El precio de alterar los estados financieros

El problema de inflación de Argentina. Una extraordinariamente complicada estratagema podría acosar al gobierno mientras la economía se deteriora

La historia ha dejado a los argentinos con más traumas económicos de lo razonable. Habiendo sufrido dos veces los destructivos asaltos de hiperinflación a finales de los años de 1980, están susceptibles a la subida de los precios. Cuando perciben la inflación su instinto es deshacerse de los pesos y comprar dólares. Pero después del colapso de la economía en el 2001-02, el horror ante un desempleo masivo temporalmente eclipsó el miedo de la población a la inflación. Ese ha sido el cálculo político exitoso de la presidente, Cristina Fernández, y de su fallecido esposo y predecesor, Néstor Kirchner. Durante años ellos alimentaron una economía recalentada con políticas expansionistas. Enfrentada la resultante inflación en aumento, sus funcionarios recurrieron al control de precios - y a una estratagema extraordinariamente complicada para ocultar el aumento.

Desde el 2007, cuando Guillermo Moreno, el secretario de comercio interno, fue transferido al instituto de estadísticas, INDEC, para que le dijera a su personal que se asegurarán de que sus cifras no mostraran el incremento de la inflación, los precios y los registros oficiales han ido por caminos diferentes. Los economistas del sector privado y las oficinas de estadísticas de los gobiernos provinciales muestran inflación dos o tres veces más alta que las cifras del INDEC (que solo cubre el gran Buenos Aires). Los sindicatos, incluso los del sector público, utilizan los estimados independientes cuando negocian los aumentos de sueldo. Las encuestas realizadas por la Universidad de Torcuato di Tella muestran expectativas de inflación de 25-30%.

PriceStats, un experto en tasas de inflación que produce cifras para 19 países que son publicadas por State Street, una empresa de servicios financieros, establece la tasa anual en 24.4% y la inflación acumulada desde principios del 2007 en 137%. INDEC dice que la tasa actual es de solo 9.7% y que los precios apenas han subido 44% durante el período (ver gráfico).

Parece que INDEC logra estas cifras mediante un proceso de escoger y mezclar ajustes, argucia y pura invención. Graciela Bevacqua, la estadística profesional responsable del índice de precios al consumidor (IPC) hasta que Moreno la obligó a renunciar, dice que él trató de obligarla a omitir los puntos decimales, no a redondearlos. Eso suena como poca cosa - hasta que uno calcula que una tasa de inflación de 1% mensual resulta en una tasa anual de 12.7%, mientras que 1.9% mensual resulta en 25.3%.

Cartas amenazadoras enviadas por el gobierno a los economistas independientes son también una muestra de los métodos del INDEC. A uno le dijeron que como el costo de los servicios nacionales es "un sueldo y no un precio", no debió incluirlo en sus cálculos de IPC. Dice él que "han hecho grandes esfuerzos e involucrado a muchos abogados para alegar esos argumentos".

Ana María Edwin, la actual jefa del INDEC, es impenitente. Alega ella que durante la gestión de Bevacqua, INDEC artificialmente aumentó la tasa de inflación, quizás para beneficiar a los tenedores de bonos asociados a la inflación. Ella insinúa prácticas corruptas, quizás hasta criminal, entre personal anterior del INDEC, los economistas independientes de Argentina y los financieros internacionales. ¿Las pruebas? Que acuerdos entre Moreno y los detallistas para poner un tope a los precios de los productos básicos no fueron reflejados en los cálculos del INDEC antes del 2007. Eso sugiere que ahora el INDEC está utilizando algunos precios dictados por el gobierno en lugar de los que los consumidores están realmente pagando.

Cuando el precio de un producto hace pico, el INDEC lo retira de la canasta de IPC. "La gente pobre no sigue comprando cosas si sus precios suben demasiado", explica Edwin. "Ellos piensan: le dejaré esos tomates a los ricos." Un cálculo adecuado de IPC de hecho tiene reglas para manejar esos cambios en los patrones de compras. Pero el potencial para el abuso está claro.

Algunos organismos del gobierno argentino parecen estar bien conscientes de la verdadera tasa de inflación. Los inversionistas extranjeros informan que presentaciones del Banco Central indican una tasa de cambio real (ajustada a la inflación) que implica una tasa anual de inflación de cerca de 20%. Los economistas que han escogido dentro de las cifras un tanto sospechosas de crecimiento económico dicen que pueden discernir una tasa similar en el "deflactor" utilizado para corregir algunos precios. Más curioso aún, las tasas de inflación del INDEC y de PriceStats aceleran y se desaceleran en tándem.

El gobierno ha tomado medidas extraordinarias, incluyendo multas y amenazas de persecución, tratando de evitar que los economistas independientes publiquen números correctos sobre la inflación. La Asociación Americana de Estadísticos ha protestado por la persecución política a que están sometidos sus colegas argentinos, y está exhortando a las Naciones Unidas a tomar medidas, basados en que el acoso es una violación del derecho a la libertad de expresión.

A solicitud del gobierno, el año pasado el FMI envió expertos para ayudar a planear un nuevo IPC nacional. Dice Edwin que el nuevo índice no estará listo hasta principios del 2014.

Mientras más dure este engaño, más difícil será para el gobierno terminarlo. Ante cuentas fiscales en deterioro, Fernández ha empezado a recortar subsidios que ascienden a 5% del PIB. Su eliminación aumentará los precios aún más - como lo haría la devaluación del peso. El último truco de Moreno implica responder al desvanecimiento del superávit de la cuenta corriente con controles estrictos de importación, que socavarán el crecimiento. Argentina ha creado un laberinto estadístico que podría haber sido soñado por Jorge Luis Borges, el más grande escritor del país. Es probable que esta novela no tenga un final feliz.

© 2012 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. De The Economist, traducido por Diario Libre y publicado bajo licencia. El artículo original en inglés puede ser encontrado en www.economist.com