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"La expropiación de YPF puede beneficiar a petroleras regionales"

Repsol reclama 10.000 millones de dólares en compensación por la expropiación

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La expropiación de YPF puede beneficiar a petroleras regionales
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, en el acto de promulgación de la expropiación de YPF (Foto de archivo).
MONTEVIDEO. El secretario general de la Aladi, Carlos "Chacho" Álvarez, afirmó hoy que la expropiación de la
 petrolera argentina YPF a la española Repsol puede "ayudar" a las firmas regionales, entre las que citó a la brasileña Petrobras, a realizar negocios de hidrocarburos en la zona.

Durante una conferencia de prensa, Álvarez, exvicepresidente argentino (1999-2000), prefirió no hacer comentarios sobre la posibilidad de que la decisión del Ejecutivo de Cristina Fernández afecte las inversiones que llegan desde fuera de la región a los países de América Latina.

Sin embargo, el representante de la Asociación Latinoamericana de Intergración (Aladi) sostuvo que la expropiación "puede ayudar a una mayor participación de empresas de la región, por ejemplo Petrobras", en negocios de exploración y explotación de gas y petróleo en la zona.

Repsol reclama 10.000 millones de dólares en compensación por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF, decidida el 16 de abril por las autoridades argentinas, que se oponen a pagar esa compensación.

Tras la expropiación, las acciones de YPF se repartirán entre el Estado (26,03 %), el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi (25,46 %), las provincias petroleras argentinas (24,99 %), Repsol (6,43 %) y el 17 por ciento continuará cotizando en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York.

Fuentes de Repsol informaron hoy a Efe desde Madrid que la empresa española ha enviado cartas a algunos de sus competidores -como Exxon, Chevron o ConocoPhillips- para advertirles de que emprenderá acciones legales para proteger sus intereses en YPF tras la expropiación del Gobierno argentino.

El ingeniero Miguel Galuccio asumió ayer, lunes, la dirección de YPF, después de la entrada en vigor de la ley de expropiación, aprobada por amplia mayoría parlamentaria y promulgada el 4 de mayo por la presidenta argentina.