Factura por el riesgo

Un buen número de supuestas firmas financieras pululan alrededor de países subdesarrollados como el nuestro, ofreciendo inversiones para proyectos. Muchos son simples entes fraudulentos, tan evidentes que sólo con la complicidad de funcionarios gubernamentales consiguen ser tomados en cuenta.

Otros son intermediarios en pos de algún documento oficial que les acredite para negociar a nombre del país, a fin de ganarse una comisión por la búsqueda de los fondos. Es común que pidan una garantía soberana, con lo que la alegada inversión, si es que los recursos existen realmente, revela su verdadera identidad como una operación de préstamo.

Las inversiones directas genuinas, en las que el dueño del dinero asume el riesgo de ganancia o pérdida, sin avales, garantías o compromisos de rendimiento mínimo, son más escasas y suelen orientarse a producir bienes básicos para la exportación. Pocas se dedican a producir para el consumo interno, salvo adquisiciones de empresas con una sólida presencia en el mercado.

Uno de los atractivos que ofrecen los inversionistas chinos a países del tercer mundo es su disposición a correr con los riesgos de los proyectos. Mientras inversionistas de otros países elaboran estudios y evalúan todas las posibles contingencias, los chinos dan un paso adelante y formulan propuestas concretas. Pero ese arrojo y valentía lleva aparejada una factura que el país receptor debe consentir pagar.

Los pormenores de la factura varían de uno a otro caso. Son frecuentes las exenciones tributarias de mediano y largo plazo, la concesión de tierras, la aprobación de leyes especiales, la autonomía de la gestión, y la exención de regulaciones laborales o ambientales.

Las inversiones en Indonesia, ascendentes a US$2,670 millones en el 2016, ilustran este punto, pues entre las condiciones figuró el uso de obreros llevados desde China, lo que ha creado fricciones con los sindicatos locales.

Gustavo Volmar