El pantano mexicano de Walmart (II de II)
Los competidores que se sienten perjudicados pueden entablar demandas, reclamando el triple de los daños (pero para hacer esto con seguridad, tendrán que estar seguros de que nadie actuando en su nombre haya pagado alguna vez un soborno). Walmart también está demandado por sus accionistas.
La empresa tendrá que pagar por una investigación interna para satisfacer al gobierno estadounidense. Podría tener que hacerlo a nivel mundial, no solo en México, y podría tener que informar los resultados en tiempo real al Departamento de Justicia, dice Richard Cassin de Cassin Law. Estas investigaciones cuestan mucho: se estima que $1 mil millones en el caso de la alemana Siemens. (Empresas extranjeras que emiten acciones en los Estados Unidos están sujetos a la FCPA.)
Los altos ejecutivos de Walmart están en un tremendo enredo. Eduardo Castro-Wright, que era el jefe de Walmex en el momento de los supuestos sobornos, estuvo considerado para dirigir la empresa completa. Ya no. Michael Duke, el jefe de Walmart, quien dirigió la división internacional durante el controversial período, está también expuesto al escrutinio, al igual que Lee Scott, quien era el ejecutivo principal en ese momento. Los violadores del FCPA podrían ser condenados a cinco años de prisión, aunque es más difícil enjuiciar a las personas que a sus empleadores.
Si el gobierno tiene un caso fuerte, usualmente ejerce presión sobre la compañía para que despida a los altos ejecutivos. Ese fue el caso de Siemens, que empleó un nuevo jefe. Aun si Walmart mantiene intacto el alto mando, el manejo de la hecatombe les distraerá, posiblemente durante años.
Goldman Sachs considera que las violaciones al FCPA usualmente crean dudas sobre una compañía bajo investigación durante tres años y que el costo general puede alcanzar un 9% de los beneficios antes del pago de los intereses, impuestos, depreciación y amortización durante ese período. Eso disminuiría los fondos de Walmart en $6.5 mil millones.
La decisión de Walmart de no alertar antes a las autoridades podría haber sido una especulación. Los beneficios de la autoincriminación varían de caso en caso. El Departamento de Justicia no ha publicado directrices sobre el tratamiento que ofrece a los que confiesan. No está claro que las empresas que se auto incriminan reciben un mejor tratamiento. Un estudio de los casos de FCPA del 2002 al 2009 determinó que los voluntarios pagaron multas más altas por dólar ofrecido en sobornos que los que no ofrecieron la información voluntariamente. Un estudio más reciente, que cubre del 2002 al 2011, encontró que los que ofrecen la información es más probable que puedan llegar a un acuerdo de no enjuiciamiento, que resulta en un menor estigma que una apelación o un enjuiciamiento diferido. Extrañamente, sin embargo, los que no se auto incriminaron que cooperaron completamente una vez que fueron descubiertos obtuvieron reducciones más grandes de sus multas que los que se declararon culpables y colaboraron.
El asunto podría frustrar la campaña para socavar el poder del FCPA. Durante mucho tiempo las empresas estadounidenses se han quejado de que están en desventaja competitiva porque las leyes anticorrupción de otros países son menos estrictas. Transparencia Internacional, una empresa vigilante, califica 21 de los 38 países que han firmado el acuerdo anticorrupción de la OECD como débiles ejecutores, entre estos México. Pero el tormento de Walmart seguramente afectará el apoyo a la reforma. En estos momentos ningún político desea ser visto junto a la Bestia de Bentonville.
La empresa tendrá que pagar por una investigación
interna para satisfacer al gobierno estadounidense.
Podría tener que hacerlo a nivel mundial y tener que
informar los resultados al Departamento de Justicia.
© 2012 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. De The Economist, traducido por Diario Libre y publicado bajo licencia. El artículo original en inglés puede ser encontrado en www.economist.com