Los otros costos de la pandemia en la dieta alimentaria

  • El aumento de los precios y la pérdida de puestos de trabajo podría ser una combinación que ponga en riesgo la seguridad alimentaria de los hogares
$!Los otros costos de la pandemia en la dieta alimentaria
Conseguir la seguridad alimentaria para toda la población requiere de un esfuerzo y coordinación.

Esta historia es parte del especial “Intermediarios, precios y consumidor” de Diario Libre, realizado por Mariela Mejía y Joaquín Caraballo

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Por Rodrigo Castañeda, representante de la FAO en la República Dominicana, y Manuel Sena, consultor de la FAO en el país

Cuando escuchamos hablar de “seguridad alimentaria” podemos pensar que el concepto se refiere solo a la importancia de consumir alimentos. Y no es que esto sea incorrecto, pero la definición va mucho más allá. También importa que las familias tengan acceso a comprar los alimentos y que estos estén disponibles permanentemente y, por último, pero no menos importante, que sean suficientes, inocuos y nutritivos para que nuestro cuerpo pueda conseguir la energía y nutrientes necesarios para tener una vida sana.

Conseguir la seguridad alimentaria para toda la población requiere de un esfuerzo y coordinación de todos los actores del sistema alimentario: público y privado, instituciones públicas, organizaciones de productores, distribuidores mayoristas y minoristas.

Según el índice de precios de los alimentos de la FAO, en el 2020 en su conjunto, se registró un índice promedio de incremento de 3.1 % respecto de 2019, el más elevado en tres años, aunque se mantiene bastante por debajo del nivel máximo registrado en 2011.

En la República Dominicana la situación no es distinta. Según datos del Banco Central, el ítem que presenta una mayor incidencia en la inflación del IPC de noviembre 2020 fue Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (1.45 %); registrándose además importantes alzas en los precios de los tomates, huevos y pollo fresco. Sin embargo, algunos alimentos presentaron bajas en sus precios.

Según el Ministro de Economía, el incremento de precio de la soya, el maíz y el trigo en el mercado internacional ha provocado que los productos vinculados se incrementen en un 15 %. A esto se suma el incremento del barril del petróleo y de la tasa de cambio (RD$ vs US$), que repercute en el costo de producción de muchos de los rubros agropecuarios debido a que la mayoría de los insumos utilizados en la producción son importados.

Sin embargo, la misma FAO indicó que no existe ningún motivo de alarma por los precios internacionales de los alimentos. La situación de los mercados y de las reservas mundiales dista mucho de lo sucedido durante la última crisis mundial de los precios de los alimentos. Los stocks de producción están asegurados a nivel mundial, lo que nos lleva a pensar que las actuales fluctuaciones no son un adelanto a un panorama de crisis de los precios de los alimentos. Esto debería dar cierta calma a los mercados nacionales en cuanto a los productos transados internacionalmente.

La FAO continúa monitoreando los mercados internacionales de los productos básicos y considera que no hay razones para una alarma de crisis, más que de fluctuaciones asociadas a problemas de mercados estacionarios.

En el caso de los hogares de menores ingresos es necesario mejorar los análisis en relación a los precios para evitar que se continúe en una línea donde el incremento de los precios de los alimentos pueda tener un gran impacto en los niveles de vida de estos hogares, los cuales por lo general destinan la mayor parte de sus recursos a la compra de alimentos.

El aumento de los precios de los alimentos y la pérdida de puestos de trabajo provocados por la pandemia del COVID-19 podría ser una combinación altamente peligrosa, que puede poner en riesgo la seguridad alimentaria de los hogares.

Las familias se ven obligadas a modificar sus hábitos alimentarios, reemplazando los alimentos saludables por otros más económicos, pero menos saludables o nutritivos e incluso, algunos hogares, se ven obligados a reducir la ingesta de raciones de comida diaria. La seguridad alimentaria y nutricional también incluye el acceso de la población a alimentos saludables y adecuados.

Un efecto inevitable post-pandemia será la exacerbación de las desigualdades, incluyendo las alimentarias y nutricionales, no solo por dificultades de acceso a alimentos y falta de disponibilidad, sino también por la imposibilidad de elegir alimentos de buena calidad nutricional, provocando un posible aumento en el consumo de alimentos ultra procesados, altos en calorías que provienen de los azúcares simples, sal, sodio y grasas saturadas, y disminuyendo el consumo de frutas y verduras, lo que favorece la doble carga de la malnutrición: obesidad y desnutrición, que tanto afecta el país.

Aquí nos preguntamos: ¿Cuál es la proporción del precio pagado por los consumidores que va al productor? Debido a los niveles de intermediación existentes en el país, de cada peso que pagan los consumidores por los productos básicos de origen agropecuario en los principales mercados, solo 0.42 centavos fueron a manos de los hombres y mujeres que los cultivaron durante la pandemia.

(Esta información es resultante de las estadísticas del Ministerio de Agricultura, al comparar los precios promedio de venta de los productos de origen agropecuario en los mercados principales con los precios pagado a los productores y productoras durante la pandemia (marzo-noviembre del 2020) con el mes de febrero).

Exceptuando productos como la papa blanca, batata, habichuelas rojas, algunos vegetales, lechosa, limones criollos, naranjas y chinolas que se pagaron a mejor precio, los demás productos se vendieron a precios similares y en muchos casos inferiores. Es el caso de las musáceas (plátano y guineo), donde el precio promedio pagado se redujo en alrededor de un 13 %, los huevos en un 4 %; leche 5.6 %, yautías 9 %, entre otros.

Un estudio de los mecanismos de transmisión de precios en las cadenas de valor estratégicas, generaría la evidencia para poder tomar medidas de políticas efectivas en el balance que conocemos como el ‘’dilema de precios’’. Este balance es el que nos permite mantener los incentivos apropiados para los productores locales, a la vez que se mantiene un precio que pueda ser asumido por los sectores más empobrecidos de la población.

En esta situación, el rol que desempeñan las autoridades es fundamental para encontrar ese balance. Afortunadamente, los programas gubernamentales han asegurado el funcionamiento del sistema alimentario y, por otra parte, han amortiguado la pérdida de ingresos de los hogares y trabajadores informales, sobre todo en personas que viven en condiciones de vulnerabilidad.

Los programas de transferencia de ingresos como “Quédate en casa”, “Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE)”, Programa de Asistencia al Trabajador independiente “Pa’ ti”, las Canastas Complementarias de Alimentación Escolar del Programa de Alimentación Escolar (PAE), los comedores económicos, así como los programas de apoyo a la producción, como la distribución de insumos agrícolas, el acceso a financiamiento y los programas del Inespre, fueron importantes para amortiguar el incremento de la inseguridad alimentaria en la población producto de los efectos de la pandemia.

Existe una serie de medidas de políticas públicas en la región, implementadas para garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos a la población y los medios de vida de los pequeños productores. Entre ellas, fortalecer los mecanismos para que los pequeños productores se conviertan en proveedores de alimentos y productos agrícolas que demanda el Estado (compras públicas de la agricultura familiar). En el país existe una resolución, pero esta necesita ser rediseñada. Estas medidas de políticas públicas dinamizarían la economía en las zonas rurales, garantizando mercado a los productores. Además, contribuirían a impulsar cadenas de valor cortas, reduciendo los márgenes de intermediación; incrementando así los ingresos de los productores y, reduciendo los niveles de pobreza en las zonas rurales.

Por otra parte, debemos recordar la existencia de la Red Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, integrada por instituciones de gobierno y organizaciones de la sociedad civil, que trabajan en el diseño y ejecución de planes nacionales de seguridad alimentaria y nutricional a nivel local (la Ley 589-16). Este marco institucional debe servir para la coordinación de acciones destinadas a apoyar la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional por el impacto ocasionado post pandemia.

Esperamos que, con el conjunto de medidas gubernamentales y un inicio rápido de la recuperación económica, el 2021 nos permita que la seguridad alimentaria, en todas sus dimensiones: disponibilidad, acceso, estabilidad e inocuidad, esté asegurados para todos los dominicanos.

20210127 https://www.diariolibre.com

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