Historia DL. - Millones en bolsillos de contratistas del Estado

  • Obras suben hasta 10 veces en su costo original
Nueva ley busca crear marco jurídico para frenar desorden.
Santo Domingo. Las obras relevantes ejecutadas por el Estado han sido por años fuentes de pingües beneficios para contratistas y funcionarios, que varían de un gobierno a otro, y que al carecer de parámetros legales, elevan sus costos hasta en un mil por ciento con respecto a su presupuesto original.

Legisladores y antiguos funcionarios estatales del área de la construcción definen como "una locura desenfrenada" los cambios sustanciales que experimentan las construcciones que ejecuta el Gobierno, básicamente en los cambios de administración.

Además, exorbitantes sumas de dinero del erario público se han quedado "en el limbo", al invertirse decenas de millones de pesos en obras que nunca se concluyen. En diversas poblaciones de las regiones Sur y el Cibao reclaman la conclusión de obras que tienen más de 25 años de iniciadas.

Con la contratación pública de obras, servicios y concesiones se ha desangrado con miles de millones de pesos las finanzas del Gobierno durante décadas, por lo que en la actualidad diversas instituciones oficiales y privadas buscan regular mediante una ley la asignación de esos contratos.

El Consejo Nacional de Reforma del Estado y Participación Ciudadana analizaron en un taller la factibilidad de consenso para la aprobación del proyecto de Ley de Contratación Pública de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones.

Cambios sustanciales

La construcción del nuevo Palacio de Justicia, que aloja a la Suprema Corte e Justicia y la Procuraduría General de la República, iniciado en el mes de febrero de 1999, tenía un presupuesto inicial de RD$150 millones (OP registra RD$541 millones), pero su costo final en enero de este año fue de 1,097 millones 700 mil pesos. Por la obra pasaron más de 35 contratistas.

El puente Juan Bosch, paralelo al Duarte, se inició en el año 1998 con un presupuesto de RD$430 millones, pero se terminó en el año 2001 con RD$618 millones.

La primera etapa de ampliación de la autopista Duarte se inició en el año 1986 con un costo de RD$180 millones y al finalizar en 1997 se había invertido RD$6 mil millones.

La construcción de la avenida de El Puerto, que posteriormente pasó a ser la Francisco A. Caamaño Deñó, costó su primera parte RD$57 millones, mientras que la inversión final, en 1995 fue de RD$200 millones.

Otra obra conflictiva fue la autopista 6 de Noviembre, que se inició con un presupuesto de RD$150 millones y seis años después su costo final fue la astronómica suma de RD$969.5 millones.

El aeropuerto de La Isabela, o de El Higüero, que finalmente fue bautizado con el nombre de Joaquín Balaguer, se presupuestó para ser construido a un costo de RD$200 millones, pero su costo final sobrepasó la suma de RD$1,000 millones.

Hay que frenar locura

El ingeniero Euclides Sánchez, ex director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, opina que el desorden es fruto de la falta de un marco jurídico que permita que un proyecto de construcción sea analizado con tiempo y que su presupuesto sea adecuado y que obedezcan a un marco legal establecido.

Mientras, el senador Vicente Castillo, presidente de la Comisión de Obras Públicas del Senado, cree que la distorsión obedece a que los costos de las obras cambian sustancialmente de un gobierno a otro, porque se elevan los precios unitarios y la cuantía total en relación a la inflación en los materiales utilizados. El ingeniero y legislador no cree que los incrementos en los costos de las obras oficiales se trate de una actitud de los gobiernos ni de una conducta de un gobierno a otro.

Los ingenieros Alejandro Montás, diputado y ex presidente del CODIA; Mariano Germán y el licenciado Faustino Collado, de la comisión de transparencia de Participación Ciudadana, fueron de los panelistas que discutieron el proyecto de ley de Contrataciones Públicas de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones.

El proyecto de ley establece los métodos para la contratación de obras públicas, las metodologías de las licitaciones públicas y las normas que regirán en casos de incrementos de las obras.

Contratos ilegales

La ley que existe desde el año 1978 permite la asignación de grado a grado de obras de hasta RD$10 mil, o sea, que todas las actuaciones de los funcionarios ahora mismo pueden ser cuestionadas, opinó el diputado del PLD Euclides Sánchez.

Pondera la iniciativa del presidente Leonel Fernández, de enviar un proyecto al Congreso que busca "transparentar"el ejercicio público, sobre todo, en el área de la contratación de obras.
20050429 http://www.diariolibre.com

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