Dinero del narco: tema tabú en la política

SD. Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más famosos de Colombia y sindicado como  fundador del Cartel de Medellín, llegó a ocupar varios cargos públicos, incluso el de diputado suplente en 1992, pese a que desde joven se le vinculaba a actos delictivos.

Con el desarrollo de la República Dominicana como puente para el narcotráfico y a partir de la pasada campaña electoral presidencial, en el país corre la alarma por la posible penetración de bandas y mafiosos en la política, con la postulación directa de traficantes o con el financiamiento de proyectos políticos con dinero proveniente de ese delito.

Para "curarse en salud" el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) exigirá a sus aspirantes a cargos directivos que presenten una prueba antidopaje, junto a cartas de las autoridades judiciales y policiales, para descartar antecedentes o sometimientos penales.

Aunque ya los partidos locales lo han hecho antes, la decisión de la comisión organizadora de la convención perredeísta muestra el temor de las dirigencias a verse involucradas en denuncias que bajen sus potencialidades electorales.

 Para radicalizar los controles, los árbitros de estas elecciones internas pedirán también "una carta de no objeción de organizaciones de la sociedad civil representativas de la comunidad donde pretende ser elegido" el aspirante.

Quien advirtió de la existencia de dinero "lavado" en la campaña electoral de 2008 fue el presidente del Partido Revolucionario Independiente (PRI), Trajano Santana, pero el tema murió en la exigencia de algunos sectores para que el denunciante aportara las pruebas.

Hoy sostiene que todavía el narco no penetra al grado de sustentar proyectos políticos a gran escala. "La verdad es que de algún modo hace aportes y hasta cierto punto puede financiar a figuras en búsqueda de impunidad", asegura, sin identificar a nadie.

Ya Quirino Ernesto Paulino Castillo, preso en Estados Unidos por introducir drogas a ese país, se había encargado de revelar a través de un hermano que había aportado recursos para los tres principales partidos. "Sus relaciones partidarias han sido con todos, tanto el partido reformista ha recibido beneficio como lo ha recibido el PRD, como lo recibió el Partido de la Liberación Dominicana", dijo a El Nacional, Quirilio Paulino, hermano del reo.

La podredumbre del caso Quirino llegó a salpicar hasta al gobierno de Hipólito Mejía, quien reintegró al ex teniente del Ejército y lo ascendió a capitán. Cuestionó más aún a esa administración cuando el país conoció la foto del entonces secretario de la Presidencia, Sergio Grullón, juramentando al narco en el sector externo a favor del proyecto político de Mejía.

Pero cuando el fiscal del Distrito Nacional, Juan Manuel Hernández, citó a Mejía en abril de 2005, para interrogarlo por la supuesta vinculación de funcionarios de su gestión con el caso Quirino, el presidente Leonel Fernández ordenó echar para a atrás la citación. En varias ocasiones posteriores, Mejía dijo que Fernández conoce la lista de los que Estados Unidos todavía espera para juzgarlos por el caso, que, según los rumores, incluye a civiles y militares de poder.

Aún los casos que llegan a la Justicia asumen el matiz del discurso político.

El caso Paya chamuscó esferas del oficialismo

En agosto de 2008, la ejecución de siete hombres  en un ajuste de cuentas, en la comunidad de Paya, Baní, abrió también una caja de Pandora que todavía cuestiona al presente Gobierno y al principal partido oficialista.

El senador por Peravia, Wilton Guerrero, no sólo acusó de complicidad a las autoridades policiales, sino además al fiscal Víctor Cordero  y al gobernador Bienvenido Montero. Como si fuera poco, responsabilizó de hacerse de la vista gorda al procurador general, Radhamés Jiménez, amigo personal de Fernández.

En algunos casos, los agraviados demandaron a Guerrero por difamación e injuria, pero la Suprema Corte de Justicia descargó al legislador, amparada en su inmunidad parlamentaria.

En otros, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) asumió el rol de mediador, para terminar la ventilación pública del problema.

En la justicia

A los tribunales llegaron los ex funcionarios Hernani Salazar y Pedro Julio Goico -de la gestión de Mejía- por supuesta vinculación en la compra y venta de un helicóptero de Quirino. Marino Vinicio Castillo resultó condenado a pagar RD$1 millón en una demanda de Salazar. Además, la Corte de Apelación del Distrito Nacional sigue el juicio por supuesto lavado de activos a Pepe Goico, descargado en primer grado. Mejía y Fernández han sido cuestionados por sus contrarios, por figurar en fotografías con extraditados por narco, pero todo se queda en las tribunas políticas.

Diario Libre