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Creen acuerdo con Embraer abre posibilidad de más imputados en caso Tucano

La empresa se ha transado con autoridades para evitar acusación

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Creen acuerdo con Embraer abre posibilidad de más imputados en caso Tucano
Aviones Super Tucano fabricados por Embraer. (ARCHIVO - DIARIO LIBRE)

SANTO DOMINGO. El acuerdo al que llegaron la Procuraduría General de la República y la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), abre la posibilidad de que nuevos imputados sean sumados al expediente.

En las próximas semanas esa empresa, que pagó una indemnización de siete millones de dólares para ser excluida del proceso judicial por los sobornos para la compra de los aviones Super Tucano, empezará a enviar a la Procuraduría los documentos con los pormenores de quiénes fueron sobornados y bajo cuáles mecanismos se hicieron dichas coimas.

“Inmediatamente”, las informaciones serán analizadas y cotejadas por un equipo de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), revelaron las autoridades.

Patrón de Embraer

Con la homologación del acuerdo, la República Dominicana actuó igual que otros países en los que la empresa fabricante pagó multas para evitar ser procesada. En octubre del 2016, Embraer aceptó pagar una multa de más de 107 millones de dólares a las autoridades estadounidenses por corrupción.

En ese entonces, la compañía aeronáutica también llegó a acuerdos paralelos con la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) y con las autoridades brasileñas para la devolución de 97 millones de dólares.

Efectividad en duda

La homologación del acuerdo ha generado críticas positivas y negativas de juristas consultados por Diario Libre.

La abogada penalista Sonia Marlene Guerrero asegura que el acuerdo lejos de fortalecer el proceso lo debilita, ya que el sobornador es exculpado y se procesa a los sobornados. Entiende que en este proceso puede ocurrir como en al caso Odebrecht, que en vez de incluir otros posibles imputados, excluyó algunos de los que estaban en el expediente.

De forma similar opina el jurista Miguel Liria, quien considera que aunque es un acuerdo legal, el mismo es poco ético y tenderá a encubrir implicados.

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