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Policía de inmigración critica liberación de dominicano preso por narcotráfico

Ramón de los Santos llegó a Estados Unidos con visa legal de turista en 2011 y se quedó, dedicándose, según la policía, al tráfico de drogas en áreas de Rhode Island y Massachusetts

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Policía de inmigración critica liberación de dominicano preso por narcotráfico
Ramón de los Santos, cuya liberación de una cárcel en Rhode Island es criticada por la ICE que está en su búsqueda. (POLICÍA ESTATAL DE RHODE ISLAND)

NUEVA YORK. La Policía de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) criticó a las autoridades correccionales de Rhode Island por la liberación de un dominicano acusado de presuntamente dirigir una banda de tráfico de cocaína y fentanilo, y dijo que ahora es un fugitivo de esa agencia federal que está en su búsqueda para procesar su deportación a la República Dominicana.

Ramón de los Santos llegó a Estados Unidos con visa legal de turista en 2011 y se quedó, dedicándose, según la policía, al tráfico de drogas en áreas de Rhode Island y Massachusetts.

La libertad de De los Santos se produjo en base a una ley forzada por la demanda de la inmigrante guatemalteca Ada Morales, radicada en ese estado, cuya legislación establece que las autoridades locales no pueden entregarle a la ICE ningún exrecluso sin una orden de repatriación o causa probable.

Pero la ICE alega que había emitido una orden de arresto contra el dominicano para deportarlo.

El caso de De los Santos reabrió el debate sobre la jurisdicción de los federales y el cumplimiento de la ley de parte de las autoridades estatales y municipales en Rhode Island, y está generando un enfrentamiento público entre voceros de las agencias del Gobierno y el estado.

La ICE alega que le pidió al estado que le diera la oportunidad de arrestar a De los Santos, que se escabulló de su radar desde que fue liberado hace pocos días de una prisión estatal.

El periódico Providence Journal, que recoge el caso, publicó que De los Santos era el supuesto cabecilla de una banda que traficaba cocaína y fentanilo.

La oficina del fiscal federal en Rhode Island anunció el 30 de octubre el desmantelamiento de una organización de narcotráfico estructurada que las autoridades dicen suministró cocaína y fentanilo en todos los estados de Nueva Inglaterra.

La investigación de meses condujo a los arrestos de 27 personas, incluido a De los Santos, de 25 años, residente en el pueblo de Cumberland, quien está acusado de ser el líder.

La ICE dice que había puesto una orden de detención en su contra después de que la policía de Providence lo arrestó por un cargo de armas de fuego en 2014, pero fue liberado de la cárcel al finalizar su sentencia en mayo de 2016 y nunca se lo sometió a libertad condicional.

ICE recordó que presenta una orden de detención cuando solicita la custodia de un extranjero por presuntas violaciones de las leyes civiles de inmigración.

“Creímos que había violado la ley federal de inmigración”, dijo Shawn Neudauer, vocero de la ICE en Nueva Inglaterra. “No cumplieron”, agregó.

“La decisión de liberar a de los Santos (...) pone de relieve una política promulgada por el entonces gobernador Lincoln Chafee que requiere que el Departamento de Correcciones del estado solo honre una detención cuando va acompañada de una orden judicial de deportación o remoción de los Estados Unidos”, cita el periódico.

Y esa sigue siendo la política de la actual administración de la gobernadora Gina Raimondo, dijo el vocero David Ortiz.

Demanda ganada por guatemalteca

Esta política obecece a una demanda interpuesta por la American Civil Liberties Union (Unión Americana de Libertades Civiles /ACLU) en nombre de la residente de Providence Ada Morales, nativa de Guatemala que se hizo ciudadana de los Estados Unidos.

En 1995, ella demandó al estado después de que estuvo detenida durante varios días con una orden de detención de inmigración, a pesar de que es ciudadana estadounidense.

El juez federal John J. McConnell Junior dictaminó que los funcionarios de inmigración habían detenido ilegalmente a Morales como una “extranjera deportable” en violación a sus derechos constitucionales.

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