El peso político en reparto viviendas

Ante la falta de un procedimiento estándar que rija la distribución planificada de los proyectos habitacionales del Estado, la entrega de las unidades se apoya en una fuerte injerencia política. Por Mariela Mejía/Redactora Senior  

El ingeniero Juan Vargas Monción, ex director del Instituto Nacional de la Vivienda (Invi) durante el gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004), asegura que a su llegada al cargo no se imaginaba cuán fuerte era el clientelismo político en cuanto a asignación y reparto de viviendas, a cuya práctica, afirma, se opone.

Como se estila en la institución, utilizó como mecanismo la intermediación de grupos comunitarios y las iglesias para llegar a las familias que necesitaban un hogar. "Pero fuera mentiroso si dijera que la gente del partido no fue beneficiada, ¿usted pudiera dejar esa gente afuera?", se pregunta.

Aunque en el Invi existe la libertad de que el solicitante -que no debe tener casa propia- acuda a sus oficinas a pedir facilidades para una vivienda del Estado, la intermediación de la clase política ejerce una influencia importante a la hora de determinar quién recibirá una casa construida por el gobierno, y de agilizar el trámite para la entrega del inmueble -cuyo precio de venta es menor al del mercado privado.

Para conocer cómo se desarrolla el vínculo político, DL visitó el residencial Invi-Villa Progreso de Guerra, en la provincia Santo Domingo. Las 80 unidades tipo económicas se inauguraron en julio de 2012 por el gobierno del peledeísta Leonel Fernández, por RD$64,044,759, y con un financiamiento de la Corporación Andina de Fomento. Cada casa se donó a los adquirientes.

"A mí fue el Señor que me la regaló", sentencia de entrada Australia Cuevas Sena, presidenta de un comité de base del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). "Leonel tomó a los presidentes de intermedios de aquí de Guerra y a cada presidente de intermedio le dieron los apartamentos. Los rifaron con los presidentes de Comité de Base, y al rifarlo, yo fui una de las agraciadas", explica.

Recuerda que no tenía una casa propia antes de recibir su vivienda de 40 metros cuadrados, y luego de la rifa tardó 21 días en recibir su morada.

Al frente del apartamento de Australia vive Ernestina de Jesús, quien trabajó en la campaña presidencial del PLD de 2012, y aún conserva su carnet del partido. Llama al equipo de DL para quejarse de que le entregaron una residencia con problemas eléctricos. De paso explica que la casa se la donó su padre, quien -según refiere- trabaja en la Avanzada Presidencial. "Él tiene su casa y consiguió ésta, y me la obsequió", explica.

Fue así como la joven dejó de pagar RD$600 de alquiler en Las Caobas y se mudó a Guerra.

Un militante del PLD desde hace décadas, quien pidió reservas de su nombre, refiere que además de rifas, otros mecanismos utilizados por la dirigencia política es poner el bien a nombre de otro -si la vivienda la toma un político-, o anotar en un listado a los posibles beneficiarios, "tomando siempre en cuenta que sean personas sin vivienda propia".

Las memorias que en 1982 rindió el entonces administrador del Instituto de Auxilios y Viviendas (Inavi), cuando el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Elpidio Ramírez, resaltaron que una de las problemáticas encontradas en el organismo fue la existencia de "viviendas asignadas a personas no cotizantes del Inavi, lo que desvirtúa el objetivo por el cual fue creado".

Cuando se estaba en proceso de discusión de la Estrategia Nacional de Desarrollo, la entonces Secretaría de Economía, Planificación y Desarrollo y el Consejo Nacional de Reforma del Estado (Conare), elaboraron un documento que está publicado en la página web de la Cámara de Diputados, titulado: "Insumos para la elaboración de la Estrategia Nacional de Desarrollo". En el informe señalaron: "Otros subsidios identificados en los proyectos habitacionales desarrollados hasta ahora por el Estado son: i) vender terrenos o viviendas por debajo del costo o regalarlos por razones políticas; ii) fijar el precio de venta menor al precio de costo; iv) permitir alta morosidad en las hipotecas".

Una práctica vieja

El vínculo político en materia habitacional se remonta a los gobiernos reformistas de Joaquín Balaguer. Una señora que trabajó como secretaria en el Palacio Nacional, recuerda que en 1970 sortearon viviendas para los empleados de la casa de gobierno, resultando agraciada con un apartamento en uno de los proyectos construidos en el sector Honduras. Años más tarde lo vendió.

En 1992, cuando trabajaba en la Secretaría Administrativa, recibió otra casa en la Ortega y Gasset. Esta vez la solicitó a su jefa en el Palacio Nacional. Recuerda que en los gobiernos reformistas, al igual que ella, "muchísimos consiguieron casas por la campaña".

Clara Jiménez, quien tiene 20 años residiendo en Invivienda Santo Domingo, asegura que "desde los inicios de este proyecto de viviendas, se ha jugado con las asignaciones originales de miles de personas que pagaron su dinero de inicial, y nunca lograron conseguirlo, porque fueron despojados por los políticos". Este proyecto fue el más demandado por la militancia del PRD, ya que era "el mejor" de los que ese partido construía en la década de los 80.

Se quejan a las claras

Entre 2000 y 2012, los gobiernos del PRD y del PLD planificaron la construcción de más de 26 mil viviendas nuevas a través del Instituto Nacional de la Vivienda (Invi), con una inversión superior a los RD$10,568.5 millones, según reportes de las memorias institucionales.

Las cuotas en los proyectos son exigidas de manera abierta por dirigentes políticos. En junio de 2012, un militante del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) en Barahona, se quejó en un programa radial de que ninguna entidad que pertenece al Bloque Progresista -aliados al PLD en las elecciones- fue beneficiada de los 80 apartamentos construidos próximo a La Guázara, para personas de escasos recursos, cuyo inicial se estableció en RD$30 mil.

"Ni siquiera nos tocó un 5 por ciento o un 10, y eso no está bien… Creo que repartir 80 viviendas, sin tomar en cuenta al Partido Reformista, al PTD, al partido de Vincho, no es lo más elegante", dijo.

Según se denunció en la prensa, dirigentes políticos, inclusive familiares y allegados, salieron beneficiados con la distribución de 180 apartamentos en el residencial El Progreso (que costó RD$1,081.9 millones), construido para la clase media, así como otro proyecto de 200 apartamentos en el ensanche La Fe (RD$1,270.6 millones). Aunque la directora del Invi, a la arquitecta Alma Fernández, no le gusta hablar del tema, aseguró en entrevista con DL, que ningún beneficiario tenía casa propia, restando veracidad a las denuncias que aseguran lo contrario.

Aunque el escándalo mediático generado por la asignación de esas viviendas provocó críticas a la administración del PLD, el exdirector del Invi durante el gobierno del perredeísta Hipólito Mejía, recuerda que durante su gestión, dirigentes del partido exigían la construcción de proyectos de lujo para "salir beneficiados", pero no llegaron a materializarse.

¿Qué opina el Invi?

La directora del Invi explica que la institución no aplica un procedimiento estándar para distribuir las viviendas, sino que su interés es dar apertura a los sectores que las necesitan.

Una de las modalidades más fáciles que utiliza el gobierno -según señala- consiste en auxiliarse de los dirigentes políticos, ya que estos conocen quiénes necesitan una casa en su demarcación. Lo mismo ocurre con los gremios de maestros, abogados, médicos, enfermeras, de prensa y otros, así como la Iglesia y sectores castrenses, cuyos representantes facilitan a la institución los datos de aquellos que necesitan un techo.

"En cada proyecto que hemos inaugurado hay un abogado que nos mandan ellos (el Colegio de Abogados). El presidente del Colegio de Abogados, que es perredeísta, en el proyecto de El Seibo, me mandó un abogado de El Seibo… Los maestros me mandan un postulante, los médicos, los periodistas…", explica Fernández.

Para aquellos que no tengan acceso a la política o a algún gremio, está la vía de tramitar el bien por el Invi. "Aquí hemos utilizado todas las fórmulas que tú puedas imaginarte para ser justos", afirma.

En la página web invi.gob.do se detallan los requisitos que debe cumplir quien solicite una casa al Estado vía esa institución. El requisito número seis pide una "Certificación de Catastro Nacional actualizada, donde haga constar que no posee vivienda". Una vez cumpla con otros seis requisitos, que incluyen actas de nacimiento, copia de la cédula, acta de matrimonio o unión libre, contrato de alquiler y carta de trabajo, el Invi explica que el "producto a recibir" será "una vivienda higiénica y adecuada", cuya tarifa "varía de acuerdo al proyecto".

Mariela Mejía