Conclusión indefinida

El resultado estaba definido de antemano. Desde el momento en que el gobierno español declaró ilegal el referéndum, exhortó a los posibles votantes a no participar en él, y amenazó con sancionar a quienes lo promovieran, era evidente que los que acudirían a votar en Cataluña serían mayoritariamente los partidarios de la independencia. De ese modo, el gobierno se privó a sí mismo de la oportunidad de que la independencia fuera rechazada en las urnas, como las encuestas preveían que iba a suceder, lo cual quizás hubiera puesto fin a los intentos separatistas.

Pero le quedaba otra oportunidad. Como el número de personas con derecho al voto era conocido, se podía haber medido el apoyo a la independencia a través del porcentaje de ellos que acudiría a votar, interpretando que los no votantes eran opuestos a la separación. En esa medición el voto negativo implícito hubiera tenido la ventaja de que se contaría a su favor a quienes no votaran por ser indiferentes, indecisos o por cualquier otra razón. El gobierno, sin embargo, también se despojó de esa otra oportunidad, al intervenir por la fuerza para impedir la celebración del referéndum, lo que da pie a los independentistas para señalar que el número de votantes hubiera sido mayor de no haber existido dicha represión.

Aun así, se dice que alrededor de 2.26 millones de personas, de un total registrado de 5.34 millones, depositaron su voto, con algo más del 90% a favor de la independencia, cifras que pueden ser correctas o no.

El referéndum había sido tachado como ilegal por los tribunales españoles, y el gobierno puede alegar que no tenía otra opción que impedirlo. Pero lo cierto es que las mismas encuestas que mostraban el predominio del rechazo a la independencia, también revelaban que la mayoría de los votantes favorecía celebrar un referéndum para zanjar el asunto. La legalidad a ultranza se interpuso e impidió complacer los deseos de esa mayoría.

Gustavo Volmar