Cuando es el Estado el que invade la tierra

SANTO DOMINGO.- La seguridad jurídica del país ha que dado en entredicho con el caso de la familia Rodríguez Schack que desde hace once años mantiene una litis con el Estado dominicano por la usurpación de un terreno de su propiedad, donde el Ministerio de Deportes construyó un multiuso sin autorización de la familia. Es la parcela número 5-004-19240-19243-19254 del Distrito Catastral número 12, que tiene una extensión de 7,7074 metros cuadrados y está ubicada en el sector de Los Alcarrizos, a la altura del kilómetro 16 de la autopista Duarte.

El abogado Luis Scheker Ortiz y Antonio Ocaña, hijo de Isabel Rodríguez Schack de Ocaña, una de las propietarias del terreno, explicaron que la familia donó una porción del terreno para uso como área verde, posteriormente utilizada por el ayuntamiento de Los Alcarrizos.

Pero en 2003, en el periodo final del gobierno del presidente Hipólito Mejía, se inició la construcción  del multiuso. Para detenerla fue emitido un acto de alguacil, y en adición se realizaron gestiones con el entonces secretario de Deportes, César Cedeño. Sin embargo fueron infructuosas. 

Cuando Leonel Fernández inició su gestión de gobierno recomenzaron las negociaciones. Se habló con el ministro de Deportes Felipe-Jay-Payano; el Consultor Jurídico, Abel Rodríguez del Orbe; Rafael Pina Toribio, secretario de la Presidencia y Luis Manuel Bonetti, ministro Administrativo de la Presidencia. Además, el síndico de Los Alcarrizos y la Junta de Vecinos de la localidad. 

La intención era que los terrenos ocupados fueran comprados. Pero finalmente nada se logró. La obra quedó semi paralizada. Y en cambio, su responsabilidad pasó a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).

En 2012, el presidente Fernández inauguró el multiusos con la promesa de la OISOE de resolver con rapidez el pago del valor de los terrenos de acuerdo con la tasación hecha. De nuevo, "todo se diluyó en lágrimas y suspiros", indicaron los representantes.

Tribunales y valor del terreno
Como último recurso llevaron el caso a la justicia. La litis se conoció en la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en diciembre de 2012.

Fue un proceso en el cual el abogado que defendía al Estado dominicano, Marino Elsevyf, se adhirió a la causa de los demandantes. Sin embargo, desde entonces la jueza Inés Altagracia de Peña no ha fallado. Y mientras, los familiares advierten que llevarán el caso a los tribunales internacionales.

La tasación más reciente, hecha hace dos años, valoró los terrenos usurpados sobre los 30 millones de pesos. Sin embargo, como explica Antonio Ocaña, los gastos judiciales, el coste de oportunidad de no poder el vender los terrenos más el pago de impuestos, sin utilizar el espacio, aumenta la cifra.

"Ya no es solamente el valor de nuestro terreno, es un perjuicio económico por no haber podido vender los terrenos en diez años, además de daños y perjuicios morales para nosotros que siempre hemos pagado el impuesto de  la propiedad inmobiliaria", advirtió Ocaña.

Diario Libre