Influencia escasa

Según algunos grupos de accionistas del fenecido banco Popular de España, el sexto más grande de ese país, el deceso se debió a una flagrante discriminación a favor de intereses rivales. Hacen referencia no a la labor llevada a cabo por los administradores y directivos, a los que por separado también acusan de un pobre desempeño, sino al trato que al banco dispensaron las autoridades supervisoras. Pudiendo salvarlo, dicen, prefirieron intervenirlo y regalárselo a otra institución financiera.

El asunto para los accionistas no es académico, pues ellos, junto con los que compraron bonos subordinados o convertibles en acciones, han perdido toda su inversión. Cerca de 300.000 inversionistas fueron afectados, y queda por ver qué ocurrirá finalmente con los más de once mil empleados del banco, repartidos en 1,762 oficinas.

La queja radica en que los índices de solvencia del banco estuvieron de forma consistente dentro de los requisitos establecidos, siendo la falta de liquidez la que motivó la intervención. Entienden que en esas circunstancias el banco merecía el apoyo del gobierno español para mantenerse a flote, y superar la etapa de desconfianza marcada por retiros de depósitos y caídas en el valor de mercado de las acciones. En lugar de hacer eso, el gobierno rehusó comprometer fondos públicos y dejó al banco en manos del nuevo mecanismo europeo de resolución de crisis bancarias, que estrenó sus procedimientos con el Popular, y lo vendió por un solo euro al banco Santander.

Ese comportamiento difiere del seguido por las autoridades italianas en otro caso reciente. Decidieron darle apoyo al banco en dificultades y utilizaron su influencia sobre los organismos europeos para evitar que se le aplicase el mecanismo de resolución, diferencia que los accionistas atribuyen en parte a la reducida presencia de funcionarios españoles en dichos organismos, mucho menor que la que los italianos tienen.

Gustavo Volmar