SOCIEDAD|24 jul 2013, 12:00 AM|1|POR Diario Libre

Adquirientes de viviendas deben RD$1,200 millones al INVI

La directora del Invi, Alma Fernández, habla poco con la prensa, pero accedió a conversar con DL.
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Una alta morosidad de los beneficiarios, engaños y falta de títulos son puntos oscuros de los programas de viviendas estatales. Algunos han dejado de pagar RD$18, de proyectos del año 1978.  Por Mariela Mejía/Redactora Senior  

Adquirientes de residencias a través del Estado le adeudan al Instituto Nacional de la Vivienda (Invi) cerca de RD$1,200 millones por concepto del pago de las cuotas mensuales. Entre las sumas pendientes están montos ínfimos como los RD$18 que algunos beneficiarios dejaron de pagar de proyectos construidos en 1978.

Hace 51 años que se fundó el Invi, y los cobros que tiene pendientes desde que se empezaron a registrar también incluyen montos más altos como RD$1,500 o RD$2 mil de obras más recientes.

Bienes Nacionales también registra deudas de proyectos viejos, sin embargo el monto no se suministró.

 

La morosidad no es la única dificultad cuando se habla de incumplimiento de los adquirientes, muchos de los cuales reciben las unidades a través de una marcada intermediación política, según reseñó DL en la entrega de esta serie publicada ayer.

Hay favorecidos que venden las viviendas, obviando que los adquirientes no pueden traspasar el inmueble -salvo excepciones-, porque se sigue tipificando como un bien de familia, según la Ley 472, que Constituye en Bien de Familia los Adjudicados por el Instituto Nacional de la Vivienda.

Sólo en el proyecto Villa Progreso La Herradura de Santiago, donde se construyeron 512 apartamentos para damnificados de las tormentas Noel y Olga, a un costo de RD$286,825,406, el Invi detectó ocho meses después de su entrega, que 32 personas habían vendido los suyos.

Esta redactora hizo un ejercicio de búsqueda en la Internet de apartamentos en venta construidos por el Estado, y se encontraron varias ofertas. Una es un apartamento en Invi-Villa Progreso Los Alcarrizos, de 64 metros cuadrados, que se vende en RD$750 mil. El anuncio dice: "Apartamento saldado en el Invi, no debe, tiene protectores, buena ubicación, no vicios de construcción, en estado natural, para que el que lo adquiera lo remodele a su gusto".

La directora del Invi, arquitecta Alma Fernández, atribuye el inicio de las moras a las "reiteradas campañas" políticas. "Muchas veces la gente solicita promesas de campaña de que le exoneren los apartamentos…, no se la damos (la exoneración), pero la gente se hace la expectativa de que a lo mejor me lo conceden y dejan de pagar", dice.

DL conoció el caso de una señora que en 1989 compró un apartamento en los multifamiliares Villa Estela, construidos en Barahona en la década del 70. Aunque el inmueble no se debería negociar, el propietario lo vendió con una deuda que no alcanza los RD$1,000. Aunque el monto ya resulta bajo, hasta hoy no se ha podido conseguir el título, porque, además de otros inconvenientes, el pago está pendiente.

En el tema de las viviendas también existe ingratitud. Fernández cita el caso de personas que viven en zonas vulnerables y reciben un techo digno, luego lo venden, y retornan a su casa destartalada. Esto para que el gobierno los vuelva a catalogar como personas sin hogar y recibir otra vivienda.

La funcionaria recuerda que cuando el paso de las tormentas Noel y Olga en 2007, se contó cerca de 600 viviendas afectadas en Bella Vista, Rafey y otros sectores de Santiago. Cuando la Defensa Civil, Salud Pública, Educación y la Gobernación presentaron la lista de damnificados, y se cotejó con la base de datos del Invi, "casi 200 habían sido favorecidos con una vivienda en algún período de gobierno".

Según las memorias del Invi, entre 2000 y 2012, el Estado planificó y construyó más de 26 mil viviendas nuevas a través de esa institución, con una inversión superior a los RD$10,568.5 millones. Si se añaden los demás programas de reconstrucción, mejoramiento, bonos y otras compensaciones, son 499,392 las soluciones habitacionales ejecutadas en ese período, por RD$15,337.5 millones.

A pesar de que a los beneficiarios se les toma una fotografía para los registros, se da el caso de que cuando los supervisores retornan, encuentran que quienes habitan muchas viviendas no son los mismos del archivo. El procedimiento indica que se debe notificar a los dueños originales para que respondan, y se obliga a pagar el inmueble a quien lo compró.

Entre 2004 -2010 las investigaciones de la Sub-Dirección Social, vía la Gerencia Social y Viviendas, determinaron el estatus de 494 viviendas en estado de doble asignación, y en algunos casos hasta de tres asignaciones por unidad habitacional. Los casos más relevantes pertenecían a los proyectos Invivienda Santo Domingo y Villa Olímpica Santiago.

La directora del Invi señala que la deuda que tiene la institución por el atraso en los pagos de los adquirientes, aunque es alta, se ha disminuido, luego de un trabajo de actualización de la base de datos de los beneficiarios de los diferentes gobiernos.

También, a través del Departamento de Seguimiento a los Adquirientes, creado hace unos cinco años, se trata de reforzar el cobro de los proyectos construidos en las tres gestiones que Fernández tiene como directora, entre ellos planes de gracia para ponerse al día y condonar deudas.

Sin pago no se concede título; darán 3 mil en Plan Titulación 

Dentro del Plan Nacional de Titulación que lanzó el presidente Danilo Medina, se estima titular a 3 mil viviendas adquiridas a través del Invi, según explicó la directora de esa entidad. Ya en los años anteriores se han entregado 1,500 de estos documentos.

El administrador de Bienes Nacionales, Emerson Soriano, quien, al igual que la directora del Invi, pertenece a la comisión creada para el referido Plan, explica que en algunos proyectos habitacionales, de escuelas u hospitales, el Estado no tomó la previsión de pagar los terrenos donde se levantaron, y por esa razón adquirientes que han saldado, no han podido acceder a sus títulos.

Por ejemplo, moradores del residencial José Contreras, construidos en el último período gubernamental de Joaquín Balaguer (1986-1996), se quejan de que están dentro de esta situación.

"Tradicionalmente, los presidentes y los gobiernos lo que hacían era declarar de utilidad pública: métase ahí y construya, y al propietario real no le pagaban su dinero, y entonces esos proyectos están ahí construidos, pero la persona no puede obtener la titularidad, debido a que el Estado no lo ha puesto a su nombre, como consecuencia del justo pago, y mucho menos puede transferirlo a terceros", explica Soriano.

Señala que "cuando se trata de apartamentos y de proyectos habitacionales construidos no solamente por este gobierno, sino por los anteriores, entra en juego entonces una variable, que es aquella que se refiere a determinar si esos terrenos, esas extensiones superficiales sobre las cuales se construyeron esos apartamentos, han sido pagadas, porque el proceso de expropiación se completa con el justo pago".

El gobierno tiene la meta de dar en cuatro años 150 mil títulos de propiedad de inmuebles urbanos y rurales del Estado. En la capital, una brigada de Bienes Nacionales trabaja en Los Alcarrizos, Los Mina y Los Frailes.

 

El problema de titulación también tiene sus bemoles en la invasión de terrenos estatales, como es el caso del ensanche La Fe del Distrito Nacional, donde el Banco Nacional de la Vivienda ha tenido que desarrollar un plan de titulación de 350 viviendas levantadas por personas que hace décadas invadieron una extensión de 53 mil metros cuadrados que corresponden a esa entidad.

Larga carrera de cobros 

Los recursos que recibe el Invi por los cobros de su Cartera Hipotecaria constituyen una de las fuentes de ingreso de la institución empleados para sus gastos corrientes e inversión en proyectos vigentes.

En 19 años (1980-1999), el gobierno, a través del Invi y Bienes Nacionales, logró recuperar RD$240,768,571. Sólo entre 1997-1999, cuando el Invi era dirigido por el arquitecto Joaquín Gerónimo, se recaudaron RD$157,749,714, cobrándose el 58% de ese monto en 1999.

Pese a los millonarios montos recaudados, la deuda de la Cartera Hipotecaria sigue alta. "Hay una deuda de 1,200 que lo más probable es que haya bajado en algún momento a 800 o 900, pero que cuando repartes otro proyecto, la deuda se incrementa, lo único que son nuevos deudores", explica la actual directora del Invi.

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