El destino de las gobernaciones provinciales

Tal vez yerro si afirmo que nunca he leído escrito alguno, ni he escuchado parecer público, ni siquiera en corros privados, que analice, evalúe, pondere o valore la importancia de las gobernaciones civiles provinciales en el contexto general de la administración del Estado. Me temo, que entre las muchas funciones públicas chirles que existen, de las que pueden categorizarse de prescindibles, esta sea una de ellas.

Sorprende, sin dudas, que en un país donde todo se escudriña, donde cualquier tema sirve de motivo para formar comisiones de estudio o para colocarlo en la agenda de seminarios, el de las gobernaciones provinciales no sea motivo de atención y debate. No creo que aparezca en los memorándums de las reuniones legislativas. Tampoco, en los planes de corto, mediano o largo plazo del Ejecutivo. Ni mucho menos, entre las acciones que merezcan interés en las organizaciones de la sociedad civil o que conciten un donativo generoso del gobierno de Taiwan o el auxilio de un patrocinio de la USAID.

Nadie repara en la eficacia de este puesto público. Ni el periodista o columnista investigador que examina la realidad nacional. Ni el planificador de estrategias gubernativas que tiene como misión establecer las coordenadas de la dirección del aparato estatal con miras al desarrollo del país. Ni los ministerios que, en función de sus objetivos, debieran tener la mira sobre ese segmento inocuo, verbigracia el de Interior y Policía que lo inscribe como subalterno a sus responsabilidades, o el de Administración Pública que trabaja para valorizar y situar en sus reales misiones a los diferentes roles de la gerencia gubernamental.

El de las gobernaciones provinciales es una materia echada al olvido, como si acaso su existencia no importara para los fines de institucionalización del país, o como si fuese menester mantenerla tal cual hoy funciona para que cumpla un objetivo sin pretensiones y ocupe un lugar sin trascendencia alguna en el espectro estatal.

Y no entendemos la indiferencia o quizá la nuestra sea una preocupación trivial, destinada a completar la cantidad de caracteres exigida por la dirección del diario para la confección de este artículo (anteriormente se medía la cosa por cuartillas). Pero, digamos que no. Porque desde hace años vengo observando con inusual interés el asunto, sobre todo cuando en el ejercicio de funciones públicas ejecuté numerosas encomiendas en el escenario provincial y comprobé la casi innecesaria existencia de este servidor público, porque, digámoslo de frente y sin ambages, no se trata de un equipo de trabajo ni de una entidad propiamente dicha, sino de una persona, que en la casi totalidad de los casos no tiene incidencia ni preeminencia en la sociedad en la que actúa, y ejerce un puesto de modo individual sin el concurso de coordinaciones estructurales o de regencias colectivas como sucede en los ayuntamientos con los concejos edilicios.

Mis observaciones sobre las misiones de este ente individual del Estado, que representa nada más ni nada menos que al Poder Ejecutivo en la provincia, en un sistema fundamentalmente presidencialista como el nuestro, me permite conclusiones que presumo insólitas. A ver. Su designación obedece a simples intereses políticos, lo que no tiene nada de malo si acaso el decreto que lo nombra tomara en cuenta además la prestancia sociocultural y la ascendencia del beneficiado en la comunidad a la que pertenece. No hay metas específicas, y si existe algún manual de inducción que establezca su ritual de trabajo diario en función de visión y valores, creo que ni el mismo designado lo conoce. No tiene poder real en la geografía donde dice mandar y su existencia casi siempre se reduce a la presencia -casi nunca a presidir- en actos públicos donde si concurren el Alcalde, el Senador o algún Ministro, no solamente pasa desapercibido, sino que se ve en apuros para tratar de sostener la honorabilidad que el cargo ha perdido. No posee presupuesto importante para trabajar, lo que reduce aún más su valor público. Unos pocos miles de pesos al mes, casi recibidos como dádiva, no sirven siquiera ni para atender holgadamente las necesidades de sus conmilitones políticos. El Ejecutivo mismo no lo tiene como el representante legal de sus ejecutorias, y muchas veces es más importante lo que informa, solicita o reclama en provecho de la comunidad un prestante de la ciudad, el Alcalde, el Senador o un diputado aunque sea de la oposición, o una junta de vecinos, que la opinión del que debiera ser la más relevante figura del Estado en la demarcación provincial.

El Gobernador Civil Provincial -alguna vez llamado así porque el comandante de la guardia ejercía de gobernador militar y ambas funciones debían ser claramente delimitadas- es, hoy por hoy, un cargo público descuidado en sus formas y objetivos, y prácticamente, sin exagerar, abandonado a su suerte. Aclaro: hay excepciones, aunque más bien en función precisamente de la prestancia sociocultural o porque la escogencia recayó en una personalidad destacada de la sociedad provincial específica, pero no en razón de misiones acordadas por la ley y la práctica del ejercicio público.

Pienso que es hora de que se analice a fondo esta posición del engranaje estatal, se le busque lugar en la agenda de prioridades en el orden administrativo y se establezcan su misión y valores, en el propósito de que deje de ser una desvalida del aparato del Estado, destinada solamente a la figuración pública sin trascendencia. Veamos nuevamente. Se debiera considerar si, como en el eficaz sistema norteamericano, el puesto debería ser elegible. Otorgarle un presupuesto conforme objetivos específicos, debe ser materia clave para asignarle valor y prestancia al cargo. Debería ser eliminada su dependencia del denominado Ministerio de Interior y Policía y ser parte directa de la Presidencia de la República, a través del Ministerio de la Presidencia, tomando en cuenta que se trata del representante del Poder Ejecutivo en la provincia. Debe tener ascendencia real y concreta en todos los estamentos del estado de la provincia y fijar claramente a estas dependencias un espacio de subordinación horizontal a causa de su ascendencia ejecutiva. Un cuerpo administrativo, planificador, estratégico y operativo, ha de ser consustancial a su misión. El cargo ha de pasar de ser una posición deformada y anodina, a una de misiones sustanciales para la comunidad provincial, con relevancia social y política y con un aparato de soporte, no en número sino en calidad gerencial, que garantice el respeto general y el ascenso a una cuota de poder en la sociedad a la que sirve.

El Poder Ejecutivo tiene necesidad, en cualquier circunstancia, de poseer un estamento sólido de viabilidad y respaldo de sus ejecutorias, y el indicado debe ser el ente que dice legalmente representarlo en cada provincia. Desde el punto de vista estrictamente político, ha de resultarle favorable solidificar este estamento que le pertenece directamente, aun cuando el Ayuntamiento le sea propicio, porque aquel siempre le estará plenamente subordinado, mientras que las alcaldías aun siendo del mismo bando partidario en razón del propio poder en que se sustentan, pueden alimentar mecanismos de oposición en circunstancias específicas.

Sostener en las actuales condiciones a las gobernaciones civiles provinciales (debiera eliminarse lo de civil; el gobernador es, sencillamente, la máxima autoridad de toda la provincia, sin reticencias) es un anacronismo funcional, que ha de modificarse como parte del proceso de institucionalización general del país. Una nueva ley al respecto (confieso que desconozco la que creara este cargo) ha de ser considerada en tiempo breve. El país no puede seguir sosteniendo una función pública sin destino y objetivos concretos y viables, especie de premio de consolación otorgado a dirigentes partidarios cuando no se les puede ubicar en otro espacio del Estado. ¿Por qué nadie repara en esta situación? Un cambio radical en este descuidado terreno, beneficiará sin dudas a las provincias que tendrían en lo adelante un mecanismo fortalecido para encaminar sus aspiraciones y atender sus requerimientos de desarrollo. En el maremágnum de los compromisos y responsabilidades de los gobernantes, los de hoy o los de mañana, tal vez esta preocupación pueda encontrar cabida, para que las gobernaciones provinciales dejen de ser ese cuerpo sin brazos ni piernas que cumple un rol insustancial y volatinero mientras el incumbente (¡palabrita necia, caramba!) hace cada día malabares para encontrar valor y destino a su puesto.

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El Poder Ejecutivo tiene necesidad, en cualquier circunstancia, de poseer un estamento sólido de viabilidad y respaldo de sus ejecutorias, y el indicado debe ser el ente que dice legalmente representarlo en cada provincia. Desde el punto de vista estrictamente político, ha de resultarle favorable solidificar este estamento que le pertenece directamente.