Aspirante a estado

Otrora un poderoso imán para los dominicanos, el lustre de la economía de la vecina isla de Puerto Rico se ha ido desvaneciendo, y es ahora su propia población la que emigra hacia los Estados Unidos. Sin dinero para pagar sus compromisos de deuda, mantener sus escuelas, pagarles a sus pensionados o proveer un adecuado servicio de salud pública, ha dejado de ser sujeto de crédito y tenido que declarase en bancarrota. Para un 23% de la población, según el referéndum celebrado este mes, la solución radica en llegar a ser un estado dentro de los EE.UU. Ya lo es, parcialmente, pero sin acceso a los mecanismos que pueden aplicarse a otros estados en situaciones similares.

Su condición actual, como estado libre asociado, le fue muy ventajosa durante muchos años. No estaba sujeta al pago de varios impuestos federales, lo que bien valía el sacrificio de no poder votar en las elecciones presidenciales. Las empresas estadounidenses disfrutaban de un régimen tributario especial si se instalaban allá. Gozaba de protección militar y algunos fondos para carreteras y programas sociales. Y cuando su estatus era calificado como colonial, se preguntaba que cuál era realmente la colonia, si la isla o los EE.UU.

En 2012 hubo otro referéndum sobre el mismo asunto, con una participación del 77.5% del electorado. En esa ocasión, el 33% de los votantes apoyó la opción de ser un estado de la Unión, cerca de 300,000 votos más que en el último referéndum, el cual fue boicoteado por los partidos de oposición. Dado que el Congreso de los EE.UU., que es el único organismo que puede aprobar nuevos estados, no le hizo caso a la votación del 2012, es improbable que lo haga ahora, cuando el resultado ha sido menos contundente y más cuestionado.

El costo del referéndum también ha sido motivo de polémica. Se estima en unos US$8 millones, los que se dice pudieron ser mejor utilizados para otros fines.

Gustavo Volmar