El pacto eléctrico-turístico

El próximo gobierno tendrá que hilar fino para cumplir sus promesas electorales. Un inescapable acuerdo con el FMI es casi seguro que le imponga estrictos niveles de austeridad fiscal. De ahí que sólo la reforma fiscal integral que se avecina podría producir los recursos adicionales para acometer algunos de los desafíos principales. En materia turística, identificar las fuentes de los recursos a invertir es crucial para lograr la meta electoral de los 10 millones de turistas.

Ya Temístocles Montás ha dicho, por ejemplo, que para cumplir con el 4% para la educación se tendrá que hacer la reforma fiscal integral que han pedido los empresarios y el FMI. Pero sin saber el monto de los recursos adicionales que producirá esa reforma -lo cual sólo es posible sabiendo en que consistirá-- no se puede saber que podrá sobrar para los demás sectores/promesas. Y aunque el misterio rodea los requerimientos del una vez anunciado "pacto" para el sector turístico, parece difícil que la reforma fiscal podría solventarlos.

Quien esto escribe esbozó (21/9/11), para lograr la meta electoral, un programa de inversiones de 5 años ascendente a un mínimo de US$1,250. Lo ideal sería que esto venga engarzado en un flamante plan sectorial de 10 años. Pero con o sin plan, no es posible aspirar a captar los 10 millones de turistas sin provocar la inversión privada con esa escala de inversión pública. Si se asume que del presupuesto del Gobierno provendrían unos US$50 millones al año, el monto de inversión adicional para el desarrollo turístico sería de US$1 billón en cinco años.

¿De dónde saldrían los US$200 al año que en promedio habría que invertir? En entregas anteriores se ha sugerido pensar en especializar los recursos de la Barrick Gold para el turismo. También se ha visualizado la posibilidad de que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) faciliten un préstamo jumbo. Pero hay una tercera fuente de recursos que tal vez resulte mas fácil de acceder: la venta en subasta pública de los activos estatales del sector eléctrico. Y esto hay que considerarlo ahora que se espera un pacto político para el sistema eléctrico.

Se debe recordar que el modelo de privatización ("capitalización") que adoptó el PLD para ese sector implicó la venta de un 50% de las acciones de los diferentes entes corporativos del sistema. El hecho de que en el 1996, cuando se adoptó ese modelo, la privatización de las empresas públicas era políticamente impopular, llevó a esa privatización parcial. Era el modelo boliviano, una privatización mediatizada.

Respecto al modelo inicial, hoy día la propiedad del sistema eléctrico está a manga por hombro. La transmisión y la distribución de electricidad están totalmente en manos estatales, con la última volviendo a ser privada después de un interregno de semiprivatización.

Lo que queda del modelo es la generación, y ahí el Estado es dueño de unos muy importantes activos. Aquí presumimos que la venta de los activos de generación, transmisión y distribución produciría más de lo que se requiere invertir en el sector turístico para que el nuevo gobierno cumpla sus metas. Y si se añade la generación hidroeléctrica, habría mucho más recursos.

El análisis político del asunto está a favor. Ya el tema de la privatización no es objeto de gran atención pública, precisamente porque las empresas se traspasaron al control del sector privado. Anunciar la venta de los activos eléctricos restantes no tendría tanta repercusión, amén de que los tiempos no son los mismos. El clima de opinión respecto a las empresas públicas sería muy diferente que el del 1996. La ciudadanía está mejor edificada y estaría más a favor de la total privatización si sabe que con eso gana 10 millones de turistas.

Un propósito de tanta trascendencia, sin embargo, requerirá que las nuevas autoridades vean al pacto turístico como consustancial con el pacto eléctrico. Este último debe moverse hacia la privatización total del sistema porque eso garantiza que el problema eléctrico del país será cosa del pasado. Ya la generación está siendo rentable y la transmisión lo sería ipso facto con una fórmula adecuada de pago por los servicios. El reto está en la distribución. Pero es lógico y predecible que ésta mejoraría si los propietarios de esos activos fueran privados.

¿Cómo llevar a cabo las ventas? Lo primero es que el Gobierno pediría la asistencia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para tasarlos. Luego propondría al BID y el BM que, con garantía de los activos, adelanten los recursos que se devengarían de las ventas. Además, se debe explorar la posibilidad de que esas instituciones se ocupen ellas mismas del mercadeo de los activos y supervisen las subastas. Todo tendría, por supuesto, la tutela y supervisión de un funcionario especial que el Gobierno designe para eso.

Seria preferible esperar a que se termine el plan sectorial para comenzar las inversiones. Pero los preparativos para la venta de esos activos estatales tomarían por lo menos un año. Ese sería el tiempo de elaboración del plan, lo cual conviene porque las obras a ejecutarse serian aquellas a las que el plan les haya impartido prioridad. Al final, el horizonte de planificación del plan sería unos diez años y cualquier programa de inversiones debe sobrepasar el límite del período del próximo gobierno.

Ahí es precisamente donde surge la necesidad de un pacto interpartidario. El objetivo del mismo debería ser que el plan sectorial fuera legitimado, tanto por las autoridades, como por el principal partido de la oposición. Al los resultados electorales dividirse en dos hemisferios casi iguales, el escenario partidario se presta para concertar acciones entre los dos partidos mayoritarios. Aquí se presume que las condiciones están dadas para que un pacto de esta naturaleza, sin precedentes en la historia del país, pueda materializarse.

Sin duda, el reto de concertar los pactos anunciados por el presidente electo será de gerencia política. Pero en caso de que este se decidiera por las privatizaciones aquí sugeridas, el pacto para el sector turístico deberá ser también parte del pacto para el sector eléctrico.

En ambos casos son muchos los intereses creados que habrán de intentar descarrilar la intención del nuevo mandatario. Por eso se requerirá de una dosis extraordinaria de coraje político, tanto de parte del presidente electo como de parte de los líderes principales del PRD.

El presidente electo debe llevar la voz cantante. La posibilidad de que su gestión pase a la historia orlada por la gloria dependerá de su capacidad para lograr estos pactos. Parecería deseable, por tanto, que desde ya se aboque a montar una campaña comunicacional al respecto para ganar rápidamente la aceptación y apoyo públicos. En materia turística, los imperativos no deberá señalarlos el actual sector privado turístico. Es preciso que sea el plan sectorial que lo haga porque se le asume un mayor nivel de racionalidad y equidad.

No es posible captar los 10 millones de turistas sin la inversión privada con esa escala de inversión pública.