¿Guayacán Turístico?

A quien esto escribe se le antoja proponer que el mecanismo necesario comience por establecer una ventanilla o sección de denuncias de incumplimiento en el sitio web de la DPP.

En medio de la barahúnda y los paralelepípedos de la campaña electoral, el Ministerio de Turismo celebró la semana antepasada un acto de trascendencia histórica. Se pusieron a circular cinco planes de ordenamiento territorial de igual número de áreas turísticas con las resoluciones que los dejan legalmente instituidos. La promesa de este histórico hito es muy auspiciosa, aunque haya que quedar pendientes de que se respeten las prescripciones.

El clamor por el ordenamiento territorial comenzó con los albores del desarrollo turístico. Este torna más racional y eficaz el uso del "espacio turístico", dando lugar a una "estructura equilibrada de usos del suelo que sea compatible con el desarrollo económico y social visualizado." Así las aptitudes y potenciales del suelo se compatibilizan con las tendencias del mercado y se concilian con la propuesta de uso de los intereses particulares. Con las provisiones de control y regulación debidas, se esperaría que el ordenamiento constituya una especie de guayacán turístico, determinando los patrones de desarrollo sectorial.

Pero aun cuando existen cuatro planes nacionales de ordenamiento territorial para el sector turístico (1968, 1982, 1991, 1997), nunca podría alegarse que el desarrollo sectorial ha sido pautado por ellos. Los mismos han servido de parcial referencia para las decisiones del Ministerio, aunque estos nunca fueron dotados de un estatuto legal que compeliera su cumplimiento. Son varios los proyectos que han desconocido los usos de suelos y normas establecidas sin que ninguna autoridad frenara su desacato.

Los planes citados partieron de la premisa de que el esfuerzo de ordenamiento debía comenzar por las consideraciones del nivel nacional. Algunos inclusive usaron ese marco para entonces elaborar prescripciones para algún polo o región. En ningún caso se ha prestado mucha atención a los planes regionales y todos, nacionales y regionales, han servido solo como referencias históricas. Recientemente, Felucho Jiménez patrocinó la elaboración de tres planes regionales durante su gestión, pero es al actual incumbente del MITUR que le cabe el mérito de haber institucionalizado, mediante las resoluciones y reglamentos correspondientes, un nuevo conjunto de prescripciones sobre el suelo.

El Departamento de Planificación y Proyectos (DPP) del MITUR ha sido el artífice principal de este gran logro. Con un personal de entusiastas jóvenes profesionales y el apoyo del Viceministerio Técnico, el DPP entregó los siguientes cinco planes regionales: 1) Punta Cana-Bavaro-Macao, Pedernales, Samaná Norte y Las Terrenas, Cabarete y Costa de Miches. Han sido todos digitalizados y puestos a la disposición del público en sendos CDs por separado. Con la excepción de Pedernales, los planes se enfocan en las regiones de mas fuerte desarrollo.

El DPP usó los numerosos antecedentes existentes en materia de planificación territorial. El de la Costa Este que había sido comisionado durante la gestión de Felucho Jiménez fue el que mantuvo mayor vigencia en los nuevos planes. En el caso de Pedernales, el DPP se auxilio de un par de arquitectos costarricenses que han propuesto el turismo de alto lujo y de naturaleza como los blancos de desarrollo deseables para la región.

En respuesta a múltiples peticiones de inversionistas y otros actores del sector, el DPP también realizó, en el acto mencionado, el lanzamiento de su página web. En esta estarán colgados todos los planes reseñados, además de los formularios y procedimientos necesarios para tramitar solicitudes de incentivos y aprobaciones. Se promete que tan pronto las demás dependencias estatales involucradas se hayan conectado a la página se podrá contar con la anhelada "ventanilla única" para agilizar los trámites burocráticos en materia de aprobación de proyectos.

El examen minucioso de cada uno de esos planes debe preceder cualquier comentario sobre su calidad técnica. Reconforta saber, mientras tanto, que aunque el DPP realizó amplias consultas con los actores de los distintos "polos" y regiones, y a pesar ade que en un par de los casos consiguió un apoyo consensual para las prescripciones, los resultados finales fueron diseñados con criterio propio.

Mientras se comienza la tarea de divulgación y puesta en aplicación de los planes nuevos, habrá que temperar cualquier intento de cantar gloria con varias consideraciones. La primera es que los nuevos planes reflejan visiones particulares sobre las regiones que cubren, visualizando un patrón de desarrollo regional que no necesariamente estaría en armonía con las prescripciones de un Plan Nacional Estratégico. Según el DPP, este ultimo sería la nueva tarea a acometer, pero algunos cuestionan la pertinencia de haber comenzado al revés. El alegato de que primero se debió partir, en un proceso lógico-deductivo, de una visión general sobre el país parece razonable.

Una interrogante que salta a la vista tiene que ver con la compatibilización que estos planes turísticos con otros que desarrollen otros ministerios. Los ministerios de Economía y Medio Ambiente son los que están encargados por ley de la planificación territorial , pero el primero no le ha sido posible todavía "coger ese toro por los cuernos". Aunque tiene en carpeta una nueva Ley de Regionalización y otra Ley de Suelos, se desconoce cuando podrían lograr la aprobación congresional. De manera que parece haber cabos sueltos, a pesar de que el DPP se cuidó de consensuar con varias dependencias oficiales.

En el acto, el Presidente de Asonahores externó su aspiración de que se instituyan mecanismos que garanticen el cumplimiento de los planes. Aseveró con propiedad que es en la falta de cumplimiento con las disposiciones legales vigentes donde más se nota la precaria institucionalidad del sector. Aunque no se hizo eco de las repetidas quejas de muchos inversionistas por la relativa carencia de "seguridad jurídica", quedó obvio que aspira a que el ordenamiento también redunde en un mejoramiento de esta situación.

El protocolo del acto no dio oportunidad de plantear posibles soluciones a este espinoso problema del cumplimiento. A quien esto escribe se le antoja proponer que el mecanismo necesario comience por establecer una ventanilla o sección de denuncias de incumplimiento en el sitio web de la DPP. Esta estaría conectada a los sitios web de Asonahores, el Consorcio de Competitividad Turística y de cuantas ONGs o asociaciones sectoriales quisieran incorporarla. Todas las denuncias serian colgadas en el sitio, aun las triviales.

Es obvio que así la denuncia pública tendría un eco inmediato en todo el sector. Pero esto debe ser seguido por la respuesta que las autoridades correspondientes hayan dado a cada denuncia. Esto así alertaría al incumplimiento tanto de los privados como de los públicos.

Juan Lladó