La Junta Central Electoral

El proceso electoral de 2020 bien podría convertirse en la tormenta perfecta. Fuertes vientos se están moviendo hacia un mismo punto: imposibilidad para aprobar las leyes de reforma electoral y de partidos políticos por la lucha de facciones en el partido oficial; en marcha un segundo proyecto reeleccionista de Danilo Medina; elecciones municipales en febrero de 2020, apenas separadas por tres meses, de las congresuales y presidenciales; introducción del voto preferencial en las elecciones municipales y un ambiente de absoluta desconfianza de la ciudadanía en las elecciones, a lo que se añade el lodazal de Odebrecht y la indignación y movilización ciudadanas.

En importantes sectores políticos, sociales y ciudadanos existe la determinación de no aceptar, bajo ninguna circunstancias la celebración de las próximas elecciones, en las condiciones traumáticas y fraudulentas de las pasadas, en que Danilo Medina impuso su reelección con el control del órgano electoral y uso abusivo de los recursos del Estado.

En estas circunstancias, la JCE tiene que entender que no hay espacio para actitudes pusilánimes. Esta ciudadanía se cansó de fraudes electorales y de trastrueque de la voluntad popular.

En el proceso electoral de 2020 hay demasiado en juego para la institucionalidad democrática del país: O hay elecciones limpias, libres y justas o no hay elecciones. Esta vez, para bien o para mal, no hay punto medio.

La Constitución le da a la JCE una misión y exige de los miembros de su pleno un resultado preciso del proceso electoral. Por tanto, lo que resulte de las próximas elecciones, por omisión o comisión será finalmente su responsabilidad.

La Carta Magna vigente dispone en su artículo 212, que “[la] JCE velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad, equidad en el desarrollo de la campaña electoral y de trasparencia en la utilización del financiamiento.”

El ya citado artículo 212 dispone que “la JCE es un órgano autónomo, con personalidad jurídica, independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera”. Le otorga además “facultad reglamentaria en los asuntos de su competencia”. El párrafo IV le da potestad para “reglamentar los tiempos y los límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación.”

Nunca antes, en nuestra historia republicana, ningún órgano electoral tuvo tanto poder constitucional como el que le otorga la Constitución a la JCE.

Si algo está claro, en la experiencia de las naciones es que las leyes, por si mismas son letra muerta si no hay hombres y mujeres con la voluntad, convicciones y determinación para hacerlas cumplir.

En las actuales circunstancias, los miembros de la JCE están llamados no solo a arbitrar, sino a liderar y a darle garantía a la ciudadanía en el proceso electoral venidero o declarar su incompetencia.

La ausencia de las leyes electorales y de partidos, no es pues excusa, pues el pleno de la JCE tiene la autoridad constitucional para garantizar juntas municipales y colegios electorales no controlados por el partido oficial o por otro partido; para extirpar el uso de los recursos de Estado a favor de los candidatos del oficialismo; para supervisar los procesos eleccionarios internos de los partidos; reglamentar los tiempos de campaña, el origen y los topes de la financiación; el acceso equitativo a los medios de comunicación y establecer un régimen de consecuencias administrativas por su violación, entre muchas otras. Si no lo hiciera, teniendo como tiene el aval constitucional, sería falta de responsabilidad, voluntad y carácter.

La reunión celebrada por el Presidente de la JCE y demás miembros del pleno con los presidentes de los partidos reconocidos, el pasado 25 de enero, apunta en el camino correcto. Allí hubo consenso en exigir del Congreso aprobar la reforma a la ley electoral y de partidos; en dejar a los estatutos de los partidos el método democrático de elegir sus candidatos; en que se posponga el voto preferencial a nivel municipal; en organizar los colegios electorales con estudiantes universitarios; en impulsar un sistemático y amplio proceso de educación y formación electoral y, lo más importante, que la JCE asuma su facultad reglamentaria sobre todos los aspectos que requiera de una regulación y esté dentro de su competencia.

Queremos interpretar que la convocatoria de esta primera reunión refleja una decisión del Presidente de la JCE y demás miembros del pleno de pasar a liderar el proceso, enfrentando los obstáculos en base a las atribuciones que les otorga la Constitución. Insisto: ese camino hay que profundizarlo y continuarlo y, junto a la concientización ciudadana, es la vía de conjurar la tormenta político-electoral que se avecina.

Hoy como nunca necesitamos de hombres y mujeres dispuestos a asumir, sin medias tintas, las responsabilidades propias del cargo que desempeñan, a levantar la dignidad de las instituciones, a hacer del respeto de la legalidad una conducta, a retirarse de las funciones públicas con decoro y el respeto de la ciudadanía.

¡Oh Dios, acaso estoy pidiendo demasiado!

Guillermo Moreno