“La tendencia actual de la OPTIC es llegar a un gobierno 3.0”

santo domingo. El uso de la tecnología ha demostrado que es un elemento fundamental en el aspecto de transparencia, así como la eficiencia de los servicios, por eso la tendencia actual es llegar a un Gobierno 3.0.

Así lo considera Armando García, director general de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), invitado esta semana de Diálogo Libre, junto a Paolo Gómez, director técnico de la entidad.

Al hablar de la importancia del uso de la tecnología en el gobierno y su desarrollo en general, García dijo que el concepto de Gobierno 3.0 sugiere la integración y colaboración de las instituciones estatales, donde la solución de los problemas no sólo la da el gobierno central, sino que contribuyen todas las instancias, incluso fuera de la nación, con otros gobiernos que colaboran.

“La tecnología, sin lugar a dudas, es un pilar para que los gobiernos puedan hacer una gestión eficiente y transparente de cara al ciudadano”, señala.

En la actualidad hay 120 instituciones que utilizan la Tecnología de la Información (TIC), lo que para García significa un gran avance y un crecimiento de un 56.44% para el país. Las evaluaciones de las Naciones Unidas lo sitúa en un 50%.

La meta es que el país exceda el 60% en ese punto.

El uso de las TICs es de 73.12% y el servicio en línea de 42.23%.

No obstante, el acceso ciudadano a informaciones estatales en la actualidad está en un 30% y, en parte, obedece al alto costo que tiene la tecnología que hace que República Dominicana esté en baja en el aspecto tecnológico, lo que impide un mayor impacto.

Indica el director de la OPTIC que la idea es que el ciudadano asista a una institución a solicitar una información la encuentre disponible, a través, de los medios digitales sin procesar, para que el interesado tome los temas que necesite analizar.

“Cuando llegamos en el 2012 que hicimos el diagnóstico descubrimos que teníamos que lograr que las instituciones pudieran cumplir con un marco de referencia y de hecho, lo creamos. Le decíamos que debían mejorar su portal, transparencia, como parte de mejorar las buenas prácticas”, dijo García.

Así fueron haciendo con otros temas, como operatividad, servicio y seguridad en las que han hecho mediciones que les confirman que las instituciones están avanzado en el uso tecnológico.

Los puntos débiles

La interoperatividad, que tiene un puntaje de un 23.5% es uno de las medidas que deben fortalecer las entidades del Estado.

Apenas 15 de las 120 instituciones, tienen la interoperatividad, y para que avance se necesitan equipos, comunicación, establecer los protocolos y acuerdos de trabajo interinstitucionales.

El propósito es que una persona que acuda a una entidad a demandar un servicio y si necesita otros documentos, disponibles en otras instituciones, por ejemplo un acta de nacimiento o una certificación de pago de impuesto, los pueda obtener en la primera sin necesidad de trasladarse a otro lugar.

Lo ideal es estar por encima del 60% en este punto.

El récord electrónico del paciente público es uno de los proyectos priorizados por el presidente Danilo Medina, dentro de la política de Gobierno Digital que promueve.

El director de la OPTIC, Armando García, dijo que al estar priorizado, se dispondrá de fondos económicos, lo que implica que habrá un seguimiento por el Ministerio de la Presidencia para verificar si se cumplirá con la digitalización de los expedientes médicos.

De su lado, el director técnico de la OPTIC, Paolo Gómez, dijo que el Servicio Nacional de Salud (SNS) trabaja con la automatización de los récords médicos con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y se prevé que para la segunda mitad de este año tengan varios hospitales pilotos funcionando.

Lo que seguiría es replicar esas soluciones a otros hospitales públicos.

“Pero la meta de los hospitales está para el 2018”, dijo García.

El proyecto busca una interconexión del expediente clínico de pacientes, de manera, que pueda ser compactible entre hospitales.

El Ministerio de Salud Pública inició el plan en el 2007 con una inversión de US$17,665,000, pero fracasó.

Lisania Batista