Tribunal fija decisión de caso Wessin Chávez

Determinará si acoge la acusación del MP

Elías Wessin Chávez se desliga de las imputaciones.

SD. La jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, fijó para el 2 de agosto, a las 2:00 p.m., su decisión acerca de una solicitud de apertura a juicio en contra del ex administrador de Bienes Nacionales (BN), Elías Wessin Chávez, y dos de sus colaboradores, acusados de presunta malversación de más de RD$157 millones durante su gestión.

La magistrada tomó la decisión luego de escuchar las conclusiones de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa y la defensa de Wessin Chávez, los subadministradores José Jacobo de León Garrido (financiero) y Elvin Leonor Arias Morbán.

Los cargos instrumentados son por alegada prevaricación, desfalco y asociación de malhechores.

Los abogados de la defensa, Abel Rodríguez del Orbe, Manuel Fermín Cabral, Rafael Abelardo Piña, Manuel Pérez y Eduardo Céspedes, solicitaron la emisión de un auto de No Ha Lugar, por considerar que no se ha cometido ningún hecho que esté tipificado como un delito.

Plantean que la auditoría que se hizo fue de naturaleza financiera, y que no establecía en ninguna parte de su contenido que había delito penal.

Asimismo, que luego se hizo un informe especial con relación a unas chatarras, que tampoco la Cámara de Cuentas derivó hechos penales.

Los representantes del Ministerio Público, Ramona Nova y Narciso Escaño, solicitaron acoger las pruebas en contra de los imputados, y enviar el expediente a un juicio de fondo, a los fines de que allí se establezcan responsabilidades penales.

La acusación de la Procuraduría atribuye a Wessin Chávez, el haber malversado RD$19,311,540.00 en pagos de dieta laboral, gastos de representación y uso de vehículos de motor en su provecho, y del de algunos de sus subadministradores, directores y asesores. Indica que dicho monto se utilizó sin retención de impuestos y se manejó a través de un cuenta operativa para gastos. Indica que el acusado pagó RD$150,348,576.00 como sueldos a funcionarios y personal designado que no rendían ninguna labor a la institución.