Mínimo controversial

La fijación de un salario mínimo es una forma de regulación cuyo propósito es limitar y modificar el resultado de la libre actuación del mercado laboral. Su objetivo es impedir que surjan precios, en este caso salarios, por debajo de un nivel considerado como el mínimo socialmente aceptable en las ocupaciones y sectores a los que se aplica.

Para que sea efectivo, el salario mínimo debe estar por encima del nivel que el mercado laboral libre establecería.

Dicho de otro modo, debe haber trabajadores a los que se les aplique. Pero para que sea eficaz no debe reducir la demanda de trabajo, pues si lo hiciera serían los desempleados por esa causa quienes sufrirían a fin de que los que tienen empleos se beneficien. Ese dilema hace que su fijación sea una búsqueda de equilibrio sujeta a aproximaciones, vinculada a criterios de productividad y al modo como ésta se distribuye.

Como factor de la producción, el trabajo tiene la condición especial de tener asociado un costo de vida. Defensores del salario mínimo sostienen que para que una empresa sea viable no basta que pueda ser rentable con los precios de mercado de sus productos, sino que pueda serlo pagando a sus trabajadores lo suficiente para cubrir ese costo de vida.

Si no puede, eso significa que no es viable, y sería ilógico eximirla del salario mínimo por esa razón ya que dependería de que sus trabajadores la subsidiasen. Añaden además que si no hubiera un mínimo, la brecha no cubierta del costo de vida recaería sobre los programas estatales de solidaridad social.

Pero el concepto mismo de costo de vida es subjetivo, y existen otros medios de remuneración aparte del salario.

Más importante que un mínimo, dicen sus antagonistas, es la creación de puestos de trabajo, ya que sólo vía el crecimiento de la demanda de trabajadores se podrá absorber el incremento en su oferta, particularmente acelerado en países de población joven como el nuestro.

Gustavo Volmar