Centro de detención de inmigrantes, una encrucijada
Si bien Trump habla de construir un muro en la frontera, su gobierno está priorizando las detenciones lejos de la frontera y busca sitios donde alojar a los arrestados.
AP
GOSHEN. Ya había terminado el sermón y la gente había rezado. Mike Yoder decidió que había llegado la hora de dar una noticia inquietante.
Mientras los feligreses de la iglesia menonita de Silverwood conversaban un domingo, Yoder, comisionado de condado desde hace 13 años y granjero desde hace mucho más, se reunió con el pastor Jeremy Shue en un extremo de la sala y le dijo que había buenas posibilidades de que pronto se construyese un centro de detención de inmigrantes en un terreno donde hoy se cultiva soja al norte de la ciudad.
“Una de las pocas cosas positivas será que no habrá que manejar tanto para ir a protestar”, dijo Shue.
No hacía falta que nadie le recordase a Yoder el potencial de un conflicto. Este dirigente republicano bien sabe que casi dos tercios de los votantes del condado de Elkhart apoyaron la candidatura de Donald Trump para presidente tras una campaña en la que el magnate despotricó contra la inmigración ilegal. Pero también está consciente de que las opiniones políticas del condado están bastante divididas y de que los principales empleadores de la zona contrataron a miles de inmigrantes mexicanos, muchos de los cuales podrían no tener permisos de residencia.
Es un delicado equilibrio el que impera en este rincón del norte de Indiana, fundado sobre la base de visiones contrastantes en torno a los negocios y la fe, la comunidad y la ley. Y la propuesta de construir un centro de detención creó una situación delicada para quienes toman las decisiones.
“Fue como un microcosmos de todos los distintos aspectos de la inmigración”, manifestó Yoder. “Todo aquí, en este condado”.
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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas --la policía inmigratoria, conocida por sus siglas en inglés, ICE-- trata desde hace tiempo de consolidar los inmigrantes alojados en distintos centros de detención del centro del país. Desde el 2011 contratistas vienen proponiendo construir centros de detención en siete comunidades cerca de Chicago, desde suburbios distantes como Crete, Illinois, hasta el centro metalúrgico de Gary, Indiana.
“Esto es como un juego de whack-a-mole”, comentó Fred Tsao, de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y los Refugiados de Illinois, que ha tratado de frenar esas iniciativas.
Municipalidades de Texas y California cancelaron en tiempos recientes acuerdos para alojar a presos del ICE en momentos en que otras comunidades buscan los empleos y el dinero que generan esos centros.
Pero la demanda de esas instalaciones va en aumento. Si bien Trump habla de construir un muro en la frontera, su gobierno está priorizando las detenciones lejos de la frontera y busca sitios donde alojar a los arrestados.
El ICE no es propietario de la mayoría de los centros de detención. Contrata empresas privadas, con fines de lucro, que alojan a dos tercios de los inmigrantes detenidos por estar en el país sin permiso. Muchos van a parar a cárceles locales con las que se firman contratos para que los reciban. La agencia invierte 134 dólares diarios por cada detenido, según cifras del gobierno.
El año pasado el ICE solicitó construir nuevos centros de detención cerca de Chicago, Detroit, Salt Lake City, Saint Paul (Minnesota) y en el sur de Texas para ampliar su capacidad de 40.000 migrantes a 51.000.
Una propuesta de CoreCivic Inc., una de las empresas que administran centros de detención privados más grandes del país, tiene al condado de Elkhart en esa lista.
El condado se encuentra a dos horas al este de Chicago y es el corazón de una floreciente industria de vehículos recreativos remolcables, con un desempleo de apenas el 2%. Una gran población amish surte de obreros a las fábricas, pero hay 9.000 vacantes. “Tenemos muchos puestos que no quiere nadie”, dijo Yoder, cuyo padre dirigió alguna vez la fabricante de vehículos recreativos Jayco Inc.
Los inmigrantes han ocupado buena parte de esas plazas, pero los nativos se muestran divididos en torno a temas que incluyen la inmigración. Más de 7.000 colmaron el gimnasio de una escuela de Elkhart en mayo para alentar a Trump. Goshen, donde abundan los carteles que dicen “no importa de dónde eres, nos complace que seas nuestro vecino”, ofrece un contrapeso, con una universidad menonita y una gran colonia hispana.
La propuesta de construir un centro de detención podría exacerbar esa situación. Yoder se movilizó pronto, tratando de buscar un diálogo y prevenir un conflicto.
“Los comisionados tienen que resolver un asunto complejo, por eso intervine pronto”, dijo Yoder. “Las cosas no salieron como pensaba. Tal vez fui muy inocente”. (Los comisionados son funcionarios municipales que comparten las funciones de un alcalde)
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Richard Aguirre lleva meses trabajando en un programa de tarjetas de identificación para los inmigrantes que se radican en Goshen, muchos de los cuales no pueden sacar licencias de conducir porque están en el país sin permiso. Para Aguirre, director del Goshen College, ese programa fue una victoria.
Sabía que en el campus había decenas de estudiantes traídos a Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños. Nieto de inmigrantes mexicanos, Aguirre recuerda los problemas que tuvieron sus parientes cuando era niño para salir adelante sin permisos de trabajo.
“Me pareció injusto el que, dependiendo de qué lado de la frontera naciste, tengas una buena vida o una vida bastante miserable”.
Cuando Yoder escuchó por primera vez de la propuesta del centro de detención, supo que probablemente la iniciativa le caería mal a gente como Aguirre. Pero era difícil rechazar una propuesta como esa, según Yoder. Generaría trabajos e impuestos. Y sería bien vista por muchos republicanos.
De modo que pidió al pastor que arreglase una reunión con el clero menonita, muchos de cuyos sacerdotes predican un mensaje de inclusión y que se les abra los brazos a los extranjeros. Si se iba a construir un centro de detención, pensó Yoder, tal vez convenía hacerlo en un sitio donde el clero pudiera servir a los arrestados.
Tuvo también en cuenta la creciente población hispana y a los sectores más liberales de Goshen. Un 16% de la población del condado de Elkhart es hispana. Fue atraída por una industria que produce cuatro de cada cinco vehículos recreativos remolcables en Estados Unidos. En Goshen, casi una tercera parte de sus residentes son hispanos y más de la mitad de los alumnos matriculados en sus escuelas son de esa comunidad. En el centro de la ciudad, las vinerías y los anticuarios conviven con taquerías.
El mismo día que habló con los pastores, Yoder se reunió con el alcalde de Goshen Jeremy Stutsman, con Aguirre y con otros.
“Quisiera que ayudasen a mantener la calma”, les dijo el comisionado.
“Mi reacción fue, ‘¡jamás!’”, expresó Aguirre.
Esa noche, Aguirre creó una página en Facebook para la Coalición Contra el Centro de Detención de Inmigración del Condado de Elkhart. Activistas ya habían organizado un acto para celebrar la entrega de tarjetas de identificación, pero Aguirre lo convirtió en una protesta.
Mientras manejaba hacia los tribunales el sábado previo al Día de Acción de Gracias, Aguirre pensó que una lluvia helada haría que solo unas 60 personas se presentasen. Al llegar subió una escalera y le entregó el micrófono a Felipe Merino, abogado de inmigración y presidente de la junta escolar de Goshen.
“Quiero que levanten las manos si piensan que no queremos un centro de detención de inmigrantes en el condado de Elkhart, Indiana”, dijo Merino.
Más de 200 manos se elevaron y gritaron “¡no!”.
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Al escuchar a Yoder hablar del centro de detención, el pastor Neil Amstutz, de la Iglesia Menonita de Waterford, pronto se dio cuenta de que la suya era una propuesta que no podía apoyar.
Años atrás había servido como misionero en Bolivia y había trabajado en San Antonio, Texas, ayudando a refugiados de El Salvador y Guatemala, y aprendiendo español. Después de hablar con otros miembros del clero menonita, llamó a un pastor mexicano, inmigrante, José Luis Gutiérrez, cuya iglesia pentecostal se encuentra junto a unos manzanares a unos tres kilómetros (dos millas) de la suya.
La iglesia de Gutiérrez, Comunidad Cristiana Adulam, lleva el nombre de la cueva bíblica donde el rey David buscó refugio.
“Alguna gente de mi comunidad siente que la iglesia les ofrece protección, se sienten refugiados”, expresó Gutiérrez. “Es un sitio seguro para la adoración por el idioma, y no importa si tienes documentos o no”.
Junto con otro pastor, Gutiérrez y Amstutz invitaron al clero de todo el condado a una reunión y el grupo planeó un servicio en toda la comunidad para oponerse al centro de detención.
El 17 de diciembre, en un santuario decorado con velas por el feriado, una congregación improvisada llenó la mayoría de los bancos de la Primera Iglesia Presbiteriana de Elkhart.
“¿Por qué estamos aquí?”, preguntó Amstutz. “Para demostrar que, sin importar si nuestro gobierno construye o no un muro más grande para evitar la llegada de inmigrantes, ¡la iglesia de Dios derriba los muros divisorios!”.
Muchos inmigrantes, no obstante, se sienten inseguros.
Cuando Lizeth Ochoa, de 19 años, oyó hablar por primera vez del centro de detención, pensó que estaría lleno de delincuentes.
“Pero después me di cuenta de que no, de que era para gente como yo”, manifestó Ochoa.
Cuando tenía nueve meses, la madre de Ochoa le pagó a un coyote para que la trajese desde México. Se reunieron con su padre, que ya tenía trabajo en Elkhart.
Ahora su permanencia en Estados Unidos es incierta. El programa del presidente Barack Obama que aplazó indefinidamente las deportaciones de jóvenes como ella le había dado cierta tranquilidad, pero Trump dejó sin efecto esa iniciativa. En su casa, ella y sus padres tratan de no hablar del centro de detención porque no quieren alterar a sus cuatro hermanos nacidos en Estados Unidos. Pero a menudo se preguntan qué harían si agentes del ICE asignados ahora a Elkhart golpean su puerta.
“Es desgastante, mis hermanos pueden terminar en casas de otros si mis padres y yo somos deportados”, dijo Ochoa, quien estudia en el Goshen College. Casi una cuarta parte de los estudiantes son hispanos, muchos llegados de niños y sin permiso de residencia.
La elección de Trump ya inquietaba a algunos en la congregación de Gutiérrez y los rumores de que se abriría un centro de detención aumentaron el malestar.
“Si el ICE puede hacer esto en este condado, la gente se va a ir”, aseguró Luis Fraire, un mecánico que vino a Elkhart desde México hace 11 años, se casó, formó una familia y abrió un negocio.
“Todos somos hermanos en Dios”, señaló, mientras otros feligreses dejaban la iglesia el domingo. “Le pedimos a Dios porque solo él puede frenar esto”.
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Para otros, un centro de detención es lo que necesita el condado.
“Mejor que construyan uno grande, porque se va a llenar de gente”, dijo George Holiday, un operador de montacargas jubilado, en las redes sociales.
En una entrevista, Holiday dijo que el condado había cambiado mucho en los últimos años, en que aparecieron más carteles en español y llegó mucha gente que no parece hablar inglés. Los inmigrantes son trabajadores, pero ignoran las leyes que requieren permisos para ingresar al país o para quedarse, se quejó.
Hace una década, Bob Schrameyer y otros residentes de Goshen hicieron campaña para que la policía local colaborase con el ICE y para que los empleadores de la zona corroborasen el status legal de los trabajadores. El problema, según Schrameyer, es que muchos inmigrantes no pagan lo que les corresponde de impuestos pero se benefician de muchos programas sociales.
Cuando planteó mayores controles sobre la inmigración ilegal, le dijeron que esa era una tarea del gobierno federal. Y cuando el gobierno de Trump trató de hacerlo, la gente también se quejó, expresó Schrameyer, un jubilado que fue fundador de la rama local de la agrupación Ciudadanos por el Cumplimiento de las Leyes de Inmigración (Citizens for Immigration Law Enforcement).
El centro de detención es algo “obvio”, que traerá nuevos impuestos, indicó.
“Los grandes opositores a la iniciativa son los que apoyaron la inmigración ilegal en la región y, desde ya, les preocupa que vengan las fuerzas del orden”, manifestó Schrameyer.
Una mañana reciente, Roland Weaver puso a un lado la pala que estaba usando para sellar los cimientos de su casa, en la misma County Road 7 donde se construiría el centro de detención. Esa instalación garantizaría que se cumplen las leyes y algo más, de acuerdo con Weaver.
“Tenemos una constitución basada en los principios de Dios y muchos de ellos, de los ilegales, no tienen eso de donde vienen, de modo que traen sus creencias”, agregó el hombre, un albañil en una planta automotriz.
“Mucha gente dice que Jesús defendía a los ilegales y que no había fronteras cuando él estuvo en este mundo. Pero esos eran otros tiempos”.
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En una reunión por las fiestas de fin de año, el alcalde Stutsman se encontró con el cardiólogo Mark Smucker. Se pusieron a hablar de la propuesta y se les unió Galen Miller, propietario de una productora de pollo y amigo de la niñez de Smucker.
“Lo que yo digo es que si vamos a resolver algún día el problema de la inmigración en este país, ya sea a través de una reforma o deportando a todo el mundo, llegará el momento en el que no vamos a necesitar un centro de detención de inmigrantes”, expresó Smucker. “Me da la impresión de que en la comunidad de fabricantes de vehículos no van a querer ver más trabajadores que se les van”.
Stutsman, un demócrata, propuso una carta expresando oposición al proyecto. Miller acordó contactar a ejecutivos de las empresas automotrices de Elkhart.
Cuando CoreCivic fue llamada por primera vez, Yoder dijo que le advirtió a la empresa que el principal obstáculo podría ser la reticencia de algunas firmas grandes con muchos empleados. Aunque hasta entonces hadie había dicho nada.
“Hay un dilema”, indicó Jim Siegmann, ex propietario de una impresora muy activo en círculos empresariales y cívicos. Muchos empresarios de Elkhart, dijo, son conservadores pero dependen de la mano de obra inmigrante, incluso de algunos que no tienen permiso de residencia.
“Saben que sus negocios no funcionan sin ellos”, señaló.
Cuando un pequeño grupo se reunió en la oficina de Stutsman, varios ejecutivos aprobaron su carta.
Sus inquietudes, no obstante, iban más allá de las ganancias. Los líderes cívicos, temerosos de las recesiones y de la fama de la región como un sitio de escaso relieve, han invertido en proyectos para hacer el condado más atractivo tanto para empresas como para trabajadores. ¿Qué impacto puede tener el centro de detención en este panorama?
Una mañana reciente, Pete McCown, presidente de la Community Foundation del condado de Elkhart, señaló desde la ventana de su oficina hacia un terreno industrial en la unión de dos ríos donde se están construyendo cientos de departamentos y una piscina para competencias.
Elkhart quiere empleos, señaló McCown. Pero el centro de detención generará plazas que podría resultar difícil llenar, al tiempo que daría al condado fama de ser un centro carcelario.
“No queremos ser identificados así”, manifestó.
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A principios de enero Yoder paró en una cafetería y se encontró con Aguirre.
Le contó que los ejecutivos de CoreCivic venían a reunirse con empresarios locales. Los activistas, cuyo portal ya tenía más de 2.000 miembros, organizaron una conferencia de prensa.
A la mañana siguiente, el 17 de enero, Aguirre y otros protestaron frente al Ivy Tech Community College mientras llegaban los visitantes trajeados.
Adentro, representantes de CoreCivic explicaron sus planes a ejecutivos de Thor Industries Inc. y Forest River Inc., los fabricantes de vehículos recreativos más grandes del país, así como a representantes de la fábrica de repuestos Lippert Components y de otros grandes empleadores.
“Yo tengo mis negocios aquí. He vivido aquí toda mi vida. Y no quiero que vengan ustedes”, expresó el CEO de Forest River Peter Liegle, según trascendió.
La principal preocupación de los empleadores es que un centro de detención “generaría temor en la comunidad hispana y haría que muchos se vayan”, dijo el portavoz de CoreCivic Steve Owen.
“Ese, para mí, fue un momento clave”, declaró Yoder.
Al día siguiente Stutsman difundió su carta.
“Todo el dinero de impuestos generado por el proyecto no bastaría para compensar el daño que una instalación de ese tipo le causaría a nuestro contado”, escribió, en una carta que tuvo el apoyo de 45 CEOs y líderes cívicos. “Súmense a nosotros y demuéstrenles a los recién llegados que nuestras comunidades los reciben complacidas”.
Yoder recomendó a los ejecutivos de CoreCivic que pensasen cuidadosamente los siguientes pasos.
El lunes siguiente se conoció su decisión.
“Luego de analizarlo detenidamente”, dijo la empresa en un comunicado, “Core Civic decidió retirar su solicitud”.
“¡Ganamos!”, afirmó Aguirre en Facebook. “¡Ganamos!”.
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El primer viernes de cada mes, los residentes de Goshen se reúnen por la noche frente al juzgado de Elkhart para participar en un festival callejero.
A principios de junio, una pareja amish vendía palomitas de maíz. Los niños escribían sus nombres en la acera con tiza. Una banda local, Los Ortega, tocaba música mexicana.
“Me encanta vivir aquí”, dijo Pepe Urzúa, un techador que vino de México hace ocho años, mientras hamacaba a su bebita. “Es un sitio donde puedes criar a tus hijos”.
Del otro lado del césped, Rob Emahiser, vendedor de neumáticos, observaba la muchedumbre.
“Soy un republicano que admira a Trump y me gusta todo lo que tiene esta comunidad”, expresó.
Elevó su vaso de cerveza en señal de brindis al hablar de las rebajas de impuestos de Trump. Luego elogió a sus compañeros de trabajo y sus vecinos hispanos porque trabajan duro y cuidan de sus familias, y explicó que a veces él y su presidente no van a estar de acuerdo.
“Querían construir un centro de detención en esta ciudad”, comentó mientras un guitarrista encabezaba una hilera de parejas hispanas que bailaban entre las sombras. “Eso no es lo nuestro”.
Por ADAM GELLER, Associated Press
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Geller está en ageller@ap.org y en https://twitter.com/AdGeller
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