Senado aprueba proyecto sobre declaración jurada de patrimonio

SANTO DOMINGO. El Senado aprobó este martes en segunda lectura el proyecto de Ley sobre la Declaración Jurada de Patrimonio y Enriquecimiento Ilícito, que deberán realizar autoridades elegidas por el pueblo, funcionarios designados por el Poder Ejecutivo, jueces de la Suprema Corte de Justicia y de los tribunales superiores administrativos y demás del orden judicial.

La pieza, según el informe presentado por la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos, establece que también deberán presentar declaración jurada de bienes el rector y vicerrectores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, así como titulares de cuerpos especializados de seguridad de inteligencia del Estado.

El proyecto de ley aprobado por los legisladores tiene por objeto instituir el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio, establecer las instituciones responsables de su aplicación y jerarquizar su autoridad, facilitar la coordinación institucional y promover la gestión ética.

La pieza establece en su artículo tres que los funcionarios obligados a declarar deben, dentro de los 30 días siguientes a su designación o elección, presentar un inventario certificado por un contador público autorizado y jurado ante notario público, de los bienes que constituyen su patrimonio y el de su cónyuge o compañero permanente, si lo tuviere. 

 

La iniciativa, que es de la autoría de los senadores Francisco Domínguez Brito y Charlie Mariotti, manda que los funcionarios deberán describir los bienes inmuebles con fecha de su adquisición, los datos del vendedor o donante y precio pagado. 

La Cámara de Cuentas será el órgano competente para la reglamentación y aplicación de lo que será la ley, a través de la Oficina Especializada de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos, organismo especial de la Cámara de Cuentas que se creará para tales fines.

Dentro de las sanciones que contempla el proyecto, en caso de aquellos funcionarios que no presenten las declaraciones juradas, es la suspensión de sus funciones inmediatamente y “cualquier acto realizado será nulo de pleno derecho y sancionado con la retención de su salario y la imposición de una multa igual al salario que perciba como funcionario del Estado”.

El Artículo 14 dice también que “el patrimonio cuyo origen no pueda ser probado por el declarante se reputará como producto por enriquecimiento ilícito y se solicitará su confiscación al tribunal competente en los términos establecidos por la Constitución”.

El presidente de la Comisión de Finanzas, senador Tommy Galán leyó el informe sobre el contrato de venta de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) a Petróleo de Venezuela (Pedevesa) por parte del Estado dominicano, el cual se decidió conocer en la próxima sesión que fue convocada para el miércoles 23 a las 3:00 de la tarde.