Adela Chalas tiene 69 años, y a pesar de los achaques de la edad y el fuerte calor, hoy igual que muchas otras veces, estuvo de pie frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva pidiendo cárcel para los acusados por la venta irregular de los terrenos de Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este.

“Tenemos más de seis años luchando, pero mientras estemos vivos, estaremos luchando. Estamos interesados en que nos den nuestros títulos. Yo he sufrido accidentes en esto (manifestándose), pero no me canso. Queremos título y tranquilidad en nuestras casas”, dijo la señora que dice tener más de 40 años residiendo en Los Tres Brazos.

Acompañada de un grupo de manifestantes, la señora Chalas narró que cuando llegó a Los Tres Brazos, el lugar era “un monte”. Dijo que a fuerza de mucho sacrificio fue construyendo su casita. “A veces dejábamos de comer para poner un block o poner una hoja de zinc… y ahora quieren quitarnos nuestra casita a fuerza de malicia”, reprochó.

Manifestó su deseo de que la justicia ponga un ejemplo “para que no vuelvan a hacer eso. Porque si los dejan quietos, al tiempo van a volver a necear”.

Otro que estuvo en la manifestación fue Fernando Morillo, dirigente del Comité de Lucha por los Tres Brazos. En nombre del colectivo hizo una advertencia a las autoridades judiciales: “Queremos decirle a la justicia dominicana que equivocarse con Los Tres Brazos, sería prender un barrio. Porque nosotros no nos vamos a estar quietos hasta que se haga justicia en Los Tres Brazos, se nos den nuestros títulos y se castigue a los culpables”.

Consideró que el juez de la instrucción que conoció la audiencia preliminar ha tenido suficientes elementos de pruebas para enviar a los acusados a un juicio de fondo.

La audiencia preliminar

La manifestación de los comunitarios se produjo momentos en que estaban esperando el fallo del Sexo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el cual debe decidir si envía a juicio de fondo a los acusados del caso de corrupción por la venta de los terrenos del caso Los Tres Brazos.

Sin embargo, el tribunal informó que la sentencia no estaba lista y pospuso el fallo para el próximo lunes. 

Los acusados 

En total hay 17 personas vinculadas al caso, incluyendo a Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde).

Además de Leoncio Almánzar, por este caso son procesados: Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de títulos del Distrito Nacional.

Por igual, cuentan entre los procesados Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., junto a los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.

También, José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.

El Ministerio Público además acusa a las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet S.R.L., Infepa, Titulatec S.R.L y Teknowlogic Dominicana S.R.L.

La acusación indica que los citados funcionarios se coludieron entre sí para violar el ordenamiento jurídico constitucional y legal a fin de desfalcar al Estado, vendiendo a precios pírricos todo un sector habitado, a un grupo de empresarios agrupados en la compañía Infepa, precisó el Ministerio Público en un comunicado. 

Wander Santana

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Periodista en ejercicio desde el 2014. Ha ejercido la profesión en los principales medios impresos de la República Dominicana. Escribe sobre casos judiciales, derechos humanos, criminalidad y otras problemáticas sociales.