Omar Rancier, arquitecto y urbanista, advierte que el traslado de la población a nuevos proyectos habitacionales y la conversión del lugar en un parque es la solución más responsable.
La Barquita es una zona de riesgo. Siempre se va a inundar y por lo tanto, como toda zona de riesgo, no puede ser habitada. Es la reflexión primera que debe hacerse para abordar el problema, en opinión del decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y urbanista, Omar Rancier.
El arquitecto, involucrado en el pasado en proyectos de recuperación de zonas de riesgo, sabe con certeza de que habla. Tiene claro que el problema se deriva de la pobreza. "Las familias que emigran a la ciudad sin recursos se instalan en zonas de riesgo: cañadas, de deslizamiento, suelo de basura..." puntualiza.
Todas esas personas deben ser desplazadas, dice Rancier, y recuerda que la Ley sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su artículo 110, faculta al organismo a no permitir la ocupación de zonas de riesgo.
EL GRAN PROYECTO CONTRA LAS ZONAS DE RIESGO
La ley no se cumple, y es difícil porque no se han hecho caso a los planes, advierte el urbanista. Recuerda con un dejo de lamento que el proyecto RESURE se haya quedado engavetado. Fue un programa de reestructuración urbana y ecológica de las riberas de los ríos que se planteó durante el segundo período de gobierno de Joaquín Balaguer (entre 1994-1996), como parte de los proyectos del Cinturón Verde.
El RESURE contemplaba en principio el desalojo de todos los barrios que iban desde La Ciénaga hasta La Zurza. Fue reformulado durante el primer gobierno de Leonel Fernández y durante la gestión de Mercedes de Macarrulla en el Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (CONAU), como parte de un proyecto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el que Rancier participó.
Se hizo, entonces, un estudio y un plan de acción para manejar el problema de los barrios afectados. Se plantearon tres soluciones. La primera implicaba la reubicación de todas las familias que vivían en zonas de riesgo, y la conversión de esos espacios en un gran parque urbano, con el Río Ozama como el gran atractivo y como medio de transporte. Se llegó a dibujar el "Aguaguagua", un sistema de transporte en botes por el río.
La segunda solución se orientaba a la consolidación de los barrios levantados en terrenos firmes, situados en lo que llaman el farallón de la cuenca de los ríos Ozama e Isabela, con actuaciones que implicaban mejoramiento de las vías, creación de espacios públicos y levantamiento de nuevas viviendas en lugares más seguros.
La tercera estrategia consistía en movilizar a las familias que se encontraban en zonas de riesgo a otra zona de la ciudad identificada en Santo Domingo Oeste, en antiguas terrenos del CEAGANA, una dependencia del Consejo Estatal del Azúcar. Se levantarían urbanizaciones integrales - viviendas, escuelas, centros sanitarios, y comercios, entre otras facilidades-. Se reservaron espacios para atraer inversión de industria ligera, de manera que los beneficios de la operación inmobiliaria se invirtieran en la construcción de las viviendas para las familias de menos recursos.
Rancier subraya la decisión que se tomó de no regalar las viviendas. Se daría el terreno y monto inicial, con el compromiso de pago mensual. Se trataba de que los beneficiados apreciaran lo que recibían y mantuvieran el compromiso con la inversión.
Era el gran mega proyecto contra la pobreza, recuerda el urbanista.
UN MEGA PROYECTO DESPLAZÓ A OTRO
El surgimiento de otros mega proyectos, como el Metro, dejó a un lado a RESURE. El drama periódico de las casas inundadas siguió sin solución definitiva.
"Hay propuestas, planos, presupuestos... estrategias de mejoramiento de viviendas en las zonas más altas", apunta Rancier. También se hicieron estudios de las cañadas. Lo único que se materializó entonces fue una escuela en el barrio El Clarín.
Con los planos en la mano elaborados para RESURE, Rancier recuerda que el perímetro de toda la zona de riesgo, incluidas La Zurza y La Ciénaga, se construyera un parque para la ciudad. Era una estrategia que concebía el rescate del río como un atractivo de Santo Domingo.
En lo que fue un banco de tierra identificado, se hizo luego un proyecto urbanístico, a cargo de un grupo financiero. Otros terrenos que formaban parte del conjunto se repartieron y vendieron a precios de vaca muerta.
En la Dirección de Ordenamiento Territorial, que absorbió al Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (CONAU), puede que tengan muy clara la solución, pero el organismo se limita a la formulación de políticas, y no tiene facultades ejecutoras.
Mientras, a Rancier y sus colegas involucrados durante años en la elaboración de propuestas de soluciones urbanas en zonas de riesgo, tienen que lamentar que no se haya asumido un programa serio para mejorar sustancialmente estos entornos, desde el punto de vista de la responsabilidad social y de la gestión de riesgo.
"Cualquier trabajo para consolidar La Barquita es una irresponsabilidad, porque siempre se va a inundar. No es posible que se le esté dando esperanza a esa gente. Simplemente hay que movilizarla", advierte Rancier. La estrategia -precisa- puede ser reubicar esas poblaciones en el entorno más próximo seguro, o ubicar un banco de tierra y que se prepare para la reubicación de las familias
La solución planteada en 2005, publicada por Diario Libre.
Lo que se propone realizar el Gobierno en los ríos Ozama e Isabela y sus márgenes es un proyecto ambicioso, no solo por la inversión económica que conllevará -alrededor de 120 millones de dólares- sino por la magnitud de las intervenciones que se pretenden llevar a cabo.
"El plan tal como nosotros lo estamos concibiendo implica cinco acciones, incluso están secuenciadas desde el río hacia el barrio", detalló Joaquín Gerónimo, director del Consejo Nacional de Asuntos Urbanos, una de las cuatro instituciones que están involucradas de manera directa en el programa. Así, el primer paso que darán bajo la sombra del muchas veces postergado Programa de Rescate Social Urbano y Ecológico (Resure), será el despojo de la basura y los escombros que arrastran ambos ríos en sus cauces. En segundo lugar, se ha concebido la definición de un litoral pluvial de alto contenido de esparcimiento con fines de desarrollo turístico y económico.
Luego habilitarán la franja por donde cruzará la avenida de seis carriles que anunció Diandino Peña el martes. "Esta vía se va a desarrollar con un criterio de transporte masivo. No es que por ahí va a ir el Metro, pero posiblemente vaya un sistema de transporte como el Transmilenio, que es con autobuses", agregó Gerónimo.
El ancho que abarcará la avenida será de 40 metros. Pero entre la vía y el río habrá otro espacio de unos 12 ó 15 metros para construir parques y embarcaderos. La cuarta acción tendrá como epicentro al corazón de los barrios La Ciénaga, Los Guandules, Gualey, 24 de Abril, Capotillo y La Zurza, donde se liberarán espacios de 40 ó 60 metros de ancho que serán usados para la construcción de parques y edificaciones de altura.
El paso final del proyecto de rescate de los ríos contempla la construcción de una unidad vecinal o complejo habitacional en las afueras del municipio Santo Domingo. Este para reubicar a las familias que serán afectadas por las intervenciones. Según explicó Gerónimo, en la primera etapa del proyecto fuera de las aguas -la construcción de la avenida- solo se afectará entre 600 y 700 familias. No obstante, este número aumentará cuando se abra el espacio para las áreas verdes y las construcciones de altura en el interior de los barrios. Ahí será necesario sacar a unas 1,500 ó 2,000 familias. La Unidad Vecinal será edificada en la carretera Mella, en las inmediaciones de San Isidro, en un millón de metros de terreno que ya el CONAU ubicó.
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Ley General Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales
Art. 110.- Los asentamientos humanos no podrán autorizarse:
1. En lechos, cauces de ríos o zonas de deyección, zona expuesta a variaciones marinas, terrenos inundables, pantanosos o de relleno, cerca de zonas industriales, bases militares, basureros, vertederos municipales, depósitos o instalaciones de sustancias peligrosas;
2. En lugares donde existan probabilidades ciertas de la ocurrencia de desbordamiento de
aguadas, deslizamientos de tierra y cualquier condición que constituya peligro para la vida y la propiedad de las personas.
Párrafo.- El Estado elaborará un plan de reubicación para el traslado de los asentamientos humanos que, al momento de la entrada en vigor de la presente ley, estén ubicados en los lugares indicados en parte anterior de este mismo artículo. Para tales fines, identificará y consignará en el presupuesto nacional las partidas correspondientes para su ejecución dentro de un plazo prudente y razonable y en la medida de las posibilidades.
El plan RESURE proponía dar el terreno y monto inicial a los desplazados de las zonas de riesgo de los ríos Ozama e Isabela, con el compromiso de pago mensual. Se trataba de que los beneficiados apreciaran lo que recibían y mantuvieran el compromiso con la inversión.
