Informe revela crisis sanitaria en cárceles dominicanas; 431 presos con VIH y 726 con diabetes
El Consejo Nacional de Defensa Pública presentó este lunes el informe de las condiciones de detención y de prisión de la República Dominicana 2023
El informe de las condiciones de detención y de prisión de la República Dominicana 2023, reveló que en los centros penitenciarios del país predomina el hacinamiento, la falta de condiciones sanitarias y la insuficiente atención médica, lo que pone en riesgo la salud y la dignidad de los reclusos.
La hipertensión arterial es la patología predominante en los centros de privación de libertad del país, afectando a 1,569 personas. Le siguen la diabetes con 726 casos; enfermedades mentales con 508 afectados, y el VIH con 431 contagiados.
"La última cifra llama a reflexionar sobre lo permisivos que son los centros tradicionales para permitir el ingreso de trabajadoras sexuales", establece el informe.
Las informaciones contenidas dentro del informe realizado por el Consejo Nacional de Defensa Pública, señala también que en las cárceles del país predominan las celdas sin ventilación adecuada y con baños inhumanos, que "son un reflejo de la precariedad estructural que afecta a miles de internos".
Además, este informe establece que la escasez de alimentos y la limitada oferta de programas educativos y de reinserción social arrojan la necesidad urgente de reformas integrales para mejorar las condiciones de vida dentro de las cárceles.
Hacinamiento
El informe revela que, en el Centro de Corrección y Rehabilitación de La Victoria, diseñado originalmente para albergar a 2,000 personas, está actualmente sobrecargado con 7,093 internos. A nivel nacional, se ha registrado un total de 26,076 personas privadas de libertad distribuidas en 41 centros.
Las infraestructuras de los centros penitenciarios están al borde del colapso, de acuerdo al levantamiento realizado durante el 2023, incluso en los centros del nuevo modelo como Rafey, donde el agua cae directamente sobre los camarotes en que duermen los privados de libertad.
Situaciones similares se viven en el área de hombres y mujeres en Nagua, donde los "internos terminan empapados mientras duermen", debido a las filtraciones.
Salud
De acuerdo con el informe, el 35.81 % de la población carcelaria padece de hipertensión (1,569 personas), mientras que un 16.57 % (726 personas) sufre de diabetes. Además, un 11.48 % (503 personas) presenta trastornos mentales, y el 9.84 % (431 personas) vive con VIH.
Otras condiciones médicas relevantes incluyen asma, que afecta al 7.60 % (333 personas) de los reclusos, y afecciones de la piel, presentes en un 6.03 % (264 personas).
También se identificaron casos de tuberculosis en un 3.58 % (157 personas), así como otras condiciones médicas que afectan al 3.49 % (153 personas) de la población encarcelada.
Las cardiopatías afectan al 2.72 % (119 personas), hepatitis al 1.57 % (69 personas), y discapacidades físicas y visuales están presentes en el 1.00 % (44 personas) y el 0.30 % (13 personas) de los reclusos, respectivamente.
El reporte destaca que la mayoría de los privados de libertad no tienen acceso a tratamientos o medicamentos generales, y mucho menos a los necesarios para atender enfermedades como la diabetes o los medicamentos controlados para patologías mentales.
Sobre la salud de los privados de libertad, el informe hace varias recomendaciones. En primer lugar, se sugiere habilitar y adecuar las áreas médicas en los centros de privación de libertad. Esto incluye la instalación de laboratorios para pruebas analíticas y áreas de odontología, así como el suministro adecuado de medicamentos e instrumentos necesarios.
Además, se recomienda gestionar con el Ministerio de Salud Pública la dotación de suficientes medicamentos y con el Servicio Nacional de Salud (Senasa) la asignación de médicos y enfermeras de manera permanente en los centros penitenciarios.
Para asegurar la disponibilidad de los medicamentos esenciales, el informe propone que el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese -CAL) provea a los centros penitenciarios con los medicamentos necesarios para los internos.
Otra recomendación es canalizar con el Senasa el nombramiento de comisiones de psiquiatras por región para atender patologías mentales y psicólogos para tratar trastornos psicológicos. Asimismo, se sugiere contratar internos e internas a través del Ministerio de Salud Pública para colaborar en las atenciones sanitarias dentro de los centros penitenciarios.
El informe también destaca la necesidad de implementar un seguimiento médico especializado para internos con condiciones de salud como diabetes, hipertensión, VIH, asma, tuberculosis y enfermedades mentales, asegurando que reciban la medicación y el tratamiento adecuados.
En este sentido, se recomienda crear un Centro Psiquiátrico para alojar a privados de libertad con trastornos mentales, en cumplimiento con las medidas de seguridad conforme a la ley.
Además, se propone establecer un archivo para cada persona que ingrese al centro, con una carpeta que detalle sus condiciones de salud y las atenciones médicas recibidas. Los documentos relacionados con tratamientos médicos previos a la entrada deben ser anexados al expediente penitenciario de salud.
Otras recomendaciones incluyen la creación de una unidad de atención de crisis para privados de libertad con condiciones de salud mental y la excarcelación de aquellos con enfermedades terminales y adultos mayores que estén impedidos de moverse por sí mismos.
Finalmente, se sugiere que los jueces de ejecución de la pena, mediante la variación de modalidad de la pena, remitan a los adultos mayores sin familiares a asilos de ancianos subvencionados por el Estado.
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