Supremo británico inicia vista sobre receso parlamentario
AP
El Supremo británico tenía previsto decidir a partir del martes si el primer ministro, Boris Johnson, infringió la ley cuando suspendió el Parlamento apenas unas semanas antes de que Gran Bretaña abandone la Unión Europea, en un choque de poderes entre los legisladores electos y el ejecutivo.
Johnson envió a los parlamentarios a casa el 9 de septiembre y hasta el 14 de octubre, apenas dos semanas antes de la fecha prevista para el Brexit, el 31 de octubre.
La decisión indignó a muchos legisladores, que afirman que el receso está diseñado para evitar que el Parlamento interfiera con los planes del primer ministro de abandonar la UE el mes que viene, haya acuerdo o no.
La suspensión dio pie a varias demandas, en las que dos tribunales menores han dado veredictos contradictorios. El Alto Tribunal inglés dijo que era una cuestión política y no judicial, mientras que los jueces escoceses determinaron que Johnson había actuado de forma ilegal para evitar un escrutinio democrático.
El Supremo británico tendrá que decidir quién tiene razón, en un proceso que podría llevar hasta tres días. Debe pronunciarse sobre dos preguntas: Si es una cuestión que deban tratar los tribunales y, en ese caso, si el gobierno infringió la ley.
David Pannick, abogado de la activista protransparencia Gina Miller, dijo que Johnson suspendió de forma improcedente la legislatura “para silenciar al Parlamento (...) porque ve al Parlamento como un obstáculo para el desarrollo de sus objetivos políticos”.
El Supremo británico determinará si fue legal o no suspender el Parlamento
El abogado afirmó que el hecho de que “el Parlamento es soberano y el ejecutivo responde al Parlamento” es un principio constitucional fundamental, y describió como “extraordinario” que Johnson no hubiera enviado una declaración al tribunal detallando sus motivos.
El mandatario afirma que la suspensión es rutinaria y permitirá a su gobierno introducir sus medidas para el país en una nueva sesión del Parlamento.
La corte también escuchará a los gobiernos de Escocia y Gales, así como al ex primer ministro John Major, todos ellos para apoyar las demandas contra el gobierno, y a un activista de Irlanda del Norte que afirma que un Brexit sin acuerdo pondría en peligro el proceso de paz en la región.
Johnson no ha dicho qué hará si los jueces declaran ilegal la suspensión de la cámara. En declaraciones a la BBC, dijo que “esperaré a ver lo que dicen”.
El caso es un nuevo capítulo en una larga saga que ha dividido a la política y el público británicos durante más de tres años, desde la ajustada victoria a favor del Brexit en el referendo de 2016.
Johnson ha insistido en que Gran Bretaña debe salir de la UE el 31 de octubre con acuerdo o sin él, aunque afirme creer que aún queda tiempo para acordar una salida ordenada.
Sin embargo, la UE señala que Londres no ha ofrecido ninguna solución “operativa legalmente” para el problema de la libre circulación de personas y mercancías en la frontera irlandesa, el principal escollo para el acuerdo.
Mientras tanto, en Estrasburgo, el líder del grupo más grande en el Parlamento Europeo dijo que “no hay progresos” en las negociaciones.
No hay ninguna propuesta desde el lado británico de la mesa”, dijo Manfred Weber, presidente del grupo de centroderecha Partido Popular Europeo.
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Lorne Cook, en Bruselas, contribuyó a este despacho.
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