Cerrar filas contra la impunidad

El juez especial de la Instrucción concedió al Procurador General de la República cuatro meses adicionales a los ocho ya otorgados —cumplidos el pasado 7 de febrero— para completar la investigación y presentar Acta de Acusación en el caso Odebrecht.

El expediente que presentó el procurador ante el juez especial de la Instrucción, a propósito de la solicitud de medidas de coerción, reveló debilidades y ausencias que motivaron que el 23 de agosto de 2017 le apoderáramos formalmente de una denuncia penal y solicitud de ampliación de la investigación. Advertimos que de mantenerse el sesgo revelado por el expediente, sin dudas estábamos ante un montaje dirigido a garantizar impunidad a funcionarios, unos dentro y otros fuera del expediente, que tenían seriamente comprometida su responsabilidad penal en este caso.

La ciudadanía tiene ahora, ante este nuevo plazo, una magnífica oportunidad para cerrar filas en el justo reclamo de “cero impunidad” en el expediente de Odebrecht. Para avanzar en esa demanda hay que redoblar los esfuerzos y las manifestaciones y movilizaciones ciudadanas exigiendo sanciones para los culpables y recuperación de todo lo robado por esta empresa delincuente y sus socios locales.

Cero impunidad en el expediente de Odebrecht significa, entre otros aspectos, incluir en la investigación: 1) la sobrevaluación descarada de cada una de las obras construidas por Odebrecht, tomando en cuenta que los incrementos presupuestales en 10 de ellas, —sin incluir a Punta Catalina— se estima en US$1,229 millones; 2) la inversión ilícita a favor de candidatos y partidos; 3) incluir en el expediente las 5 obras construidas por Odebrecht en el periodo 2012-2014, que son las que corresponden al primer gobierno de Danilo Medina; 3) incluir en la investigación las empresas asociadas con Odebrecht en las obras objeto de soborno y sobrevaluación, como también los departamentos, ingenieros y técnicos de los ministerios que evaluaron, tasaron y recibieron las obras y dieron visto bueno a Odebrecht en representación del Estado Dominicano; 4) incluir en la investigación a Joao Santana y Mónica Moura, piezas claves en la relación de Danilo Medina y la empresa Odebrecht y, de modo particular, las actividades en el país del departamento de operaciones estructuradas, responsable del pago de sobornos y financiación ilícita de candidatos y partidos; 5) además, la investigación no debe asumir como verdad que los sobornos a funcionarios y legisladores solo ascendieron a US$92 millones, cuando hay sobradas evidencias de que la cantidad fue mayor.

Ahora bien, la ausencia más trascendente del expediente es haber dejado fuera de la investigación a un grupo de funcionarios y legisladores quienes por comisión o por omisión fueron determinantes en la articulación de la trama mafiosa montada por Odebrecht en el país.

Empecemos por varios funcionarios, ignorados en la investigación, pero que desde los ministerios que dirigían tuvieron participación directa en la concertación de los contratos de préstamos y addendas para la construcción de las obras de Odebrecht. Nos referimos a Vicente Bengoa (en 14 contratos), Daniel Toribio (en 5), Simón Lizardo (en 3).

Asimismo, el PGR no incluyó en la investigación a legisladores que fueron claves y responsables de la aprobación de más del 90% de los contratos de construcción y de financiamiento a favor de Odebrecht, así como de las addendas. Nos referimos a Reynaldo Pared (en 26 contratos), Cristina Lizardo (en cuatro) y Abel Martínez (en 18).

Igual, el PGR deja fuera de la investigación a Gonzalo Castillo, titular del ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones desde el 2012, responsable de la concertación y adjudicación de 4 obras construidas por Odebrecht en el gobierno de Danilo Medina, y a Rubén Bichara, Vicepresidente de la CDEEE, responsable de la licitación y adjudicación de las plantas termoeléctricas de Punta Catalina a Odebrecht.

El PGR ignora en la investigación a los expresidentes Hipólito Mejía (2000-2004), en cuyo gobierno se introduce Odebrecht al país y se construyen dos de las obras objeto de soborno; a Leonel Fernández (2004-2012), en cuyos gobiernos la empresa construye 10 obras, entre las que se encuentran las más sobrevaluadas de toda la región; y a Danilo Medina, responsable de cinco de las obras objeto de soborno y sobrevaluación, incluida Punta Catalina, además del papel jugado por esta empresa en el financiamiento ilícito de su campaña electoral de 2012 y para la reelección de 2016.

Odebrecht, junto a los gobernantes, funcionarios y legisladores cómplices, con sus hechos criminales han ofendido a la nación dominicana, sus leyes e instituciones. Por eso hay una actitud de alerta contenida, preñada de indignación, respecto de lo que hará finalmente el PGR al vencimiento del nuevo plazo concedido.

Luego de más de un año de movilizaciones permanentes, a todo lo largo y ancho del país, lo que si está claro es que la ciudadanía no aceptará como respuesta más impunidad.

Esta vez, la marcha emprendida por la ciudadanía no tiene retorno. No se detendrá hasta llevar a los corruptos a la cárcel y hasta recuperar lo que nos han robado.

Guillermo Moreno