Al gusto empresarial

Cumpliendo con la promesa de no procurar el establecimiento de nuevos impuestos, el plan económico presentado la semana pasada por el gobierno ecuatoriano no incluye gravámenes adicionales. Parecido a lo que se plantea hacer en la República Dominicana, la propuesta contempla aumentar las recaudaciones vía controles contra el fraude fiscal y la racionalización de las exenciones. Contiene, sí, un aumento de los impuestos de importación hasta el límite superior permitido por la Organización Mundial del Comercio, propulsado por el Ministerio de Agricultura para proteger a los productores nacionales. Se incluye también una revisión de los contratos petroleros.

Pero enfrentado con su predecesor, el gobierno buscó el respaldo del sector privado complaciendo su reclamo de que disminuya los gastos públicos. Entre los recortes están rebajas de presupuestos, eliminación de ministerios y otras dependencias oficiales, menores viáticos, cancelación de la mitad del número de asesores, sustitución de espacios arrendados por espacios propios, y supresión de siete empresas públicas.

Otra importante concesión al empresariado es la eliminación del anticipo al impuesto sobre la renta a partir del 2019, figura que presume ganancias que bien pueden no existir y que es también un punto controversial en nuestro país. Pero el plan no se detiene ahí, sino que ofrece simplificar los trámites en las entidades públicas, proteger a los accionistas de las empresas de responsabilidad por las actuaciones de los administradores, bajar los costos de las transacciones con acciones a fin de fortalecer el mercado de valores, devolver impuestos a los exportadores que demuestren haber hecho un aporte neto de divisas, y otorgar incentivos tributarios a las nuevas inversiones durante el 2018 y el 2019. Ah, y no podía faltar, también se incluye un mecanismo de remisión o amnistía tributaria.

Parece ser un plan acorde con el paladar empresarial.

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Gustavo Volmar