadas, aparentemente por un choque. También figura entre el catálogo un viejo bus del Ministerio de Turismo, modelo Hyundai 2011, a partir de los 250,000 pesos.

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Asimismo, se ofrecerá un autobús Yutong modelo 2017, con una puja inicial de 700,000 pesos, que anteriormente era utilizado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd).

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Entre los vehículos también figuran un jeep Ford modelo 2013, con un precio base de 350,000 pesos, y varios automóviles Toyota, entre ellos un híbrido del año 2015, cuyo monto inicial de puja será de 100,000 pesos.

Además, se subastarán camionetas como una Mitsubishi 2006, con un precio base desde los 200 mil pesos, y una Toyota modelo 2011, a partir de 400 mil pesos.

También habrá motocicletas con precios de salida desde los 65,000 pesos.

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Antes de quedar fuera de servicio, estos vehículos pertenecían a instituciones del Estado, entre ellas los ministerios de Salud Pública, Hacienda, Educación, y el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL).

Equipos y materiales

Entre los bienes que serán subastados figuran varios lotes que actualmente se encuentran almacenados en los depósitos del Laboratorio de Biotecnología y Reproducción Animal (Ceagana) y del Merca Santo Domingo, donde fueron trasladados tras quedar fuera de servicio.

En Ceagana se encuentran los artículos de mayor valor, como equipos de informática con un precio base de 900 mil pesos, plantas eléctricas a partir de los 600 mil pesos, así como electrodomésticos y aires acondicionados con precios que oscilan entre los 300 mil y 500 mil pesos.

En los depósitos del Merca Santo Domingo permanecen equipos industriales de acero inoxidable y archivadores con un precio base de 100 mil pesos. También se encuentran plantas eléctricas, transformadores, abanicos y bombas de agua sumergibles desde los 100 mil pesos, además de aires acondicionados y neveras con un precio base de 75 mil pesos.

En ese mismo lugar reposan los restos de una avioneta, que serán ofrecidos con un precio base de 800 mil pesos.

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Asimismo, se subastarán marcos de sillas escolares por 600 mil pesos, así como computadoras y madera, con una puja inicial de 200 mil pesos.

La organización también advirtió que, si no recibe una respuesta a sus planteamientos, iniciará un plan de movilizaciones a partir del próximo lunes, que incluirá piquetes pacíficos frente a las sedes de las principales Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

El consultor jurídico de Asonafiss, Máximo Calzado, explicó que la propuesta busca mejorar el acceso de los afiliados a los medicamentos prescritos y fortalecer las prestaciones del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

Medidas solicitadas

Entre las medidas sometidas al CNSS figuran elevar el límite anual para medicamentos ambulatorios de RD$12,000 a RD$30,000; permitir que el monto no utilizado pueda acumularse para años posteriores; garantizar la cobertura simultánea de medicamentos complementarios prescritos para tratar una misma enfermedad, aun cuando compartan principios activos, siempre que exista justificación médica; y convocar un diálogo nacional con representantes de los afiliados, sociedades médicas, colegios profesionales, ARS y otros actores del sistema para consensuar una actualización del Plan Básico de Salud.

El presidente de Asonafiss, Joel Rodríguez, indicó que la organización espera una respuesta del CNSS a las propuestas presentadas y aseguró que, de no registrarse avances, pondrá en marcha un plan de lucha desde la próxima semana.

Rodríguez llamó a los partidos políticos, al liderazgo sindical y a otros sectores de la sociedad a respaldar las demandas, al considerar que mejorar las coberturas y prestaciones del sistema de seguridad social beneficia a millones de trabajadores y sus familias.

Próximos pasos

Según informó, las manifestaciones comenzarán frente a las ARS con mayor cantidad de afiliados y tendrán como objetivo reclamar mejores coberturas y una revisión del modelo de financiamiento del sistema.

La organización también reiteró sus cuestionamientos sobre el manejo de los recursos administrados por las ARS y sostuvo que estos deben traducirse en mayores beneficios y servicios de mejor calidad para los afiliados.

Asonafiss afirmó que continuará promoviendo reformas al Sistema Dominicano de Seguridad Social para fortalecer la protección de los trabajadores y mejorar el acceso a los servicios de salud.

El primer hecho ocurrió en la calle principal de Villa Güera, donde dos motociclistas fallecieron tras una colisión frontal entre los vehículos que conducían.

Accidente en Villa Güera

De acuerdo con el informe de la Digesett, el accidente involucró una motocicleta Z3000, conducida por Alexander Martínez, quien no portaba documentos, y una motocicleta Tauro CG200, conducida por Yohangel Germán Báez, de 17 años, ambos dominicanos.

La institución indicó que los dos conductores se desplazaban sin casco protector y que las motocicletas no tenían placas.

• Como consecuencia del impacto, ambos fallecieron en el lugar del accidente.

La Digesett  hizo un llamado a los motociclistas a utilizar siempre el casco protector, respetar las normas de tránsito y conducir con prudencia, al recordar que la seguridad vial es una responsabilidad compartida.

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Horas después, otro accidente cobró la vida de cuatro personas en la comunidad Los Pocitos, Pizarrete, Baní. 

La Digesett informó que se trató de un accidente tipo deslizamiento con volcadura, en el que una jeepeta Chevrolet Tahoe cayó al río y quedó con las gomas hacia arriba, situación que presuntamente provocó el fallecimiento de sus ocupantes.

El vehículo era conducido por Karlos Yamil Lorenzo Gilarranz, quien viajaba acompañado por Aldi Shamir Royer Frías, Ginneidy Alcántara Suero y el segundo teniente de la Armada de República Dominicana (ARD) Gabriel Rafael Joa Rondón.

El caso se encuentra bajo investigación del Departamento de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Digesett, que trabaja para determinar las causas del accidente.

El hombre ingresó al sistema penitenciario el 20 de junio de 2006, acusado de provocar la muerte de otra persona. Sin embargo, nunca llegó a enfrentar un juicio de fondo.

En marzo de 2009, cuando finalmente el caso sería conocido por el Tribunal Colegiado de Dajabón, el Ministerio Público solicitó aplicar el procedimiento especial para personas inimputables, luego de que evaluaciones médicas concluyeran que el imputado padecía una condición de salud mental que le impedía comprender el proceso penal.

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Aunque la defensa estuvo de acuerdo con esa solicitud, el tribunal rechazó aplicar el procedimiento al considerar que la condición podía ser transitoria. En cambio, suspendió el proceso y ordenó que el imputado fuera trasladado a un centro de salud mental hasta recuperar sus facultades para enfrentar el juicio.

Esa decisión nunca se cumplió. El hombre permaneció recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Dajabón bajo prisión preventiva. Nunca fue trasladado al centro especializado ordenado por el tribunal y tampoco volvió a ser evaluado para determinar si podía continuar el proceso penal.

El expediente permaneció prácticamente inmóvil durante años.

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Acciones judiciales

La situación comenzó a revisarse en 2022, cuando la Oficina Nacional de Defensa Pública, a través de la coordinadora de la oficina de Montecristi, Dahianna Licelot Morel, detectó el caso durante una revisión de expedientes en los centros penitenciarios bajo su jurisdicción.

Tras estudiar la documentación disponible, la Defensa Pública inició una serie de acciones judiciales para intentar corregir la situación. Primero solicitó la extinción de la acción penal, petición que fue rechazada. Luego recurrió en apelación y posteriormente ante la Suprema Corte de Justicia, sin éxito.

Agotadas las vías ordinarias, presentó una acción de hábeas corpus al considerar que el hombre permanecía privado de libertad sin que su situación jurídica hubiera sido resuelta.

En una primera decisión, el tribunal acogió parcialmente el recurso y llamó la atención del Ministerio Público por la inactividad del proceso, ordenándole realizar las actuaciones necesarias para reevaluar al imputado y definir su situación jurídica.

Según la Defensa Pública, esas diligencias tampoco se ejecutaron.

Situación actual

Finalmente, el 25 de febrero de 2026, la Corte de Apelación de Montecristi ordenó la libertad inmediata del hombre, poniendo fin a una prisión preventiva que se había prolongado durante casi veinte años.

Entre los documentos del expediente figura un escrito del fiscal Jonathan Barrow, quien describió al imputado como "un olvidado del sistema", una expresión que resume lo ocurrido durante dos décadas.

Para la defensora Dahianna Licelot Morel, el problema no radicaba únicamente en el tiempo que el hombre permaneció encarcelado, sino en que el procedimiento previsto por la ley para personas con trastornos de salud mental nunca se ejecutó.

"Lo que mucha gente no ha entendido es que él nunca fue enviado a un centro de salud mental. El tribunal lo ordenó, pero él siempre se quedó preso. Nunca lo trasladaron y tampoco volvió a ser evaluado", explica.

Tras obtener la libertad del hombre, la participación de la Defensa Pública concluyó. La institución aclara que no tiene facultades para reclamar una indemnización por los años de privación de libertad, ya que su función se limita a garantizar los derechos fundamentales de las personas imputadas.

El caso pone sobre la mesa el debate sobre el uso prolongado de la prisión preventiva y la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento de los procesos penales, especialmente cuando involucran personas con trastornos de salud mental.

¿Cómo un hombre pudo permanecer casi 20 años en prisión preventiva sin que se ejecutara una decisión judicial que ordenaba su traslado a un centro de salud mental y sin que su situación procesal volviera a revisarse?

El deceso de Diango Burgos se produjo mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl, en San Francisco de Macorís.

Los reportes médicos indican que el hoy occiso permanecía ingresado en estado crítico a consecuencia de la herida de bala que se habría ocasionado con aparentes fines suicidas.

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De acuerdo con las investigaciones preliminares, el miembro de la uniformada, adscrito a la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y asignado al servicio en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, se presentó presuntamente en estado de embriaguez a la residencia de su expareja, donde le disparó en varias ocasiones.

Estado y fallecimiento

La víctima fue identificada como Dayana Paulino Santos, de 24 años, quien falleció a causa de las heridas ocasionadas durante el ataque.

• Tras cometer el crimen, Burgos se disparó en la cabeza y fue trasladado de emergencia al hospital San Vicente de Paúl, donde permaneció ingresado hasta que se confirmó su fallecimiento.

Según las informaciones obtenidas, Dayana Paulino Santos y Diango Burgos habían procreado tres hijos durante la relación sentimental que mantuvieron.

No se trata de que la noche donde la demanda eléctrica tocó su pico histórico hubo que administrar el suministro en el circuito EBRI03 de Edeeste. No, en su sector hubo luz, pero no en la zona donde está su hogar.

De la Cruz reside en la calle Carmen Evangelista de la Urbanización Los Maestros, en Santo Domingo Este, y teme que esta vez la vuelta de la electricidad llegue cuando ya los productos que alberga su nevera para la semana se hayan dañado o no pueda instalar la bomba con la que adquiere el agua de las tuberías hacia su cisterna.

Eran las 3:40 de la tarde del lunes cuando el transformador que suministra su hogar “explotó”, el fuego tiñó de negro la superficie y la electricidad dejó de llegar a cerca de medio centenar de viviendas que suple ese dispositivo de 50 kilowatts, por debajo de lo que requiere el área.

“El martes de la semana pasada se cayó una fase y fue el sábado que vino la brigada de Edeeste a resolver. Casi cinco días sin luz, ahora no sé cuándo volverá”, dice De la Cruz. “Tenía una cita médica, pero no pude dormir”.

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Los vecinos del sector apuntan la causa del problema a un crecimiento de los usuarios que ha superado la potencia instalada, lo que genera una sobrecarga sobre las redes.

Petición infructuosa 

Aseguran a Diario Libre que han solicitado por escrito, a través de la junta de vecinos, a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) un transformador de un vatiaje mayor, pero que la petición ha sido rechazada.

“El problema es recurrente, es difícil que pase un mes sin que se caiga una o las dos fases y con este calor se empeora. La empresa es eficiente para cobrar y cortar, no así para garantizar el suministro”, lamenta Alexander Moya, estudiante del ITLA que toma clases virtuales y teme a que el inversor de su hogar no le alcance.

El temor igual se expande a pequeños negocios, como colmados y salones de belleza. Es una urbanización levantada por un patronato que comenzó a operar en la década de 1990, pero que vio acelerar su crecimiento el último decenio y que en su más reciente censo supera las 800 viviendas.

• Con pérdidas que alcanzaron el 54 % en 2025, Edeeste es el alumno que peor reprueba dentro del ecosistema de un sector eléctrico cuyo déficit absorbió alrededor de dos mil millones de dólares a las finanzas públicas el año pasado.

El alcalde Dío Astacio explicó que el cabildo trabaja en la regularización de las vallas existentes para organizar mejor el uso de los espacios públicos y mejorar la imagen urbana del municipio.

 El alcalde Dío Astacio habló del tema durante el encuentro del concurso de obras del presupuesto participativo 2026, celebrado este día.

Por su parte, el secretario general de la Alcaldía, Jesús Colón, reiteró que no se ha aprobado ningún aumento en los arbitrios y atribuyó a rumores las versiones sobre un supuesto incremento.

• Explicó que el Concejo de Regidores únicamente ha aprobado las licencias de operación para las empresas que instalan vallas publicitarias en el municipio, mientras que la ordenanza que busca unificar los arbitrios aún no ha sido conocida ni aprobada.

"Hay una ordenanza que está en curso en el Concejo de Regidores, pero eso no se ha sometido ni se ha aprobado. No se han aumentado los arbitrios a las vallas publicitarias", afirmó.

Indicó que la Alcaldía mantiene los cobros vigentes y que, por el momento, no existe ninguna variación en las tarifas.

Publicitarias afirman aumento

Representantes de algunas de las empresas de publicidad exterior informaron a Diario Libre que recibieron una resolución notificándole el aumento a un 15 por ciento a partir del 1 de julio, es decir, cinco por ciento más que la tarifa anterior.

Sostuvieron que la medida tiene un impacto en el costo operativo de las empresas que se dedican a la publicidad exterior. “Busque la resolución y usted se dará cuenta que fue un incremento que no está de acuerdo con lo que dice el alcalde”, expresó el propietario de una empresa de publicidad que no se identificó.

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El artículo 38 del reglamento aprobado por los regidores establece que: “Los propietarios de vallas de publicidad pagarán el 5 % del concepto de arbitrio tomando como base  el precio de venta mensual de valla en RD$80,000, lo que equivale a la suma de  RD$ 4,000 mensuales por cara de valla de medición 20 X 50 pies instaladas en el municipio, para las demás medidas se establece el pago mensual de RD$ 600 por metros cuadrado”.   

En República Dominicana el 10 % de la población adulta es fumadora, y entre el 8 % y 6 % de los jóvenes de 13 a 15 años consumen cigarrillos convencionales o electrónicos, con una tendencia de consumo al alta, especialmente en las mujeres.

De acuerdo a la asesora regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Rosa Sandoval, este patrón de consumo de los jóvenes es similar al de la región, no obstante, la República Dominicana no está a la par de otros países en cuanto a qué hacer y cómo responder a esta tendencia.

Ante este panorama, la Dirección de Enfermedades Crónicas no Transmisibles del Ministerio de Salud, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Vital Strategies y Tobacco-Free Kids (CTFK) trabajan en la creación de “Espacios libres de humo”.

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Espacios libres de humo

En una entrevista a Diario Libre, Sandoval explicó que los espacios libres de humo son una medida altamente coste efectiva, por ser de bajo o poco costo y mostrar resultados para que las personas dejen de usar tabaco, para proteger a no fumadores de la exposición al humo y a las emisiones.

La iniciativa, que mostró sus primeros esfuerzos a finales de 2021 con la actualización de la regulación para espacios libres de humo en los centros de salud, busca abrir la puerta a la conversación nacional, para proteger contra la exposición del tabaco a terceras personas, y garantizar espacios de trabajo, de recreación y esparcimientos saludables.

Así como, contribuir a los esfuerzos por dejar de fumar a quienes quieren dejarlo y ayuda a desnormalizar el uso de tabaco.

Avances en el país

Andelys de la Rosa, la directora de Enfermedades Crónicas no Transmisibles del Ministerio de Salud, manifestó que fomentar espacios libres de humo es una decisión que se viene trabajando en el país desde hace varios años, con la capacitación de personal médico, y generando evidencias sobre el comportamiento del consumo de tabaco y cigarrillos electrónicas, para generar políticas públicas efectivas.

• Manifestó la importancia del trabajo interinstitucional, con el apoyo de las organizaciones internacionales para fortalecer la estrategia y la toma de decisiones, por lo que en un principio trabajaban para generar evidencias.

En este sentido, indicó que acaban de culminar en la elaboración de una encuesta en jóvenes de 13 a 15 años, y aunque aún no están los resultados preliminares, la tendencia es a la subida.

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Precisó que para caminar hacia una regulación de espacios 100 % libre de humo en la República Dominicana, están enfocados en iniciar por aquellos espacios que son fundamentales, básicos para la familia, para los adolescentes, y para los trabajadores.

Acciones puntuales

Para estos fines, comenzaron con la primera capacitación de médicos, a través de la OPS, certificando a 74 doctores del primer nivel y al personal de salud de las diferentes regiones del país en sensación tabáquica.

“Esta mañana tuvimos una reunión con el ministro de Salud Pública, encabezada por el, y el ministro de Administración Pública avanzando a qué podrían ser estas regulaciones por áreas en nuestro país”, adelantó de la Rosa.

Indicó que ya existen acuerdos con los decanos de medicina de las universidades, a través de la Asociación Dominicana de Facultades y Escuelas de Medicina (Adofem), lo que les ha permitido conocer qué pasa con las regulaciones internas en estas academias y qué se necesita para avanzar en temas de tabaquismo.

Adelantó que, entre las acciones, el Ministerio de Salud Pública junto a la OPS realizarán el encuentro “Sin filtro: jóvenes, tabaco y realidad”, el miércoles 29 de julio de 2026, con foros de científicos y actividades dirigidas a los jóvenes.

Sostuvo que la finalidad de este tipo de acciones es conocer qué le atrae a esta población, y cómo trabajar con ellos en torno al tabaquismo, para saber cómo regular el consumo de tabaco en jóvenes.

Destacó que desde la dirección que lidera trabajando en estrategias para avanzar de manera interinstitucionalmente, y para darle el peso de las evidencias del impacto en la salud que generan estos productos desde temprana edad, y en el transcurso de la vida.

Otras Medidas

Otras medidas muy importantes, y que en varios países de la región han implementado es tener advertencias sanitarias en los empaques de tabaco y la prohibición de la publicidad, la promoción y el patrocinio de tabacos y cigarros.

La asesora regional de la OPS, Rosa Sandoval explicó que una de las estrategias que utilizan los productos para atraer a los jóvenes es hacer del paquete algo atractivo, para fidelizar y para enganchar a nuevos consumidores.

En este sentido, indicó que históricamente los paquetes de cigarro han sido utilizados como un instrumento de desinformación.

“Qué publicidad puedo poner yo en un producto que mate que sea verdadera, por la naturaleza del producto cualquier publicidad que yo haga sobre el producto va a ser una desinformación”, dijo.

Para contrarrestar la desinformación, las advertencias sanitarias recuperan el paquete y se convierten en un instrumento para educar a la población sobre los daños asociados a ese producto.

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Advertencias sanitarias

El director de investigación internacional de CTFK (Tobacco-Free Kids), Ernesto Sebrié nombró como ejemplo de buenas prácticas en el uso de advertencias sanitarias a Canadá, que fue el primer país en el mundo en implementarlas en 2000, y luego fue Brasil el segundo país, y el primero en las Américas.

Sebrié resaltó que es importante la rotación de las advertencias sanitarias, y que las mismas tengan distintos mensajes claves sobre los efectos en la salud y los efectos ambientales del tabaco, así como números telefónicos de especialistas para dar información de cómo dejar de fumar, o de cómo recurrir el consumo.

En tanto Gustavo Sonora, director regional para América Latina de Vital Strategies, agregó que el empaquetado neutro sería el ideal: una caja estandarizada en tipo de color, en tipo de letra, en una imagen grande.

“Ahí completamente el vehículo de publicidad, que es el paquete para quien consume, pierde todo el atractivo”, describió.  

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Efectividad de las medidas

El doctor en Economía y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, Guillermo Paraje aseguró que la implementación de estas medidas, como ambientes libres de humo, son efectiva precisamente porque llevarlas a cabo son “prácticamente gratis.

“La costo efectividad de estas medidas es enorme. Básicamente porque cuesta muy poco implementarlas. Entonces, el primer paso de la iniciativa es crear ambientes libres”

Por otro lado, Paraje indicó que el costo económico para combatir las consecuencias en la salud que generan estos productos es alto, no solo para los enfermos, sino también para quienes les cuidan, en especial las mujeres.

“Hay que atenderlos, dejan de trabajar, sus familias dejan de percibir ese ingreso. Este (costo para), las mujeres en general, porque son las mujeres, son las que cuidan a los enfermos. Ven afectadas su posibilidad de estudiar, sus posibilidades de trabajar”, planteó.

Una revisión de decenas de investigaciones defendidas recientemente en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), la Universidad Iberoamericana (Unibe), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) muestra que las principales líneas de estudio buscan generar evidencia o proponer soluciones a problemas detectados en hospitales, escuelas, comunidades, empresas y organismos públicos.

Este panorama cobra relevancia en momentos en que algunas universidades han sustituido las tesis por trabajos monográficos o permiten a los estudiantes elegir entre ambas modalidades. Sin embargo, las investigaciones siguen demostrando que, más allá de ser un requisito para obtener un título, constituyen una herramienta para generar conocimiento y aportar soluciones a problemas que afectan a la sociedad dominicana.

En el área de la salud predominan estudios sobre enfermedades de alta incidencia en el país, como cáncer de mama y próstata, enfermedad renal crónica, neumonía, diabetes, VIH, tuberculosis, leptospirosis, dengue y afecciones cardiovasculares. También abundan estudios sobre factores de riesgo, mortalidad, eficacia de tratamientos, calidad de vida y satisfacción de los pacientes.

La salud mental también gana espacio entre los intereses de los universitarios. Entre los trabajos revisados, correspondientes al período 2023-2025, figuran investigaciones sobre resiliencia en personas con adicciones, estrés percibido, conducta suicida en niños con enfermedades hematológicas, ansiedad, depresión y consumo de sustancias psicoactivas.

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En educación, sobre todo en Intec, los trabajos de grado se concentran en mejorar la comprensión lectora, la alfabetización, el liderazgo escolar, la inclusión de estudiantes con necesidades especiales, el uso de tecnologías en las aulas y la participación de las familias en el proceso educativo.

Otras investigaciones en ingeniería, contabilidad y comunicación abordan temas como la seguridad vial en carreteras, la gestión logística de inventarios, la sucesión en empresas familiares, la gestión de recursos naturales, el cine dominicano y la construcción de identidad cultural.

Más allá de la calidad y pertinencia de estas investigaciones, el mayor desafío sigue siendo lograr que sus resultados trasciendan las bibliotecas universitarias y encuentren aplicaciones prácticas, en lugar de acumular polvo en una estantería que rara vez alguien consulta.

Aplicar la ética en la investigación

Ambos docentes coinciden en que el principal desafío de las universidades no es impedir el uso de la inteligencia artificial, sino enseñar a utilizarla de manera ética.

Jiménez sostiene que la IA debe emplearse como una herramienta de apoyo para localizar información, organizar ideas o fortalecer la redacción, mientras que la formulación del problema, la recolección de datos, el análisis de resultados y las conclusiones continúan siendo responsabilidad del investigador.

Cruz comparte esa visión y considera que ninguna herramienta puede sustituir la investigación de campo.

"Debe haber un híbrido entre buscar información en bibliotecas, hacer trabajo de campo y utilizar las IA como una guía, mas no debe ser un todo", afirma.

Sin embargo, para ambos académicos el verdadero desafío comienza después de la defensa del proyecto.

Las universidades producen cada año cientos de investigaciones que analizan enfermedades, procesos educativos, gestión empresarial o problemas sociales, pero muchas terminan archivadas una vez los estudiantes obtienen el título.

Para Jiménez, las universidades y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) deben avanzar hacia normas que regulen el uso responsable de la inteligencia artificial y, al mismo tiempo, fortalezcan la calidad de las investigaciones.

“Algunas universidades han avanzado sobre eso, sin embargo, otras se han quedado bajo esquemas tradicionales de enseñanza que en nada ayudan a la obtención de nuevos conocimientos, sino más bien de repetición y memorización de contenidos”, comentó.

Cruz entiende que también es necesario mantener el énfasis en el trabajo de campo y combinar la elaboración de tesis o monográficos con experiencias prácticas como las pasantías, de modo que los egresados lleguen al mercado laboral con una formación académica respaldada por la realidad profesional.

“La tecnología siempre va más rápido, más la realidad siempre supera la ficción. Fui juez de una tesis que se necesitaba un presupuesto y lo hizo con IA, el resultado fatal. No era nuestra moneda ni la realidad de nuestro mercado. También las IA fallan”, comentó.

Reprobar una tesis es poco frecuente

Aunque la defensa de una tesis representa la evaluación final del proceso de investigación, reprobar este requisito de grado es una situación poco común.

Según el profesor Jiménez, esto se debe a que el trabajo pasa por múltiples revisiones antes de llegar al jurado.

"Son bajas las probabilidades de reprobar, porque el asesor hace correcciones y observaciones al estudiante durante toda la realización de la tesis", detalló.

La calificación final depende tanto del documento entregado como de la defensa oral ante un jurado integrado por tres profesores.

De acuerdo con su experiencia, las notas más frecuentes oscilan entre 88 y 94 puntos y, cuando un trabajo presenta deficiencias, lo habitual es que el jurado solicite correcciones antes de emitir la evaluación definitiva. En sus tres décadas de docencia, hasta ahora, no ha visto a un estudiante reprobar su proyecto final de investigación.