La ADP defiende su derecho a las protestas reivindicativas

A los docentes no les asusta la sentencia del Tribunal Constitucional que confirma la sentencia dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de Barahona el 21 de marzo de 2017 contra el Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), seccional Barahona, por las suspensión de docencia en ese municipio. porque tienen derecho a las protestas.

Así lo afirmó la presidenta de la ADP, Xiomara Guante, quien advierte que no va a renunciar a sus derechos de demandar los mejores intereses del magisterio y de la educación pública para los más pobres del país.

“Esa advertencia va para todos. Que sepan que el Estado tiene que fungir como garante de los derechos, porque la ADP ha estado involucrada en todos los procesos que tienen que ver con demandar mejores intereses para los estudiantes”, dijo Guante.

En ese orden, recordó que el sindicato fue que inició la lucha para que se cumpla con el presupuesto del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación.

“La ADP nunca atenta contra los derechos de los niños y las niñas y garantizan que el año se cumpla felizmente, ahora, no vamos a permitir que se nos conculque un derecho que a todas luces tenemos que salir a reclamar porque las autoridades no cumplen con el rol que les corresponde de garantizar derechos fundamentales para los profesores y los niños”, comentó la presidenta de la ADP.

Indicó que la historia de la asociación es la del derecho a la educación en la República Dominicana y niega que exista un conflictos entre el derecho a la educación y los derechos laborales y sindicales de los docentes dominicanos.

“Cuando los docentes están en las calles, lo hacen porque las autoridades no responden, ni habilitan espacios de diálogo-soluciones”, señala la presidenta del gremio.

Asegura que sus reclamos son por mejores condiciones para la escuela, el bienestar estudiantil y el magisterial, que no violan el derecho a la educación, por el contrario, gritan por la efectividad del derecho a la educación y ponen en evidencia las faltas del estado frente a su obligación con este derecho.

Citan que el propio Tribunal Constitucional reconoció “la tarea que desempeñan los profesores o personal docente en la prestación del servicio público educativo, no le son ajenas las apremiantes necesidades que históricamente han afectado el bienestar de este sector profesional”.

Además, que los reclamos del sindicato son en principio legítimos y merecen ser atendidos oportunamente por el Ministerio de Educación y que es lógico que despliegue ingentes esfuerzos para encausar los reclamos del sector magisterial.

La ADP comunicó la decisión del Tribunal Constitucional a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual vela por los derechos de los trabajadores consagrados en los tratados internacionales.

“De igual manera está debidamente informada la Internacional de Educación, organización que agrupa a todos los sindicatos de educadores del mundo y de la cual es parte nuestro gremio magisterial”, apuntó Guante.

Lisania Batista