Violencia intrafamiliar: la otra cara silente del confinamiento por el COVID-19
El círculo va desde maltrato y feminicidios, que generan niños traumatizados y adolescentes en conflicto
Wander Santana
Esta historia es parte del especial “Las familias dominicanas ahora” de Diario Libre, realizado por Mariela Mejía, Wander Santana, Pedro Sánchez y Rossanna Figueroa.
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El confinamiento por el COVID-19 ha alimentado la violencia intrafamiliar en el país. Las mujeres víctimas de maltrato se encuentran expuestas a una mayor cantidad de tiempo conviviendo con sus parejas agresoras y en consecuencia se incrementan los golpes y las amenazas de muerte, tal y como lo pone en contexto la terapeuta familiar Soraya Lara en el reciente estudio Impacto psicológico en las mujeres víctimas de violencia por sus parejas en la pandemia COVID-19.
El caso de Zuleika Martínez arroja evidencia sobre este problema. Ella había detenido sus estudios de enfermería y se quedaba en casa junto a sus tres hijos y esposo, tratando de prevenir el contagio del COVID-19. Sin embargo, el coronavirus no representó peligro; más bien lo fue su pareja Omar Suero, quien la mató de un disparo la noche del pasado 15 de junio, según informó la Policía.
Sus hijos presenciaron la escena y fue el más pequeño de los tres quien, desesperado, corrió a casa de vecinos y familiares para avisar que su padre le había quitado la vida a su madre.
El hombre era violento y celoso, pero empeoró cuando la familia se adhirió al confinamiento. Según los testimonios, comenzó a celar a la víctima con un vecino, la agredía física y verbalmente hasta que terminó matándola y destruyendo el núcleo familiar.
El nivel de control al que son sometidas limita a muchas mujeres a denunciar. Datos estadísticos oficiales establecen que entre enero y junio del año en curso se registraron 27,073 denuncias sobre asuntos de violencia. Aunque en comparación con el año anterior, en este periodo las cifras se redujeron, las autoridades estiman que podría deberse a la limitación del acceso a los servicios de atención por la situación sanitaria.
Del total de las denuncias recibidas por la Procuraduría General de la República, las de mayor número fueron las de violencia intrafamiliar con 18,005 casos, lo que representa el 66.5 %; le siguen sobre violencia de género, con 26 %, y sobre delitos sexuales, con 8 %.
Además, durante ese tiempo, se registraron las muertes de unas 60 mujeres y 25 casos fueron tipificados como feminicidios.
Peligro dentro de la familia
La violencia en los hogares ha llenado de luto a muchas familias en estos tiempo de pandemia. Las cifras del Observatorio de Seguridad Ciudadana indican que entre enero-junio de 2020, en el país se produjeron 448 homicidios. Se determinó que el 56 % de esas muertes fue provocada por un miembro de la familia, el 36 % murió a manos de su pareja y 6 % de su expareja.
Según el informe del Observatorio, muchas de esas muertes fueron intencionales.
Se ha comprobado que la violencia contra las mujeres tiene consecuencias nefastas de largo alcance, refiere el segundo informe Feminicidio en América Latina en contexto de pandemia realizado por Mundosur.
“Las mujeres que son objeto de violencia padecen diversos problemas de salud, ven disminuida su capacidad para obtener ingresos y participar en la vida pública. Sus hijos corren más riesgos de tener problemas de salud, bajo rendimiento escolar y trastornos en la conducta. Todo esto empobrece no solo a ellas y sus familias, sino también a sus comunidades y naciones”, indica el informe.
Debido a la violencia intrafamiliar, durante el periodo citado fueron acogidas 449 personas bajo los programas de protección y atención implementados por el Ministerio de la Mujer. En detalle, de estas, 222 fueron mujeres víctimas de violencia, 214 menores de 13 años y 13 adolescentes mayores de 13 años o más.
En enero pasado, cuando no se habían impuesto medidas de confinamiento, se observó la mayor cantidad de casos, en comparación con los otros meses. Esto también estaría relacionado con los controles de agresores que impiden a muchas mujeres denunciar durante la crisis sanitaria por el COVID-19.
Los dolescentes, también afectados
La violencia intrafamiliar afecta el desarrollo de los hijos y disminuye su desenvolvimiento educativo, crea adolescentes impulsivos con falta de autocontrol y con otras conductas que los hacen vulnerables a tener conflictos con la ley a temprana edad, según los estudios de la conducta desarrollados por profesionales que trabajan con adolescentes en conflicto con la ley penal en la República Dominicana.
“Cuando tienes un adolescente o un niño abusado, maltratado o que se cría en un entorno agresivo, por lo general, la tendencia es a generar mucha más agresividad, no genera empatía, no hay esa conexión afectiva que debe darse con el entorno que le rodea”, refiere la directora de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de la Procuraduría, Elba Núñez, basada en estudios sobre el tema.
En una entrevista que concedió a Diario Libre, Núñez informó que en la actualidad el promedio de adolescentes en conflicto con la ley que está privado de libertad oscila entre los 513 y 540, mientras que hay 146 con medidas alternativas.
De acuerdo con las estadísticas, los principales delitos cometidos por estos y que los llevan a prisión son robo, violación sexual y homicidio.
Núñez explicó que “en una gran cantidad de casos, el robo no es porque los adolescentes roban lo que quieren, sino que roban para conseguir lo que quieren”, ya que estudios sobre el perfil neurocognitivo del adolescente en conflicto con la ley establecen que las motivaciones que refieren para haber cometido robo nacen del deseo de acceder a patrones de consumo promovidos en la juventud, pero que están fuera de su alcance.
En muchos casos roban para adquirir ropas “de marca” y tenis caros; gastan el dinero robado consumiendo alcohol y en fiestas, entre otros factores. En muy pocos casos los adolescentes incurren en robo para ayudar a familiares.
Núñez aseguró que es difícil establecer el porcentaje de reincidencia de los adolescentes en conflicto con la ley. Sin embargo dijo que “por lo general, un adolescente que entra al sistema de privación de libertad y que no es intervenido adecuadamente, vuelve y cae ya en el sistema de adultos o muere en las calles producto de la delincuencia”.
La servidora de la Procuraduría afirmó que durante los meses de la pandemia se ha reducido la cantidad de casos de adolescentes que entran a los centros de corrección debido, entre otros factores, a la lentitud en las audiencias que no han sido regularizadas.
Calcula que, en promedio, anualmente entran y salen del sistema entre 2,500 y 3,000 jóvenes.
Los planes públicos
Actualmente, el sistema de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal se encuentra en un proceso de reforzamiento para la intervención de los jóvenes que delinquen y poder reinsertarlos a la sociedad.
Se están adecuando los mecanismos de gestión, capacitando mejor al personal que trabaja en los centros y creando los programas adecuados para ayudar a los menores a que cambien el comportamiento que los llevó al sistema de justicia, de acuerdo a informaciones dadas por Núñez.
Mientras que desde el Ministerio de la Mujer se desarrolla un plan para afrontar y reducir el problema de la violencia contra la mujer, de acuerdo con lo anunciado por Mayra Jiménez tras asumir como ministra de la Mujer.
“República Dominicana está en una situación crítica que requiere una respuesta urgente. Las mujeres y las niñas necesitan estar seguras en sus hogares, en las calles, en las escuelas, en las universidades, en los centros de trabajo y en sus comunidades”, expresó la funcionaria durante un encuentro con el presidente de la República, Luis Abinader, el pasado 22 de septiembre.
En un diagnóstico realizado por las nuevas autoridades del Gobierno, se encontró que el sistema de atención a la violencia funciona “altamente fraccionado, disperso y sin una clara rectoría”. Según la ministra de la Mujer, “eso incide en la precariedad de los servicios que han recibido las mujeres y sus familias a lo largo de todos estos años”.
Planteó que se necesita un marco legal y normativo más eficiente, que asegure la integralidad de los servicios y el acceso a una justicia oportuna, garante de derechos, transparente, libre de impunidad, respetuosa del debido proceso, y también que defina claramente la rectoría y los recursos necesarios.
La funcionaria deploró que, pese a que la Ley 88-03 establece la creación en todo el país de casas de acogida para mujeres y su familia en alto riesgo de violencia, en 17 años apenas se han creado tres, que operan de manera precaria. Entiende que es necesario cumplir con la ley, tanto en materia de su creación en todo el territorio como en la mejora de la calidad de los servicios.
Wander SantanaPeriodista en ejercicio desde el 2014. Ha ejercido la profesión en los principales medios impresos de la República Dominicana. Escribe sobre casos judiciales, derechos humanos, criminalidad y otras problemáticas sociales.
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