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Gobierno dice ley para regular los fideicomisos públicos garantiza que serán "el vehículo de inversión más regulado"

El vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, afirma que los fideicomisos públicos serán controlados por la Cámara de Cuentas, Contraloría, Superintendencia de Bancos y Congreso

El Gobierno dominicano detalló los argumentos que justifican la aprobación del proyecto de ley que busca establecer normas para regular a los Fideicomisos Públicos en el país, a través de un video publicado por la Presidencia con las explicaciones del vocero Homero Figueroa.

En el comunicado, dado a conocer por la Dirección de Prensa del Presidente, se indica que “este Gobierno, como ningún otro, quiere poner límites, porque no vamos a aprovecharnos del vacío legal existente. Por eso, propusimos una norma para regular la organización, estructura y funcionamiento de los Fideicomisos Públicos”.

Precisa, además, que actualmente operan 12 fideicomisos sin ninguna regulación, agregando que ahora todo está permitido, porque nada está prohibido. Por lo que se propuso una norma para regular la organización, estructura y funcionamiento de los Fideicomisos Públicos.

 Figueroa dijo que ante las críticas “infundadas lanzadas contra la iniciativa, resultaba oportuno aclarar que los Fideicomisos Públicos no son una empresa privada”.

En ese sentido, expone que los activos públicos que se transfieren conservan siempre su naturaleza de propiedad estatal, propiedad de todos los dominicanos; y en el caso de cualquier operación de venta, necesariamente tendría que ser aprobada por el Congreso Nacional, como manda la Constitución.

Las autoridades sostienen también, que los Fideicomisos Públicos se convertirán, en virtud de esta ley, en el vehículo de inversión más transparente y fiscalizado; porque, además de cumplir con la ley de compras y contrataciones, serán supervisados por la Contraloría General, Cámara de Cuentas, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Valores, Congreso Nacional, y todos ustedes a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.

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