Dicen fueron mutiladas delaciones de Odebrecht

Además de determinar si las delaciones premiadas de los ejecutivos de Odebrecht son pruebas válidas para un eventual juicio de fondo, el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, deberá observar si la procuraduría manipuló las delaciones, tal como afirmaron ayer los abogados de Conrado Pittaluga.

Durante la audiencia preliminar del caso seguido a los imputados por los US$92 millones que pagó la empresa brasileña en sobornos, el abogado Manuel Rodríguez reveló y citó como ejemplo dos delaciones que habrían sido aportadas y que “fueron ?mutiladas” por la Procuraduría. Dijo que uno de ellos tenía 77 y otro de 48 páginas, sin embargo ninguna fue introducida ni traducida íntegramente por el Ministerio Público. Tampoco señala la cantidad de páginas que tienen las pruebas que aportan como delación.

En tanto que Erick Raful mostró la delación de Hilberto Mascarenhas, Empleado 36, cuya versión en portugués está tachada y en la traducción, el intérprete judicial menciona los párrafos sin traducir como tachado. Dijo además que los documentos no están firmados por los exempleados de la multinacional.

?Los documentos que le remiten al Ministerio Público, indican la cantidad de página que tienen. “Estamos hablando de las delaciones premiadas. Ahí es que se dice todo lo que se ha dicho aquí, todo lo que ha generado este proceso, ahí es que se dice y se habla de gobernantes, de funcionarios públicos, etcétera, etcétera. ¡En esas delaciones premiadas! Y dice las páginas que tiene”, refirió Ramírez al mostrar el documento remitido por Brasil.

“Manipuló esa prueba y la mutiló. Lo mismo sucede con la número dos, si se cuenta, ese procurador que la envía dice: 48 hojas, pero cuando se cuenta tiene 26 páginas solamente”, argumentó.

Al desafiar a los fiscales a decir que lo que está expresando es falso, Rodríguez también afirmó que amparado en esas declaraciones ?manipuladas?, se solicitó e impuso medida de coerción contra Pittaluga, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Tommy Galán, Roberto Rodríguez y Jesús Vásquez.

“A esas personas las sometieron a prisión preventiva con base en esa prueba y hay mucha gente que no ha sido sometida sobre la base de esa prueba, pero no a ésas sino con base en las que ellos manipularon para sacarlo y puedo apostar que son políticos y puedo apostar que son gobernantes pero no lo van a probar, no lo van a presentar aunque ellos determinen que es verdad”, puntualizó.

De igual manera cuestionó por qué no hay una sociedad civil como querellante en el proceso penal.

“Por qué no hay una sociedad civil constituida, por qué no la hay su presidencia, porque esto es un complot del sistema porque los verdaderos corruptos no están aquí, lo están manipulando, y empiezan sobre todo con el procurador general de la República que fue quien recibió esas pruebas”, puntualizó el togado.

La defensa de Conrado Pittaluga hizo referencia a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que revocó una sentencia definitiva emitida por los tribunales de Guatemala porque las pruebas documentales que la sustentaban estaban tachadas.

Solicitudes fuera de plazo

El juez Ortega Polanco deberá también decidir sobre la validez del informe realizado a movimientos financieros del imputado así como de las empresas vinculadas a él debido a que la defensa pidió la exclusión o nulidad porque el Ministerio Público las pidió después de vencerse el plazo autorizado por el juez.

Al presentar autorizaciones emitidas entre los meses mayo y junio del 2017 en las que el magistrado le daba a la Procuraduría 15 días para ir a la Superintendencia de Bancos a pedir los movimientos financieros, mostraron que dichas diligencias se hicieron meses después de vencido el tiempo.

La defensa también denunció que el órgano investigador le ocultó pruebas en la fase investigativa.

No hay acuerdo de cooperación con Brasil

Los abogados también mostraron una certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores en la que se indica que no existe acuerdo de colaboración jurídica entre República Dominicana y Brasil pero señaló que es signataria de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, Convención de las Naciones Unidas Contra Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Hogla Enecia Pérez