Peticiones al presidente

Fue una situación curiosa. El presidente Medina había enfatizado el 16 de agosto los objetivos sociales de su gobierno, con especial atención a la educación. Sin embargo, en su visita a San Juan, su primera a una comunidad del país, lo que le pidieron fueron obras de infraestructura, entre ellas calles, viviendas, plazas y una planta de tratamiento de aguas. ¿Fueron ésas solicitudes irracionales?

Veamos qué dice la economía sobre eso.

Los gastos sociales suelen ser de aplicación general. Si se reforman los programas educativos, se envían medicinas a los hospitales o se mejoran los salarios de médicos y maestros, es improbable que se haga exclusivamente para una región del país. Lo más probable es que sean medidas de alcance nacional, aunque puedan ir siendo introducidas gradualmente.

Las inversiones en infraestructura, en cambio, son de aplicación particular. Si se decide invertir en arreglar calles, por ejemplo, es difícil que eso signifique que se van a reparar todas las calles del país. Las obras son asignadas a lugares específicos, lo que implica que los pueblos que no sean beneficiados se quedarán con sus calles no asfaltadas o llenas de hoyos.

Lo mismo sucede, lógicamente, con otros tipos de inversiones, como acueductos, complejos habitacionales, escuelas, hospitales, mercados, drenajes, carreteras, terminales de transporte, edificios de oficinas, irrigación y demás obras públicas.

Eso significa que los representantes de la comunidad de San Juan no actuaron irracionalmente. Actuaron en función de sus intereses particulares. Tenían la oportunidad de pedirle cosas al presidente, persona vinculada a la zona. Sabían que las solicitudes no pueden ser ilimitadas. Y pidieron lo que era de beneficio específico para ellos.

Y, además, como ya sabían que el presidente estaba de acuerdo con los gastos sociales, ¿para qué pedirle algo que él piensa hacer de todos modos?