Relatora pide al SE asiático que lidere proceso internacional contra Birmania

Ginebra, 17 sep (EFE).- Los países del sureste asiático, en los que viven muchos de los miembros de la etnia musulmana rohinyá expulsados a la fuerza por Birmania desde 2017, deberían liderar un proceso contra ese Estado en el Tribunal Internacional de Justicia, sugirió hoy la relatora de la ONU para ese país, Yanghee Lee.

"Sería ideal que algún miembro de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático llevara el caso a ese tribunal, ya que se trata de una cuestión regional y muchos rohinyás viven ahora en esos países", declaró la relatora en Ginebra, poco después de que la cuestión birmana se debatiera hoy en el Consejo de Derechos Humanos.

En la actualidad quien lidera los esfuerzos para llevar la cuestión rohinyá al tribunal de La Haya es Gambia, en representación de la Organización de Cooperación Islámica, un proceso que en palabras de Chris Sidoti, de la Comisión de Investigación sobre Birmania, es "agónicamente lento".

Los investigadores internacionales de la represión sufrida por los rohinyás desde agosto de 2017, cuando más de 740.000 refugiados de esta etnia musulmana huyeron a Bangladesh, también buscan que el conflicto sea juzgado por la Corte Penal Internacional (CPI), encargada de juzgar delitos de genocidio.

Otro miembro de la comisión investigadora, Radhika Coomaraswamy, admitió la "falta de voluntad política" por parte de los distintos Estados para llevar la cuestión al CPI (también con sede en La Haya), aunque subrayó que la posibilidad "no está completamente cerrada".

La Comisión de Investigación sobre Birmania presentó hoy ante el Consejo de Derechos Humanos su informe sobre la evolución de los últimos 12 meses en el país surasiático, en el que, según la relatora Yanghee Lee, la situación de las libertades fundamentales "ha empeorado".

La surcoreana puso como ejemplo el aumento de detenciones de activistas políticos, o el hecho de que 41 periodistas estén privados de libertad por informar de los distintos conflictos del Ejército birmano con guerrillas de diversos estados, criticar las actividades militares o al Gobierno de Aung San Suu Kyi.

"El aumento de las acusaciones contra los periodistas es un esfuerzo por cerrar los ojos y los oídos de la gente para que no se sepa lo que está ocurriendo en áreas de conflicto", señaló la relatora, quien también citó en este sentido los numerosos bloqueos de las comunicaciones móviles y a través de internet.

El informe de la comisión investigadora fue criticado hoy en el mismo Consejo de Derechos Humanos por el embajador birmano en Ginebra, Kyaw Moe Tun, quien consideró que se basa en "acusaciones infundadas" que su Gobierno rechaza "categóricamente".

El informe "daña los intereses del pueblo birmano" intentando crear "una narrativa hacia el aislamiento económico del país que causaría enormes dificultades a millones de personas", argumentó el representante del Gobierno de Aung San.

Los miembros de la comisión investigadora vacilaron hoy a la hora de responsabilizar directamente de las violaciones de derechos humanos cometidas por el Tatmadaw (el ejército birmano) a Aung San, quien pasó de ser el símbolo de la resistencia contra la dictadura militar en las décadas de 1980 y 1990 (recibió el Nobel de la Paz en 1991) a estar en el punto de mira de la comunidad internacional.

"Quizá no tuvo conocimiento de lo que ocurrió en agosto" de 2017, reconoció hoy en la rueda de prensa el presidente de la comisión investigadora, Marzuki Darusman, en referencia a los ataques del Tatmadaw contra aldeas rohinyás, que causaron la muerte de miles de miembros de esta comunidad.

"La parte civil del Gobierno no controla la parte militar, pero tiene responsabilidades constitucionales", añadió su colega Chris Sidoti.

Sobre la posibilidad de que los rohinyá en el exilio puedan regresar a Birmania en un futuro cercano, los expertos reconocieron que las condiciones de seguridad actuales no lo permiten, teniendo en cuenta la precaria situación de los 600.000 rohinyás que aún viven en suelo birmano, muchos de ellos sin libertad de movimiento.

"El retorno es imposible si 1,2 millones de personas siguen siendo rehenes de cara a unas posibles negociaciones", explicó Sidoti en referencia a los rohinyá que viven en pésimas condiciones dentro y fuera de Birmania, muchos de ellos en Cox's Bazar (Bangladesh), el mayor campo de refugiados del mundo. EFE

EFE

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