Cuba se protege en el ciberespacio con nuevas regulaciones

LA HABANA.- Cuba puso en vigor este jueves un conjunto de normas en el sector de las telecomunicaciones que priorizan al sector estatal y los programas y aplicaciones producidos en la isla, con el objetivo de apuntalar la informatización de la sociedad y protegerse frente a ciberataques.

Se trata de dos decretos, un acuerdo del Consejo de Ministros, seis resoluciones y un decreto-ley, el No. 370, que busca “elevar la soberanía tecnológica en beneficio de la sociedad, la economía, la seguridad y defensa nacional” y “contrarrestar las agresiones cibernéticas”, anunció hoy el Gobierno a través del diario oficialista Granma.

La normativa “promueve la empresa estatal socialista como actor principal complementándose con la participación de las formas de gestión no estatal” y todos ellos deberán incorporar “soluciones informáticas que contribuyan a la soberanía nacional”, explicó el director de industria informática de Cuba, Ernesto Vallín.

Por primera vez en el país se establece el concepto de industria en el ámbito de las telecomunicaciones, tal y como recoge el Decreto 359, que también ordena incorporar aplicaciones informáticas de fabricación cubana a los dispositivos que se comercialicen en el país caribeño, destacó el funcionario, citado por Granma.

La isla, hasta hace poco uno de las naciones más desconectadas del mundo, desarrolla a pasos acelerados un proceso de informatización que en los últimos dos años ha incluido la autorización del acceso a internet desde los hogares y la habilitación del servicio 3G en los teléfonos móviles.

El impulso al sistema de Gobierno electrónico, la creación de aplicaciones para el pago de servicios y la legalización -efectiva a partir del 29 de julio próximo- de las redes de datos privadas que funcionaban clandestinamente en todo el país, son algunas de las medidas tomadas dentro de esta política.

Establecen además la protección obligatoria de los datos personales en soportes electrónicos y exigen por primera vez a las personas naturales la validez de la firma digital “con el empleo de certificados digitales de la infraestructura nacional de llave pública”.

El nuevo cuerpo legal también exigirá a las personas jurídicas el uso obligatorio de un antivirus nacional, aunque deja abierta la posibilidad de utilizar “uno extranjero autorizado por el Ministerio de las Comunicaciones (Mincom)”.

Las instituciones cubanas deberán dar prioridad a las aplicaciones de código abierto y de producción nacional, precisó a la prensa el director general de Informática del Mincom, Miguel Gutiérrez.

Gutiérrez adelantó que “se prevé la migración en un período de tres años hacia estas plataformas en los Organismos de la Administración del Estado”.

EFE

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