Los acreedores de deuda tienen pocas opciones ante dificultades de Venezuela

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La petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) es el sustento del país, por lo que el impago debe significar el comienzo del fin para los acreedores. Las exportaciones de PDVSA son la única razón por la cual el gobierno ha podido cumplir con el pago de la deuda externa. Después de cuatro años de recesión y escasez de todo lo que necesitan sus ciudadanos, a Venezuela finalmente se le ha acabado el camino.

Bueno, casi. La semana pasada, las compañías de calificación crediticia consideraron al gobierno en impago, luego de un retraso en el pago de los bonos. Ante esto, el mercado apenas se movió; pero bueno, ¿a quién le importa lo que piensen las agencias de calificación? Más importante fue la decisión de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados de que se ha producido un “evento crediticio” que desencadenará permutas de incumplimiento crediticio (similares a los seguros) sobre los bonos de Venezuela y PDVSA.

Sin embargo, el evento crediticio en sí no es un punto final. El valor de los contratos de derivados que poseen los inversionistas es pequeño en comparación con los bonos, alrededor de US$250 millones en crédito de PDVSA y US$1.3 mil millones en crédito de Venezuela. Esto se compara con los US$60 mil millones de los bonos pendientes de Venezuela y PDVSA, de un total estimado de más de US$90 mil millones en deuda externa. Los inversionistas pueden organizarse para declarar un impago total de los bonos cuyos pagos se retrasaron, en el que exigirían (infructuosamente) un reembolso acelerado.

En el curso normal de este tipo de proceso, cuando un país no puede cumplir con sus pagos, los acreedores negocian una reestructuración, y aceptan una reducción en valor o un retraso de los reembolsos.

Pero se trata de Venezuela. Los acreedores que acudieron a una reunión en Caracas la semana pasada para discutir la situación salieron con bolsitas de golosinas de chocolate, pero sin ningún plan claro.

Realizar un acuerdo con el presidente Nicolás Maduro probablemente aliviaría la presión política sobre él y perpetuaría la disfunción. Si el acuerdo no se acepta políticamente, puede que no sea respetado por ningún sucesor. Además, los bancos estadounidenses no pueden participar en ninguna reestructuración o compra de nueva deuda debido a las sanciones.

Surge otro problema si los tenedores de bonos declaran el impago de los bonos en cuestión, ya que las cláusulas de impago cruzado probablemente desencadenarían el incumplimiento en toda la estructura de capital. Como cuenta con pocas reservas, el país no podría realizar pagos. Los acreedores podrían intentar decomisar activos, pero los activos externos de PDVSA valen apenas una fracción de los aproximadamente US$120 mil millones en juego. Venezuela aún está intentando pagar. De hecho, PDVSA ha pagado, aunque tarde. En este punto, lo mejor que pueden hacer los acreedores es no hacer nada y esperar.

Financial Times