España suspende temporalmente los desahucios

Sin embargo, activistas dijeron que las autoridades no resolvieron el problema importante que afecta a quienes entreguen sus casas y que podrían continuar endeudados, en algunos casos, para el resto de sus vidas.

Los desalojos se convirtieron de súbito en un tema delicado en el drama financiero de España y las autoridades gubernamentales actuaron en consecuencia menos de una semana después del suicidio de una mujer española que afrontaba el desahucio y se lanzó desde el balcón de un departamento.

Las autoridades intentan revertir o al menos aplazar una situación que ha resultado en la emisión de más de 371.000 órdenes de desalojo por impago hipotecario desde que la crisis financiera que azota al país estalló en 2008.

El gobierno, que prepara una reforma amplia a las leyes hipotecaria y de la propiedad, dijo que pretende proteger a los más necesitados mediante la suspensión del pago de las hipotecas. La medida beneficiaría a quienes tengan ingresos anuales de menos de 14.400 euros (18.400 dólares) tras el pago de impuestos, o a aquellos a los que ha expirado la asistencia por desempleo.

Hay que evitar que familias terminen en la calle a consecuencia de la crisis, dijo a la prensa el ministro de Economía, Luis de Guindos. Se pretende con la medida garantizar que nadie termine sin casa, agregó.

Sin embargo, el gobierno condicionó el otorgamiento de la medida a quienes quieran evitar el desahucio por impago de la hipoteca.

Los beneficiarios deben tener más de tres hijos o hijos menores de tres años, ser adultos mayores, que un integrante de la familia sea incapacitado, ser padres solteros con dos hijos o ser víctimas de violencia familiar.

Quienes reúnan estos requisitos podrán permanecer en sus casas dos años sin pagar la hipoteca, pero no quedó claro qué sucederá con aquéllos que al término de este periodo continúen sin encontrar un trabajo en momentos en que la tasa de desempleo en el país alcanza 25% y que según previsiones se elevará considerablemente en 2013.

Parte del problema estriba en que las leyes hipotecarias son particularmente severas en España.

La gente desahuciada por impago de la hipoteca continúa obligada a reembolsar grandes cantidades, no obstante la precipitación del valor de su casa o apartamento tras la crisis.