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Uber y Lyft mantienen abierta una disputa con el Gobierno estatal de California desde principios de año, cuando este aprobó una ley que obliga a las dos firmas (y a las otras empresas de la llamada economía colaborativa) a clasificar a sus conductores como empleados, lo que podría disparar los costos de personal de estas dos firmas y poner en duda su modelo de negocio.
