La representante legal de TelexFree acude ante juez de amparo

SANTO DOMINGO. La representante legal de la empresa TelexFree Dominicana interpuso una acción de amparo preventivo y un hábeas corpus en contra de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía del Distrito Nacional, la cual allanó su oficina y se incautó objetos, documentos y computadoras el pasado de mayo.

María Luisa Guzmán Suárez apoderó de los procedimientos legales al juez de la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito, Teófilo Andújar Sánchez.

En la acción de amparo, solicita ordenar la devolución de los objetos secuestrados durante el allanamiento. Asimismo, condenar a la Procuraduría General de la República al pago de un astreinte de RD$40,000 por cada día que transcurra sin que se ejecute la decisión a intervenir.

Mientras que en el hábeas corpus, pide ordenar la cesación de cualquier amenaza o persecución, presente y por venir, que no haya cumplido con las formalidades del Código Procesal Penal.

Específicamente, se refiere a la ejecución de arrestos irregulares del Ministerio Público, en la persona de, director de la Procuraduría Antilavado de Activos, Germán Miranda Villalona, y la Fiscal Yeni Berenice Reynoso.

Guzmán Suárez explica que en septiembre del 2013 fue contratada la firma de abogados Derej Consulting, S.R.L, por Carlos Nataniel Wanzeler, en su calidad de vicepresidente ejecutivo de TelexFree, Inc., con la finalidad de constituir una empresa de conformidad con las leyes dominicanas.

Expuso que ahí surge la razón social TelexFree Dominicana, S.R.L, "desde entonces esta firma ha seguido ofreciendo servicios jurídicos propios de la actividad comercial cuyo objeto habla por sí solo".

Acciones

Guzmán Suárez expuso que el Ministerio Público condujo un allanamiento en la oficina de abogados, ubicada en la avenida Rómulo Betancourt, del sector Bella Vista. En la solicitud de allanamiento, la fiscal Yeni Berenice Reynoso considera que es imputada por presunta violación de las disposiciones de la Ley de Valores 19-00 y la Ley 72-02 sobre lavado de activos. Mientras que la abogada sostiene que tiene años funcionando de manera ininterrumpida, por lo que cuestiona las acciones incoadas por el Ministerio Público.

Federico Méndez